Las irregularidades, atrasos, conflictos contractuales y la paralización de los trabajos de la Ciudad de la Salud, una obra pactada originalmente en la administración de Ricardo Martinelli, le sigue pasando factura al país. En términos de costos, la Caja de Seguro Social (CSS) terminará asumiendo -por ahora- un 128.7% por encima del monto adjudicado para desarrollar la obra hospitalaria.
La administración de Enrique Lau decidió gestionar y buscar la aprobación de lo que sería la novena adenda del contrato vigente entre el consorcio que construye la Ciudad de la Salud y la Caja de Seguro Social (CSS).
El pasado jueves 31 de agosto la Comisión de Administración y Asuntos Laborales, que preside Miguel Ángel Edwards, aprobó que la adenda fuera llevada al pleno de la junta directiva de la entidad para someterla a votación. Y ese mismo día, horas más tarde, con nueve votos a favor y uno en contra, Lau logró el visto bueno que le confiere luz verde para que la CSS destine $228.7 millones adicionales al proyecto de la Ciudad de la Salud.
Explicó que recurren a una adenda para incorporar proyectos que no estaban en el proyecto original, como es el caso de la construcción y equipamiento de un centro oncológico, la compra de equipos médicos de diagnóstico y tratamiento, y el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Ciudad de la Salud.
Además, de lo que han llamado “proceso de transferencia de conocimiento de servicios de soporte como alimentación, lavandería y manejo de aguas servidas y desechos peligrosos”.
Lau, quien rara vez es visto en las reuniones de la junta directiva, fue personalmente a sustentar el proyecto.
Esta sería la cuarta de nueve adendas de la Ciudad de la Salud que aumenta el costo de la obra.
El contrato originalmente estuvo a cargo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y fue adjudicado en 2012 por $554.3 millones.
Después de años de retrasos, cambios en el diseño y alcance de la obra, además de la reclamación de más dinero por parte del contratista, FCC terminó por salir de la obra y retiró un proceso arbitral contra Panamá por diferencias sobre el contrato. Fue en 2021 que el Gabinete autorizó a la CSS a suscribir acuerdo para reactivar la construcción de Ciudad de la Salud.
Mapfre Panamá S.A., en calidad de afianzadora del contrato que originó el proyecto de Ciudad de la Salud propuso que el consorcio panameño conformado por tres empresas locales: Constructora Rigaservices, S.A., Aprocosa (Administración de Proyectos de Construcción, S.A.) y CMG (Construction Management Group, S.A.), continuara la ejecución del contrato con todos los derechos y obligaciones que de este se deriven.
En ese momento, de acuerdo con el programa financiero de la obra, de los $554.2 millones pactados a en el contrato con FCC, se habían pagado $338.7 millones; y había un presupuesto disponible de $215.5 millones, pero se necesitan fondos adicionales por $445.5 millones, para dar un total de $999.8 millones.
Pero los fondos adicionales que se necesitan se elevaron a $486.6 millones, cuando se incluía el costo de financiamiento, lo que implicó que la obra, en vez de terminar costando $999.8 millones, tendría un costo total de $1,040.8 millones.
A esta cifra habría que sumarle los $228.7 millones adicionales de la adenda recientemente aprobada, para tener un precio final estimado en $1,268.7 millones.
En la presentación que Lau hizo a la junta directiva de la entidad reveló como encargada del proyecto a Constructora Rigaservices, pero a falta de una discusión más detallada, no quedó claro si estará a cargo de forma unilateral de estos últimos trabajos o los hará bajo la figura del consorcio.
La estructura del gasto y financiamiento
Este diario pudo tener acceso al detalle de la propuesta que presentó Lau en la junta directiva, en la que se asegura que el centro oncológico de la Ciudad de Salud costaría $46 millones. Para el suministro de equipos médicos se han contemplado $17.44 millones, otros $13.8 millones en adecuaciones de obras civiles y sistemas electromecánicos y unos $5.5 millones para tecnología de la información.
Al mayor contratista de la Ciudad de la Salud se le intenta asegurar millonarios desembolsos después de ejecutado el proyecto. En la adenda se han contabilizado $58 millones para mantenimiento preventivo y otros $55 millones para el mantenimiento correctivo.
Lau justificó semejante monto, indicando que la adenda incluye también el mantenimiento de más de 33 hectáreas de terreno donde se encuentran ubicados los 280 mil metros cuadrados de construcción cerrada en los 13 hospitales, centros e institutos con que cuenta la Ciudad de la Salud.
Todos estos renglones reflejan una cifra total de $196.6 millones, a los que hay que incluir otros $32 millones de costos de financiación.
La CSS decidió que el modelo de financiación que utilizará será a través de una línea de crédito rotativa hasta por $200 millones, teniendo como entidades estructuradoras al Banco Nacional de Panamá y a la Caja de Ahorros.
En esta operación Lau propuso que a través de un fideicomiso constituido por la Caja de Ahorros, se haga la compra - a descuento- de las cuentas de pago parciales emitidas por la CSS a favor del contratista.
Este es un mecanismo con el que el Estado emite documentos de aceptación de avances de obras públicas, con el visto bueno de la Contraloría General de la República y con certificación de la entidad contratante. Mientras que la empresa contratada puede ir al banco y cobrar sus facturas, que luego son descontadas a su vencimiento y se le presenta a la entidad contratante.
El cronograma está pautado para que dure 37 meses, lo que es igual a 3 años. Se emitirán facturas desde el año 2023 a 2026, con vencimientos que van desde 2026 a 2028.
Votaron a favor de la adenda: Fernando Méndez del Consejo Nacional de la Empresa Privada; Guillermo Puga y Miguel Ángel Edwards del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados; Manuel Pérez, representante de los jubilados; Roberto Valencia, de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Trabajadores Públicos; Irma Delgado de los técnicos de la salud. También aprobaron el gasato Gregorio Guerrel de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente; Roberto Lugo del Ministerio de Economía y Justo Medina del Ministerio de Salud. El único voto en contra fue el de Camilo Valdés.
Composición de votos en la directiva
La Prensa pudo conocer que en este tema poco o casi nada se profundizó en la discusión para la aprobación de la adenda en la junta directiva. Básicamente Lau centró su discurso en las necesidades de los pacientes, priorizando que se busca ofrecer una atención de “cuarto nivel” a los pacientes oncológicos asegurados, atendiendo a que el 80% de los usuarios que acuden al Instituto Oncológico para consultas externas, hospitalización o corta estancia son pacientes asegurados.
De acuerdo con el mismo plan de pago, lo que más presupuesto requiere es el renglón de mantenimiento que no estaba incluido en el contrato, pero que podría haberse discutido con más detalle y tiempo, entiendo que es una necesidad básica de una obra que ya tiene 12 años de ejecución.
Dicho plan de mantenimiento abarca 280 mil metros cuadrados de construcción cerrada en los 13 hospitales, centros e institutos con que cuenta la Ciudad de la Salud.
