El presidente colombiano Gustavo Petro está en el ojo de la tormenta porque su hijo, además de ser detenido y estar siendo investigado bajo cargos de lavado de dinero, dijo que parte del dinero en cuestión que recibió entró a la campaña de su padre.
Antes de eso, el presidente había enviado a inicios de la semana un mensaje de no injerencia a la Fiscalía: “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley” posteó el presidente colombiano en su cuenta de Twitter.
Días después, este viernes específicamente, Nicolás Petro dijo en la audiencia ante la Fiscalía que dinero no reportado entró a la campaña de su padre y que se violaron los topes de las donaciones, y se comprometió a dar pruebas a la Fiscalía, ya que los indicios no quedaron del todo claros en medio de la audiencia, según el análisis de Cambio Colombia.
Acto seguido el Presidente encargó su defensa a uno de los jueces de la Sala de Casación de la Corte Suprema, Mauricio Pava Lugo, y reiteró que “sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial”.
Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/7MHTWp2MNZ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2023
De acuerdo al análisis de medio colombiano Cambio, si se prueba el ingreso ilegal del dinero en la campaña, tendría después que mostrarse que el Presidente Petro tenía conocimiento de ello; de lo contrario, el presidente pudo haber sido engañado por su propio hijo y su exnuera, quienes le habrían tendido una trampa, algo que también tendría que probarse en el proceso.
Otra arista a probar sería el origen del dinero, que según una de las hipótesis, provendría del supuesto enriquecimiento injustificado del hijo de Petro, por lo que también se le investiga y quien podría haber usado la campaña para introducir esos fondos al sistema financiero.
En fin, más allá del affaire familiar de Petro en desarrollo, éste vuelve a poner en el tapete un debate de nunca acabar: el arma de doble filo que representan las donaciones privadas a campañas políticas. Y donaciones que, en los contextos de poca transparencia que tenemos en Panamá, por ejemplo, pueden ser de hecho donaciones secretas, incluso.
La última reforma electoral que se aprobó en Panamá dejó abierta la puerta de las donaciones privadas, aun cuando sectores políticos que estuvieron en la contienda de 2019, entre ellos los candidatos a la presidencia Ana Matilde Gómez, Saúl Méndez y Ricardo Lombana, quienes plantearon la necesidad de modificar la ley para cerrar esa llave de influencia externa y apelar a un financiamiento electoral 100% público.
Ese llamado no pasó el tamiz de la Comisión de Reformas Electorales ni el de los diputados en la Asamblea, por lo que seguiremos viendo donaciones privadas –y todas sus capas societarias– en las próximas elecciones.
El riesgo de ingreso de dinero ilegal en las campañas está más que latente. En Panamá basta con recordar al ex presidente perredista Ernesto Pérez Balladares, cuando presionado por las informaciones, se vio obligado a reconocer en 1996, que dinero procedente de la droga había entrado en su campaña, tal como consignó El País.
Años después, en medio de la campaña de 2009, las declaraciones del colombiano David Murcia Guzmán sobre su donación a varios candidatos y partidos, volvió a estremecer a la sociedad panameña, que veía estupefacta la facilidad de penetración en las campañas que tienen entes distintos al votante. Murcia dijo en una entrevista que no había “donado”, sino que había “invertido” en la campaña de 2009 para luego encargarse de la política social del gobierno panameño. El colombiano fue capturado en Panamá, extraditado a Estados Unidos, juzgado y condenado a 22 años de cárcel.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos casos quedaron en poco más que leyendas urbanas. En Panamá, las autoridades no investigaron ni penal ni electoralmente si en efecto, dineros de fuentes ilegales han entrado –o siguen entrando– a campañas políticas en Panamá.
Lo que sí está más que claro es que las campañas electorales en Panamá se han convertido en un lujo. El ¿desliz? del magistrado del TE, Heriberto Araúz, en una sesión de la Comisión de Presupuesto el año pasado cae como anillo al dedo para algunos –y como un balde de agua fría a otros– cuando dijo: “el que no tiene dinero mejor que no entre a la política, porque los que están en la política saben que esto cuesta dinero y que hay que invertir”.
Araúz hablaba del costo del app que tuvieron que pagar por cada teléfono que usaron los precandidatos a la libre postulación, pero en el fondo, su aseveración encapsula muy bien el proceso electoral panameño. A manera de ejemplo están varios precandidatos que se retiraron del proceso denunciando cooptación del sistema y clientelismo.
De acuerdo a datos del Cieps, las elecciones de Panamá son las más caras de Centroamérica y está entre las más caras de Latinoamérica en cuanto al monto de financiamiento privado per cápita, recordando que no todo aporte se hace a los partidos en dinero, sino que también reciben pagos en especies.
El costo por voto tomando en cuenta solamente el financiamiento privado que reportaron los partidos y candidatos independientes, fue de $15.60 dólares para las elecciones de 2009. Este costo por voto se duplicó en 2014 cuando se disparó a $31 dólares, y para 2019 bajó a $6.80.
El sociólogo Harry Brown, director del Cieps, lo reseña atinadamente en un artículo en la revista Derecho Electoral:
“Los estudios sobre la democracia panameña indican que, posiblemente, su mayor problema sea la falta de rendición de cuentas de los representantes políticos, lo cual está muy vinculado al esquema de financiamiento que hemos tenido. Así, nuestros políticos rinden cuentas principalmente a quienes financian sus campañas y no a quienes les han votado”.
