El Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Estado panameño tienen cuatro años en el centro de una demanda de parte del comerciante Abdul Waked, quien exige el pago de mil 269 millones de dólares por presuntos daños y perjuicios.
El tiempo transcurrido en la disputa jurídica ha dado paso a apelaciones y recusaciones, sin que se desvanezca el peligro latente sobre la entidad y la economía panameña.
El monto de la demanda representa 10 veces la utilidad obtenida por el banco en 2021 y sobrepasa los mil 49 millones de dólares que se computan como fondos totales de capital en la entidad estatal.
Esto implica que el BNP no cuenta con fondos propios para pagar semejante cantidad de dinero si la Corte Suprema fallara a favor de Waked.
¿Qué origina esta demanda y por qué razón el caso vuelve a la escena pública?
El 23 de agosto de 2018, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de Waked.
La institución bancaria actuó como fiduciaria en dos fideicomisos a los que Waked traspasó –de forma voluntaria– dos de sus negocios: la cadena de tiendas Félix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall.
Este movimiento se gesta luego de ser incluido, en el año 2016, en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro estadounidense, sobre actividades ligadas al blanqueo de capitales y el narcotráfico.
La iniciativa de acudir a la figura del fideicomiso fue de los bancos acreedores, que temían quedar empantanados en un proceso en el que no podrían recuperar el dinero que habían prestado a Waked y sus negocios.
En tanto, el papel del BNP como fiduciario era el de un custodio de los bienes, en este caso, una especie de facilitador para que los bancos privados pudieran recuperar las deudas que mantenía Waked y sus empresas, y que se le hacía imposible pagar, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en la llamada Lista Clinton.
El BNP, en ningún momento, se convirtió en beneficiario de aquellos acuerdos que finalmente alcanzó Waked con sus acreedores.
De hecho, cuando Waked firmó voluntariamente el fideicomiso con el que se desprendió de Soho Mall, cedió la administración del centro comercial a los bancos privados con los que había contraído deudas.
Sin embargo, en su demanda, Waked cuestiona la forma y los mecanismos que utilizó el Estado, a través del BNP, para supuestamente despojarlo de sus bienes, todo a través de contratos de fideicomiso.
Alegó que no se le dio oportunidad de oponerse a estos, razón por la cual es que exige la indemnización antes descrita.
En su demanda contra el BNP, alega que el contrato de fideicomiso contiene términos “abusivos” a sus intereses, ya que con posterioridad tuvo que pactar convenios de pago con varios bancos acreedores, cuando el propósito de entregar los activos de Westline Enterprises, Inc. al fideicomiso Soho era saldar las deudas de todos sus acreedores.
Ante la opinión pública, este caso ha estado en una especie de hibernación, pues poco o nada se ha sabido de su recorrido, a pesar de que en el pasado fue tremendamente mediático.
La demanda fue admitida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el 23 de agosto de 2018, teniendo en ese momento como magistrado sustanciador a Abel Zamorano. El procurador de la Administración, Rigoberto González, presentó una apelación para descartar su admisión, pero fue resuelta en contra del banco, conforme está en un fallo en el que el magistrado Cecilio Cedalise ejerció como ponente.
Posteriormente, el Estado presentó una nueva apelación, la cual sí fue admitida por la Sala Tercera, el pasado 7 de septiembre.
La apelación fue presentada por el procurador de la Administración y el abogado Nelson Rojas, en representación del Ministerio de la Presidencia.
Esta decisión favorable para el Estado fue adoptada por el magistrado Carlos Vásquez Reyes (quien reemplazó a Zamorano) y ahora corresponderá a los otros dos magistrados de la Sala (Cecilio Cedalise y María Cristina Cheng Stanziola) emitir su opinión respecto a la apelación de González y Rojas.
Con Cedalise sería poco probable que ocurra algo favorable a los intereses del BNP.
El procurador González intentó apartarlo del caso, al presentar un incidente de recusación basado en que Cedalise ha emitido “juicio de valor críticos, de clara y suficiente contundencia”, en relación al caso. Pero la recusación fue rechazada, el 22 de junio de 2022.
Rolando de León, exgerente del BNP y quien estuvo al frente de la entidad cuando se constituyó el fideicomiso, ha dicho en reiteradas ocasiones que un fallo a favor de Waked representaría una quiebra técnica de la entidad estatal, que no tendría forma de pagar un reclamo de tal envergadura. Incluso, se desconoce cómo el demandante llegó a la cifra de mil 269 millones de dólares en supuestos daños y perjuicios.
Una curiosidad del caso es que Waked procedió legalmente contra el BNP, a pesar de que el fideicomiso se pactó con los bancos privados, que eran sus acreedores.
Y no es la primera vez que enfila sus reclamos contra el banco. La primera demanda por el fideicomiso de Felix B. Maduro fue por $165 millones, con la diferencia de que, en julio de 2017, la Sala Tercera no la admitió.
