El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) realizará parte de las pruebas que solicitó la empresa Odebrecht al informe que presentaron los peritos designados por Tocumen S.A., sobre las causas que dilataron la construcción de la nueva terminal y que a la postre, terminó con la resolución administrativa del contrato.
La decisión del TACP se da en respuesta al recurso de nulidad que presentó la empresa brasileña contra el informe del perito José Ramón Icaza.
De acuerdo con Odebrecht, el perito no cumplió con los pasos para entregar su informe al Tribunal, por lo cual la compañía pide que el documento no sea tomado en cuenta por el magistrado Luis Mariscal, y que tampoco forme parte de las pruebas del proceso.
Aunque el magistrado Mariscal señaló en su decisión que practicará 3 de las 4 pruebas solicitadas por el reclamante, no significa que no valorará el contenido del informe del perito designado por el aeropuerto.
“No podemos dejar de mencionar, que aun cuando se le dé trámite de incidente y se practiquen las pruebas solicitadas, el fondo y la forma del documento per se será valorado por el Magistrado Ponente. Sin embargo, tenemos que aclarar algunas manifestaciones relevantes que guardan relación con las formas de recepción y emisión del documento controvertido, por eso se evacuarán las pruebas necesarias”, indicó Mariscal
Odebrecht pidió al TACP que se revise con el Sistema Nacional de Migración si el perito estaba en el país el 14 de junio, fecha que debía entregar su informe al Tribunal.
También solicitó que se revisaran las cámaras de vigilancia del TACP para verificar si Icaza se presentó personalmente a entregar el documento, o si un tercero realizó el trámite.
Así mismo, demandó que se comprobara con el Registro Público de Panamá, si el perito cuenta con la certificación para utilizar una firma digital, ya que el reclamante, sostiene, que la firma que aparece en el informe entregado al TACP es digital.
La empresa brasileña también había pedido al Tribunal que se hiciera una auditoría al contenido del informe realizado por Icaza, pero la misma no fue admitida por el magistrado encargado del proceso que busca determinar si el aeropuerto tenía la potestad de resolver el contrato firmado en 2012, o si el retraso de 8 años que registró el proyecto, no fue responsabilidad del contratista.
En su informe, Icaza determinó que los retrasos en el proyecto comenzaron desde la tercera adenda, es decir, en 2018, cuando la compañía comenzó a enfrentar problemas de liquidez.
“Desde esa fecha los retrasos fueron constantes, haciendo necesario firmar nuevas adendas, debido a los pocos avances”, destaca el perito.
La falta de liquidez, comenta Icaza, llevó a Odebrecht a enfrentar demanda de parte de sus proveedores y subcontratistas, además de provocar la pérdida de personal técnico necesario para continuar con la ejecución del proyecto.
Aunque Odebrecht asegura que la pandemia del coronavirus (covid-19), le impidió culminar con los trabajos pendientes, Icaza advierte que al momento de declararse la coyuntura sanitaria, el proyecto registraba un avance físico superior al 99.8%, por lo cual, no se justifica que no se cumplieran con los plazos acordados en la octava adenda.
“La pandemia tuvo su efecto mundial en la industria de la construcción, sin embargo, no se puede atribuir como la causa principal de los atrasos en la construcción de la nueva terminal de pasajeros, toda vez que la obra debía haber terminado antes de haberse declarado, por lo cual, los materiales pendientes debían haber estado en sitio, y no en proceso o en pendientes de solicitarse a los proveedores, como pudo ser documentado”, explicó el perito designado por el aeropuerto.
Los representantes legales de Tocumen solicitaron al TACP que desechara el recurso de nulidad presentado por Odebrecht, aduciendo que las afirmaciones de la empresa solo pretenden retrasar la decisión que debe tomar el tribunal sobre el recurso de apelación presentado por la compañía brasileña, que pretende revertir la anulación del contrato, así como la prohibición de 3 años que determinó el aeropuerto para que el contratista pueda firmar nuevos contratos con el Estado.
Tras revisar la documentación relacionada con el proyecto, Icaza concluyó que ninguno de los retrasos que afectaron la construcción de la nueva terminal se le puede atribuir a Tocumen o a los subcontratistas de Odebrecht, y que la resolución administrativa del contrato que realizó Tocumen fue la vía que se encontró para habilitar en su totalidad el proyecto, tal como ocurrió en junio de 2022, aunque todavía quedan trabajos pendientes por realizar.
Tocumen indica que la firma que aparece en el informe de Icaza es electrónica, y no digital, como asegura Odebrecht, y señala que el uso de firmas electrónicas está regulado y permitido en la legislación panameña.
“En resumidas cuentas, contrario a lo que expone el apoderado judicial de Odebrecht, no es requisito fundamental que un informe pericial sea firmado con puño y letra para que se tenga por presentado. Hoy día, las leyes panameñas reconocen la estampa de firma electrónica como medio de identificación y/o adhesión de un documento a una persona”, sostiene los abogados de firma Morgan & Morgan, contratada por Tocumen.
El próximo 3 y 4 de julio el magistrado Mariscal tomará testimonio a las personas involucradas en la recepción del informe presentado por el perito de Tocumen. También interrogará a Icaza, y al testigo de Odebrecht, quien asegura que el informe no se presentó el 14 de julio.
El magistrado también ordenó que el 7 de julio se revisen las cámaras de vigilancia del Tribunal para determinar quién entregó el informe pericial.
Perito de AAC entrega informe
En medio de la controversia en torno a la validez del informe preparado por el perito designado por Tocumen S.A., el pasado lunes 26 de junio se conoció el resultado de la auditoría que realizó Luis Herrera, inspector de aeródromos, escogido por la Autoridad Aeronáutica Civil para participar en el proceso a solicitud del TACP.
En su análisis, Herrera concluyó que a pesar de que las 20 puertas de abordaje y las 8 estaciones remotas de la nueva terminal de pasajeros están operativas, a la fecha no se cuenta con el sistema de guía visual para las aeronaves.
El perito indicó que Odebrecht no ha entregado la documentación de cierre y los planos relacionados con el sistema de señalización de la plataforma de la terminal.
Los peritos nombrados por Odebrecht señalaron en su informe que parte del edificio de 116 mil metros cuadrados donde opera la segunda terminal de pasajeros de Tocumen estaba lista para operar desde el 14 de noviembre de 2017, y señalan que la estructura comenzó a usarse el 2 de diciembre de 2018 con la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Panamá. El avión del mandatario chino se estacionó en la plataforma de la nueva terminal.
Herrera también determinó en su análisis que las pruebas de fotometría de la iluminación de la plataforma con proyectores no cumplió con los niveles establecidos por la AAC.
