El Ministerio de Obras Púbicas (MOP) envió a la Contraloría General de la República la adenda que modificará el costo y alcance del primer tramo del fallido corredor de las playas.
El proyecto fue reformulado en 2020 por el MOP, tras contabilizar unos $180 millones los costos de indemnización y reubicación de servicios públicos que no fueron incluidos en el contrato original, adjudicado en 2018 al consorcio Corredor de las Playas, integrado por las empresas FCC Construcción, S.A. y Cicsa.
Diseñada primero como una autopista de 32 kilómetros, el proyecto se redujo a un viaducto de 6 kilómetros, iniciándose en el sector de La Espiga, al final de la autopista de La Chorrera, para culminar en el sector de la Hacienda Los Calderones.
Luego de este cambio el contratista solicitó una cesión de contrato al MOP, solicitud que fue aprobada por la institución.
El proyecto que se encuentra paralizado desde 2021, ahora será ejecutado por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructura de Panamá.
La empresa española Puentes y Calzadas Infraestructura, S.L.U., sucursal de Panamá, que tiene como representante a Ismael Barral Noya, es conocida por varios proyectos en el MOP.
El contratista construyó la carretera de 102 kilómetros entre Mariato y la entrada al poblado de Atalaya, en la provincia de Veraguas, por $78.5 millones.
También se adjudicó, en 2019, la construcción del paso vehicular e intercambiador vial José Agustín Arango (Cabuya)-CPA-24 de Diciembre, por $78.3 millones, y participó en el consorcio que se encargó de la construcción de los caminos y calles del distrito de La Mesa (Veraguas), por $33.5 millones.
En el caso del primer tramo del corredor de las playas, en los documentos enviados por el MOP a la Contraloría se indica que el proyecto costaría 282 millones de dólares.
Se restaron 321 millones de dólares del monto original de la obra adjudicada en 603 millones de dólares.
El ministro del MOP, Rafael Sabonge, comentó que dentro de los 282 millones de dólares está contemplado el pago por los trabajos realizados por FCC, así como el costo del viaducto de 6 kilómetros.
La suma es significativa, tomando en cuenta que el proyecto no es ni la mitad de lo que sería originalmente.
Señaló que se realizarán ajustes en el diseño del viaducto para agilizar la construcción, cambios que influirán en el costo del proyecto final.
En el portal www.contratistavisible.com se detalla que la obra tiene un avance físico de apenas 4.5%.
Se proyecta que el viaducto estará terminado para finales de 2024. Sabonge comentó que esperan retomar los trabajos en septiembre próximo.
Además de recortar el alcance del tramo I, el MOP canceló la construcción del tramo II, que también sería ejecutado por FCC y Cicsa. Nuevamente, el pago de indemnizaciones no calculadas dentro del contrato hizo que el MOP decidiera no continuar con el proyecto valorado en $349 millones.
Originalmente, el corredor de las playas fue dividido en dos tramos. El primero se iniciaría en La Chorrera, hasta la comunidad de Santa Cruz; mientras que el segundo se extendería hasta San Carlos. El objetivo era reducir el congestionamiento vial que se registra en esa zona. Pero los trabajos que nunca se terminaron han resultado una tortura para los conductores que transitan a diario por esa vía.
Por el segundo tramo del proyecto FCC recibió un pago único de 14.6 millones de dólares.
El contratista había entregado el 90% del diseño de la obra, además de adelantar parte de los planos de afectación de algunas fincas privadas para la liberación de servidumbre.
Como alternativa al corredor de las playas, el MOP apuesta por una autopista por peaje desde Vacamonte hasta Sajalices.
Actualmente, se realizan los estudios de factibilidad de la obra, proyecto que se construiría bajo el esquema de Asociación Público Privada.
Para la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, este tipo de asociación resulta “atractiva” para promover la inversión local y extranjera en proyectos de interés público y con ello los empleos.
No obstante, el gremio señala que es importante mejorar los mecanismos de transparencia para mejorar la imagen del país y así atraer más capital extranjero.
