Declarado inconstitucional el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, el país ya debate una serie de escenarios para el día después. Las interrogantes van desde cuál es el efecto de la paralización de la actividad extractiva para la economía y cómo sería el plan de cierre de la enorme mina de cielo abierto ubicada en el distrito de Donoso.
Economistas como Felipe Chapman y financistas como Dulcidio De La Guardia han recordado que la economía perdería entre el 4.5% y el 4.8% del producto interno bruto (PIB) y entre 6,000 y 7,000 empleos directos.
“Al perder el 4.8% del PIB, es muy probable que Panamá enfrente una recesión en 2024″, dijo De La Guardia, en un estudio en el que analizó preliminarmente el potencial impacto en la economía de Panamá del cierre de Cobre Panamá y el cese de las operaciones de minería a cielo abierto.
En ese informe indicó que el cierre del proyecto Cobre Panamá tendrá un impacto en la reputación de Panamá, como un país amigable a las inversiones, por lo que se podría esperar una disminución en los niveles de inversión local y extranjera.
Sin embargo, desde el inicio de la discusión y sustentación del contrato, quienes se oponían al acuerdo entre Minera Panamá y el Estado han alertado que la condición de la mina es atípica y no representa el ambiente de inversión que prima en el país.
La Corte Suprema declaró inconstitucional en 2017 el contrato ley que en 1997 avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primero a la extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron en Minera Panamá.
El Gobierno de Juan Carlos Varela defendía la extracción de cobre y aducía que el fallo de 2017 no afectaba a la mina porque declaraba inconstitucional la ley y no la concesión. Y fue entonces, el 1 de septiembre (en el gobierno de Laurentino Cortizo) que se inició oficialmente el proceso de negociación de un nuevo contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, desarrolladora del proyecto Cobre Panamá.
La minera había reconocido previamente que una declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406, que aprobó el nuevo contrato minero, ahora declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, significaría el cese de operaciones de la mina.
Esto en el análisis de De La Guardia implicaría varias caídas: pérdida de 7,300 empleos directos y $300 millones en salarios, además de la pérdida del 76.6% de las exportaciones de bienes que registra Panamá.
Pérdida de $899 millones en compras de insumos locales, el cierre de la planta de generación eléctrica de 300 megavatios, que representa el 9% de la capacidad instalada y la pérdida de al menos $375 millones anuales a partir del 2024 de aportes mineros, además de $120 millones en cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS) de los trabajadores que quedarían sin ocupación.
La falta de los ingresos mineros generará una presión adicional para que Panamá, ahogada en el gasto público, no sobrepase los límites de la ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Lo alertó la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P), que a inicios de noviembre conservó la calificación de riesgo para Panamá en BBB, pero revisó la perspectiva de estable a negativa.
S&P indicó que la perspectiva negativa refleja el riesgo de daño potencial a la confianza de los inversores y a las futuras inversiones privadas, a raíz del rechazo al contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.
En torno a la lectura que hacen los inversionistas y las calificadoras de riesgo, De La Guardia indicó que Panamá probablemente pierda el grado de inversión. Bajo este escenario, el costo de los intereses para el Estado y los particulares aumentará en forma importante.
Chapman reconoce los desafíos que se avecinan, pero en un reciente conversatorio con La Prensa también dijo que Panamá puede “vivir” sin la minería.
“Antes que abriera la mina, en 2019, no teníamos una mina de esa magnitud y el país ya estaba en unos niveles de crecimiento y tamaño de economía importantes. Por otro lado, si cerramos mañana la mina y desaparece 4.5% del producto interno bruto, se puede sustituir, por supuesto, pero no en el corto plazo”.
Mencionó que otras actividades pueden reemplazar el aporte de la minería, como el sector turismo, que actualmente representa solo 2.4% del PIB y que a pesar de generar enormes divisas para el país, no cuenta con una estrategia como lo ha hecho Costa Rica o República Dominicana.
Por el lado del cierre paulatino de la mina, De La Guardia anticipó que sería un reto muy complejo. “Tendrá un costo muy elevado cerrar la operación y custodiar los activos, entre los que se encuentran maquinaria pesada e industrial, una central termoeléctrica y un puerto”. Además, habrá invertir recursos de Panamá para mitigar los daños ambientales.
En este orden de ideas, un equipo multidisciplinar -liderado por el diplomático Marcel Salamín-, quien en 2021 renunció a la comisión conformada para renegociar el contrato con Minera Panamá, analizó qué podría hacerse ante la declaratoria de inconstitucional de la Ley 406.
En este sentido, indican que el Estado podría asumir la administración del proyecto minero, bajo la figura de una Sociedad Estatal de Desarrollo e Inversión (SEDI), con un consejo consultivo, junta directiva, y un fideicomiso minero, además de seleccionar a un operador interino.
Salamín recomienda que una vez seleccionado el gestor operativo interino, éste deberá proveer de manera integral los servicios que permitan cumplir con varios objetivos, sufragados por el propio proyecto.
• Operar de manera segura el proyecto sin aumentar la huella actual.
• Implementar las remediaciones ambientales necesarias y cualquier tipo de modificación tecnológica al proceso sugeridas por expertos
• Asistir en la comercialización del concentrado de cobre y otros metales.
• Asistir a la SEDI en la obtención de financiamiento para ser autosostenible y no requerir fondos estatales
El nuevo gestor también debería identificar riesgos potenciales de arbitraje y defensas del Estado, y brindar asesoría técnico financiera para que el proyecto genere un monto que sea un contingente para atender y enfrentar los resultados de un posible arbitraje.
“Como parte de la asesoría estratégica habría que determinar un plan para desarrollar actividades sostenibles basadas en el recurso hídrico y la reforestación haciendo partícipe a las comunidades; un plan para incorporar actividades de la cadena valor del cobre (industrialización); y un plan de nuevos usos de las infraestructuras en caso de cierre”, indica el documento.
En definitiva, plantea que el Estado asuma la administración del proyecto minero, seleccione a un operador interino, elabore propuestas y luego de 2024 un nuevo gobierno reciba plan con alternativas, se convoque a una Consulta ciudadana y se tome de decisión informada.
