El mayor sindicato de empleados públicos de Argentina inició este martes una huelga de 36 horas y se movilizó en Buenos Aires para exigir mejores salarios y reclamar contra las políticas para achicar el Estado que sostiene el Gobierno de Javier Milei.
La medida de fuerza es llevada adelante por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyos afiliados se concentraron al pie del Obelisco capitalino para desde allí marchar hasta el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, responsables de las políticas para desregular y achicar el Estado puestas en marcha desde diciembre pasado por el Ejecutivo de Milei.
La huelga responde a demandas propias de los trabajadores de la Administración pública nacional, pero este miércoles coincidirá con otra, por 24 horas, de los sindicatos del sector del transporte, un indicativo del creciente escenario de protestas que afronta el Gobierno.
“Esta semana lo que enfrenta la Argentina es un virtual paro general. No van a andar los aviones, los trenes, el subte (metro) ni los camiones. La medida de fuerza trasciende a aquellas organizaciones que la impulsan”, afirmó durante la protesta de este martes el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El dirigente gremial aseveró que hay una “mirada común” de que “esta semana comienza a formarse en Argentina un frente sindical de resistencia y lucha que permita frenar la política de entrega del presidente Milei”.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo en rueda de prensa que los sindicatos que van a la huelga son unos “privilegiados que pueden darse el lujo de parar”, mientras que “los argentinos de bien no tienen esa posibilidad ni quieren parar”.
“Los que están haciendo con estos paros es perjudicar a los que quieren trabajar”, sostuvo.
La huelga de los trabajadores estatales tiene como uno de sus principales objetivos reclamar un aumento en los salarios, cuyo poder de compra se ha visto erosionado por la elevada inflación en Argentina.
Según los últimos datos oficiales disponibles, en los primeros ocho meses del año los salarios en el sector público acumularon un alza del 93.5%, por debajo del aumento del 116.1% en el sector privado registrado y del incremento del 94.8% acumulado hasta agosto en la inflación.
Pero desde ATE aseguran que los salarios de los empleados públicos han sufrido una pérdida de 34 puntos porcentuales con respecto a la inflación acumulada desde que Milei asumió la Presidencia en diciembre pasado, cuando hubo un salto inflacionario del 25.5% mensual.
El sindicato sostiene además que un 75% de los empleados estatales percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, que fue de 964.620 pesos (957 dólares) en septiembre pasado.
Además de la problemática salarial, ATE y otros gremios de trabajadores públicos han denunciado despidos masivos desde el inicio del Gobierno de Milei, que lleva adelante acciones para reducir el peso del Estado como parte de su severo plan de ajuste para recuperar el equilibrio en las cuentas públicas.
Según datos oficiales, la dotación de trabajadores en la Administración pública nacional y las empresas del Estado era en agosto último de 309,849 personas, unas 28.500 menos desde el inicio del Gobierno de Milei, lo que equivale a un recorte de casi un 10%.
La reducción de personal en el Estado continuará: semanas atrás el Gobierno anunció que tomará un examen de idoneidad a 40,000 empleados con contratos temporales que solo se renovarán si superan las pruebas, mientras que el pasado miércoles el Ejecutivo dijo que solicitará a unos 10,000 trabajadores que inicien los trámites para jubilarse.
Los planes de privatización de empresas públicas que impulsa el Ejecutivo de Milei también afectarán previsiblemente a las cerca de 100,000 personas que trabajan en estas compañías.
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