Otra promesa. Eso se llevaron los representantes de gremios de jubilados y pensionados que se reunieron recientemente con directivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo a lo que comunicó la propia entidad.
Esta vez se trata de la promesa de “evaluar la posibilidad de incluir en el proyecto de presupuesto general del Estado” para el próximo año una “partida del bono permanente solicitado”, que ascendería a $15 millones.
Sin embargo, la partida prometida no es el cumplimiento de un bono “solicitado”, sino más bien de uno prometido por el propio gobierno de Laurentino Cortizo, que cuando buscaba aceptación para renovar la concesión con Minera Panamá, dijo que parte de los aportes anuales de la minera al Estado serían utilizados para incrementar el cheque de todos aquellos jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de $350 mensuales.
En la reunión con los jubilados, que se celebró el pasado miércoles, participaron el viceministro de Economía, Carlos González, otros funcionarios del MEF y miembros del Movimiento Nacional Unidos de Jubilados y Pensionados (Mundo) y del Movimiento de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo, según detalló el MEF en un comunicado.
Dicha partida sería una primera fase del bono.
“Al menos [salimos] con la gran posibilidad de tener el primer bono permanente y ojalá que se incluya cuando se anuncie el presupuesto para 2024 un bono extraordinario para este mismo diciembre”, dijo uno de los jubilados que participó en la reunión, según cita la nota de prensa del MEF.
En una reunión previa convocada por la Presidencia en agosto pasado, los jubilados no fueron atendidos por Cortizo. Esta trascendió en medio del ambiente crispado por la presentación a la Asamblea del extinto contrato entre el Estado y Minera Panamá, cuyos ingresos supuestamente garantizarían la promesa de la pensión mínima a los jubilados.
El MEF admitió que esa promesa “quedó frustrada con el reciente fallo de inconstitucionalidad [de la Ley 406 de 2023, que adoptó el contrato con Minera Panamá], al tener como sustento parte de los aportes de la mina de cobre”.
Sin embargo, el gobierno recibió un pago por más de $500 millones por parte de la empresa, los cuales permanecen depositados -por instrucciones de Cortizo- en el Banco Nacional de Panamá, sin que haya razón pública del futuro de dichos fondos hasta el momento.
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