Es atípico encontrarse con cierre de calles protagonizados por empresarios. Pero ayer, miércoles 18 de octubre, promotores de vivienda de la región de Azuero y Veraguas bloquearon la carretera Interamericana, a la altura de Divisa, para exigirle al Gobierno el pago adeudado en el programa de Fondo Solidario de Vivienda.
Los manifestantes reclamaban el pago de $100 millones de dólares, mientras que la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) indicó, desde la ciudad capital, que la cifra está en constante movimiento y que conocen de deudas en este programa que sobrepasan los $70 millones.
Los manifestantes colocaron sus vehículos en la vía, poco antes del puente sobre el río Santa María, el cual divide las provincias de Herrera y Coclé.
Lo que reclaman son pagos con atrasos de tres años. Resulta que el Fondo Solidario de Vivienda implica un aporte o subsidio del Estado por 10 mil dólares que se otorga a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) a cada persona que adquiere su primera vivienda, y cuyo precio de venta no exceda los $70 mil.
De acuerdo con lo que establece el programa, el Ministerio de Economía y Finanzas debe depositar anualmente en el Banco Nacional de Panamá los recursos asignados en el presupuesto general del Estado al Miviot para el Fondo Solidario de Vivienda.
Una vez se da este paso, corresponde al Banco Nacional expedir las cartas promesas de pago a las promotoras o a las instituciones financieras.
El promotor inmobiliario puede ceder a los bancos el producto de dicha carta promesa de pago por los $10 mil aprobados por el Miviot.
Pero el Estado, con su mora acostumbrada, no certifica el dinero a favor de las promotoras y se ha ido acumulando una deuda millonaria desde el año 2020, lo que empeoró a lo largo de la pandemia.
El subsidio de $10 mil se convierte en un incentivo para las familias con presupuestos limitados y también en un beneficio para las promotoras que participan en la construcción de viviendas por debajo del rango de los 70 mil dólares.
Carlos Allen, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), recordó en conversación con La Prensa que desde el pasado mes de marzo el presidente Laurentino Cortizo se comprometió a pagar más de $70 millones a los promotores de vivienda que están dentro del programa del bono solidario.
Conoce que de estos $70 millones ya se aprobó el pago de $20 millones, pero el trámite pasa por varias entidades, por lo que podrían interpretar que en ese proceso se ha atrasado el pago.
Ayer, Isaías Cárdenas, presidente de los Promotores de Azuero y vocero de Grupos Unidos de Promotores del interior del país, dijo que “atraviesan por una situación muy difícil, porque la deuda del Estado alcanza los 100 millones de dólares y, aunque supuestamente se aprobaron 20 millones de dólares, no han visto reflejados ese dinero”.
En medio de las protestas de ayer, los promotores de vivienda fueron atendidos por el director regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Herrera, Reynier Jiménez, quien vía telefónica se contactó con el viceministro de esa cartera, José Batista. El funcionario se comprometió a gestionarles una cita en la ciudad de Panamá.
Se calcula que unos 220 proyectos privados están afiliados al programa.
“Algunas promotoras ya se han salido del programa y están vendiendo las viviendas sin el bono solidario y se están encontrando también con la situación del poder adquisitivo del que compra, que no tiene la capacidad de realizar la transacción. Esto pone a los bancos nerviosos, mientras que el promotor se empieza a quedar sin flujo de caja a la mitad del proyecto”, dijo Allen.
La mayoría de las constructoras y promotoras que forman parte del programa, son pequeñas y medianas empresas que construyen viviendas en Bugaba, Chiriquí; Chitré, Herrera; Antón, Coclé; Cativa, Colón; Arraiján, Panamá Oeste; o Chepo en la provincia de Panamá.
En términos de compromisos financieros, otro de los problemas que enfrenta la industria de la construcción es la falta de pago a los contratistas del Estado. Además, de los bancos a los que el Ejecutivo no les reconoce a tiempo los créditos fiscales que se acumulan por la aplicación de la Ley de Interés Preferencial.
