Llegó el fatídico momento del que tanto se habló y que tocó a Panamá más rápido y con mucha más fuerza de la que se esperaba.
Si la crisis del subsistema de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se pudiera comparar con un fenómeno de la naturaleza, estaríamos frente a un tsunami que promete arrasar con todo a su paso.
Los fondos que están en el fideicomiso del subsistema del IVM no serán suficientes para tapar los déficits que ha enfrentado el programa hasta el cierre del año 2022.
Es decir, que los fondos de los que se ha dependido en los últimos años para pagar las pensiones, ante la falta de ingresos corrientes, se han esfumado.
¿Por qué es importante el dato de lo que está ocurriendo con el fideicomiso?
Este fondo, que en realidad hace parte de las reservas del IVM, está conformado por los aportes que a lo largo del tiempo ha hecho el Estado, con el propósito de tener disponibilidad de dinero para tapar la falta de ingresos corrientes en el programa con el que se paga las pensiones a los jubilados.
Es una especie de cuenta bancaria de la que se puede sacar dinero cada vez que los gastos superaran los ingresos.
Pero para que este movimiento sea posible, la Caja de Seguro Social ( CSS) debe demostrar en sus estados financieros, los déficits en los que está cayendo el programa. Así, el Banco Nacional de Panamá (BNP) autoriza el traspaso de los fondos a favor del IVM.
Como esto de tener los estados financieros no ha ocurrido de forma oportuna, se han estado utilizando las reservas internas o los ahorros que generó el programa en el pasado, y es así como se tapa la falta de ingresos, mientras se ejecuta en firme el dinero que corresponde al traspaso del fideicomiso.
Esto no solo demuestra un gran problema financiero, sino también incapacidad administrativa.
Como los pagos a los jubilados han crecido con tanta fuerza y los ingresos del subsistema han caído en picada, ya no queda dinero disponible en el fideicomiso, ni siquiera para terminar de cubrir los faltantes hasta 2022.
En tanto, si todo sigue como hasta ahora, los ahorros en las reservas del subsistema de beneficio definido de IVM que maneja la CSS, se acabarán en el año 2024, luego de ser utilizados para tapar el déficit de 2022 y de 2023, de acuerdo con las proyecciones actuariales.
En el año 2024, el déficit anual, sin reservas, subirá a $1,101.7 millones y ya para el año 2025 escalará a $1,301 millones. En el 2026, subirá a $1,463 millones.
La Junta Técnica Actuarial, como órgano independiente a la administración de la CSS, presentó el pasado jueves 25 de agosto un informe con los cálculos y el comportamiento de los ingresos corrientes, los gastos y el uso del fideicomiso a favor de un subsistema que está en etapa de quiebra.
Las conclusión del estudio revelado ante la junta directiva de la CSS -hecho por los actuarios Andrés de la Guardia, Eduardo Rodríguez Q. y Luis Pimentel- determinó que, ante la falta de fondos en el fideicomiso a favor del subsistema de beneficio definido, el Estado tendrá que aportar $11,787 millones entre 2024 y 2030 para financiar los déficits anuales que se generan entre la diferencia de los ingresos, los aportes que hace el Estado y los egresos, que no son más que los desembolsos que se hacen a favor de los jubilados.
A De la Guardia ya se le venció su periodo en la junta técnica, pero participó en la reunión al ser parte del colegiado que elaboró el documento.
Tras la presentación del informe, no faltaron voces a lo interno de la directiva de la CSS que hicieran alusión a la unificación del subsistema de beneficio definido con el subsistema mixto, el cual no reporta egresos porque sus cotizantes no han entrado en edad de jubilación.
Insisten en dicha idea a sabiendas de que previamente los mismos actuarios han advertido del peligro que ello representa, al poner a todos los cotizantes en un sistema colapsado, con el propósito de pagarle a los actuales jubilados, sin que los integrantes del subsistema mixto tengan a qué recurrir cuando lleguen a la edad de retiro.
La administración de la CSS, por su lado, ha tratado de bajarle el perfil a la realidad presentada el pasado jueves.
En una nota de prensa publicada ayer viernes optaron por quedarse en las superficialidades y no hacer pública la gravedad de la situación, al no haber fondos para pagar pensiones en el futuro cercano, mientras que la deuda del país se aproxima a $42,940 millones, tras haber experimentado un incremento de cerca de $16,300 millones en los tres años de la administración de Laurentino Cortizo.
Lea el comunicado de la CSS aquí.
En el comunicado, la CSS solo dijo que en la sesión extraordinaria de la junta directiva se presentó el informe anual de la Junta Técnica Actuarial, en base a datos del año 2020, que contiene la opinión sobre la valuación del régimen del IVM de la institución.
Se menciona que el director general de la CSS, Enrique Lau, participó de la sesión y considera que los resultados del informe anual presentado por los actuarios -que ha utilizado de base los estados financieros de la CSS- , a su juicio, son “consistentes”, pero siguen sin tomar acción, ni la administración ni la junta directiva.
Los técnicos, por su lado, detallaron cómo es que se acaba el fideicomiso.
Recordaron que en el informe actuarial de 2018 y 2019, habían recomendado solicitar al fideicomiso en el BNP el reembolso de la diferencia negativa de los ingresos y gastos corrientes por $48 millones y $249 millones, respectivamente. Esto es para cubrir el déficit de dichos años.
En tanto, en el actual informe recomendaron un desembolso del fideicomiso por $517.5 millones para cubrir el déficit de 2020.
Conforme a la información disponible hasta la fecha, calculan que para el año 2021, el déficit operativo será de cerca de $770 millones.
En base a esta información, indican que en el transcurso del año, la CSS le estará solicitando al fideicomiso en el BNP más de $1,500 millones.
Esto significa que “el fondo fiduciario a favor del IVM quedará con muy pocos fondos y solamente podrá cubrir parcialmente el déficit de 2022″, citan los actuarios.
Jorge Nicolau, consultor empresarial, contactado ayer por este diario, advierte de la “gravísima situación” en la que se encuentra el país, considerando que desde el año 2024 hasta el 2029 le quedará al próximo gobierno un déficit por financiar de más de $9,000 millones.
En su informe a la nación del 2 de enero pasado, el presidente Cortizo dijo que se está a la espera de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) haga el estudio actuarial del IVM, “para la toma de decisiones”.
Se suponía que el estudio se entregaría en julio pasado, pero esto no ocurrió. La nueva fecha que se baraja es septiembre.
Aunque Rafael Mezquita, uno de los asesores de Cortizo, dijo en enero que “las reformas requeridas tendrá que hacerlas el nuevo gobierno”, pues el de Cortizo solo llegará hasta el informe actuarial.
Un dato relevante en esta ecuación es contar con los tres miembros de la Junta Técnica Actuarial, al menos para que en el país se sepa, desde una óptica técnica, que está ocurriendo con las finanzas del IVM.
En el pasado, la falta del nombramiento de uno de los actuarios impidió contar con los informes de manera oportuna. Y ahora, con la salida de De la Guardia, habría que calibrar la urgencia que se le dará a su reemplazo en un contexto altamente turbulento.
