¿Qué pasará con las 131 mil toneladas de concentrado de cobre que están almacenadas en la mina de Donoso, provincia de Colón? Para esta pregunta todavía no hay una respuesta definitiva.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó recientemente que había contratado un laboratorio internacional para determinar la cantidad exacta y calidad del material, que, de acuerdo con la comisión intergubernamental que inspeccionó el estado de la concesión minera, podría liberar gases y material contaminante.
Esta semana el Procurador de la Administración, Rigoberto González, reiteró que el material debe ser vendido y que los fondos obtenidos de la transacción deben destinarse a financiar el plan definitivo de cierre de la mina que tenía en concesión la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum.
Sumado al peligro ambiental que representa el almacenamiento prolongado del material en las instalaciones de la mina, hay un nuevo elemento que podría jugar en contra del país.
Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), comentó que, de ocurrir un incidente ambiental producto del almacenamiento prolongado del concentrado, este hecho podría ser utilizado contra Panamá dentro de cualquiera de los arbitrajes que actualmente avanzan producto del cierre de la concesión minera de 13 mil hectáreas cuadradas, tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023.
La semana pasada, el abogado Harley Mitchell presentó en la Procuraduría de la Administración una denuncia contra el ministro del MICI, Jorge Rivera Staff, por supuestamente retrasar la remoción del concentrado de cobre y otros materiales rocosos de la mina.
Sobre la denuncia, el MICI comunicó que “de ninguna manera existe tal retraso o inacción en las acciones que se llevan adelante en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS)”. Agregó que, contrario a lo manifestado en la denuncia presentada, la comercialización de este material almacenado conlleva una serie de análisis y pericias que se han estado llevando a cabo de forma ordenada, dentro de los plazos y de acuerdo con los estándares internacionales que requieren este tipo de procesos, al igual que se han estado adelantando en paralelo diversas acciones para la realización de las auditorías respectivas.
Estimaciones de First Quantum indican que la venta del concentrado de cobre podría generar 200 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mayor, producto de los altos precios que continúa registrando el cobre, que esta semana terminó por encima de los 10 mil dólares la tonelada, a pesar de la caída del 8% registrada en los últimos días.
El banco australiano Macquarie proyectó esta semana que el precio del cobre seguirá superando los 9 mil dólares por los próximos meses, producto de la caída en la oferta.
Por el momento, no se sabe cuándo se conocerán los resultados del análisis que realizará el laboratorio contratado por el MICI, y todo apunta a que será el gobierno que asumirá el primero de julio quien decidirá el futuro del concentrado de cobre y del material rocoso que todavía no ha sido procesado.
Para obtener el concentrado de cobre, que es una pasta gris, se debe triturar la roca extraída del yacimiento.
Sobre los arbitrajes contra Panamá, el presidente de Camipa indicó que lo mejor sería que las empresas y el Estado alcancen un acuerdo en la fase previa que se establece en estos procesos antes de que sea necesario nombrar a los jueces que tendrían la responsabilidad de resolver la disputa.
Por el momento, First Quantum ha solicitado dos arbitrajes por el cierre de la mina ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en Miami y también ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La reclamación por daños provocados por el cierre de la mina que estaría solicitando la empresa superaría los 30 mil millones de dólares.
Gutiérrez comentó que también hay accionistas y proveedores de la minera canadiense que estarían interponiendo arbitrajes contra Panamá, como sería el caso de Franco Nevada, que tenía un acuerdo con First Quantum para la compra de oro extraído de Donoso, y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp., accionista de la empresa canadiense que estaría solicitando una compensación de 750 millones de dólares.
Esteban López, presidente de la Corte Internacional de Arbitraje (ICC), capítulo de Panamá, considera que Panamá tiene la experiencia para defenderse en arbitrajes importantes y citó el caso de las disputas por la construcción del nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá.
Por su parte, Sandra González, vicepresidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, indicó que los arbitrajes son frecuentes en el sector minero y explicó que, con el pasar de los años, se ha incrementado el número de procesos a través de la esfera arbitral, ya que se obtienen resultados de forma más rápida en comparación con el tiempo que lleva resolver un conflicto por la justicia ordinaria.
Sobre los arbitrajes que mantiene First Quantum contra Panamá, el presidente electo, José Raúl Mulino, ha señalado que, si la empresa pretende establecer un diálogo con el nuevo gobierno que se instala el 1 de julio, deberá suspender los procesos contra Panamá.
Además de los arbitrajes relacionados con la mina de Donoso, la compañía canadiense Orla Mining, que tenía tres concesiones en Cerro Quema para extraer oro, ha manifestado su intención de interponer procesos contra el país debido a la negativa del gobierno de renovar la concesión, producto de la ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que estableció una moratoria minera en Panamá.
