La Gran Alianza Nacional por Panamá, que reúne a un total de 120 gremios de productores agropecuarios, agroindustrias y organizaciones afines del país, alertó que no reconocerá los acuerdos establecidos en el diálogo en Penonomé, provincia de Coclé, en el que participan agrupaciones populares y sindicales junto a representantes del Gobierno.
A una semana de haberse convocado la conversación nacional, se empiezan a notar signos de resquebrajamiento para su futura implementación.
“Si cuatro de los ocho puntos acordados entre el mediador y los manifestantes deben ser ejecutados por el sector empresarial, era necesario que éste participara”, indicó la Gran Alianza ayer jueves a este medio, a través de un correo electrónico.
Lo ideal, explicaron, era formar parte del proceso y presentar la información pertinente para tomar decisiones, que no resultaran en desabastecimiento y racionamiento. “No podemos ejecutar algo que desconocemos cómo se pretende implementar y que, cuando no se pueda ejecutar, enardecerá más el ambiente cuando estos impactos lleguen”.
Así reaccionaron frente a la decisión adoptada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, facilitador de la mesa única del diálogo que se desarrolla en Penonomé, quien declaró que los sectores que no están ahora mismo representados en la negociación serán incluidos en la “segunda fase”.
“Que nadie se sienta excluido”, expresó Ulloa.
La materia prima del diálogo
Los tres primeros temas que se incluyeron en la mesa de negociación fueron la rebaja y congelamiento de la canasta básica; rebaja y congelamiento del precio del combustible, y rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), sin privatizar.
Como cuarto punto en la lista se plantea que se destine el 6% del producto interno bruto (PIB) a la educación.
También se incluyó la rebaja de la energía (servicio eléctrico); que se fomente la discusión de la situación financiera de la CSS; que se aborde el combate a la corrupción, y, por último, que se instale una mesa intersectorial para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.
Pero la Gran Alianza advirtió que las decisiones que se están tomando no tienen sustento técnico y pueden terminar eliminando grupos productivos, lo que se traduce en miles de familias que dependen de la actividad directa y aquellas que forman parte de la cadena hasta que el producto llega a la mesa.
Los gremios reconocen que hay que buscar alternativas para combatir la inflación, pero en el caso del sector productivo, advierten que las actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales se podrían ir “a la ruina y a la destrucción”, si lo que sigue imperando en las negociaciones es “la imposición y el desconocimiento a los legítimos interlocutores, que son los productores”.
La preocupación viene particularmente con la regulación de precios de productos nacionales, pese a la promesa del presidente Laurentino Cortizo de no afectarlos.
Como prueba de los efectos negativos de regular precios, José Concepción Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), mencionó que el control de precios de cinco cortes de carne (babilla, carne molida de primera, bistec de cinta con hueso, jarrete y pecho) desde 2014 hasta la fecha le ha causado una pérdida estimada de 150 millones de dólares a los ganaderos.
Los productores alegan que el control de precios provoca que se les pague un precio más bajo por el ganado, mientras que deben hacer frente a los altos costos de producción, sin recibir un alivio equivalente del Estado.
En las negociaciones actuales, se agregó a la lista de productos regulados la leche de vaca y la babilla; este último corte de carne ya se había excluido del control de precios desde el 1 de julio de 2022 por el actual Gobierno, a través del Decreto Ejecutivo 11 del 21 de junio de 2022.
En el país hay 1.5 millones de cabezas de reses y anualmente se consumen 400 mil, pero en los últimos años, el sacrificio ha disminuido hasta cerca de 380 mil reses, según Anagan.
Los costos de producción se han disparado con el alza en algunos insumos para alimento y cuidado del ganado, como es el caso del alambre y grapas para los corrales. Ahora, “están obligando a los pequeños ganaderos a dejar la actividad”, indicó el dirigente.
El sector porcicultor, también afectado por las importaciones con la aplicación del tratado de promoción comercial con Estados Unidos y los altos costos de los insumos, observa un panorama difícil porque los márgenes de ganancia de los productores han sido vulnerados .
“Acuerdos como la regulación de precios serían la gota que derrame el vaso, porque ya nosotros veníamos perdiendo mercado”, manifestó Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (Apup).
En la mesa de diálogo se acordó una reducción de la canasta básica del 30%, para lo cual el Gobierno se comprometió a tomar una serie de medidas complementarias, como el establecimiento de precios tope, la reducción arancelaria con control de margen de comercialización y la adquisición de productos nacionales a precio de mercado y ofrecerlos con subsidios a través de un programa del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que se denominará “Productos Panamá”.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo Gill, catalogó el diálogo como " ilegítimo”, ante la no participación del sector privado.
Ayer, este gremio emitió una carta abierta en la que indicó que ven, con aguda perplejidad, que el diálogo avanza a la velocidad de un pensamiento único.
“Un sector lo convirtió en teatro de planteamientos políticos, que insulta y ultraja a quienes generan empleo y promueven el desarrollo”, se expresó en el documento.
La “segunda fase” es un peligroso espejismo, ya que desde ahora se han arribado a acuerdos que se van implementando ante la sorpresa de todos, precisó el gremio.
“Panamá necesita verdaderas soluciones y un auténtico acto de contrición de todos; principalmente, de las autoridades que deben realizar profundas rectificaciones en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y a la promoción efectiva del Estado austero”, indicó el Conep en el carta abierta firmada por Castillo.
