Esta semana fue de alta tensión para la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) y la reunión el día de ayer viernes no fue la excepción.
Ante el déficit en el subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones y el inminente fin de sus reservas, el colegiado se enfrascó en discutir lo que serían las recomendaciones de reformas que por ley deben proponer para frenar la quiebra.
Sin embargo, el panorama se tornó complejo porque las discusiones de las recomendaciones para encarar una reestructuración nacieron de los representantes de los trabajadores, cuya base sindical se decanta por la fusión del sistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones y el sistema mixto, que cuenta con un componente individual de ahorro de cada cotizante.
Mientras, el ala de los empleadores se negaba rotundamente a tomar esa salida, considerando lo que han advertido los actuarios, quienes calculan que una medida de fusión o absorción del sistema mixto, bajo los parámetros existentes, generará una aparente liquidez, pero cuadruplicaría el déficit.
Ayer, cuando se sometió a votación cada una de las recomendaciones que se habían hecho, resultó que no se aprobó aquel punto en el que se proponía un solo sistema de pensiones de manera gradual, en vez de dos pilares, y que el mismo fuera de beneficio definido.
Entre abstenciones y votos en contra, la unificación de los programas quedó descartada, pero al momento de firmar la resolución en que quedarían plasmadas las recomendaciones que sí se aprobaron hubo un giro de timón.
El documento acordado, después de pasar por un proceso de votación, quedó sin la rúbrica de los directivos.
Este diario pudo conocer que en la junta directiva de la CSS se decidió que el sistema de votación que se utilizaría sería el que se conoce como voto especial, habitualmente usado y legalmente permitido.
Este se basa en someter a votación cada uno de los puntos que se discuten y no aprobar o descartar las propuestas a través de bloques.
Fue así como se hizo el ejercicio de votación sobre 18 propuestas comprendidas en cinco bloques. El resultado: solo cinco recomendaciones sobrevivieron al proceso.
Pero cuando se suponía que se firmaría la resolución que contenía la propuesta de los cambios legales para hacerle frente al déficit decretado en el subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se pidió una segunda votación.
Los representantes de los trabajadores en la directiva proponían votar a favor o en contra de la resolución. Es decir, hacer una votación de lo que ya se había aprobado.
La tensión se elevó y finalmente la resolución no se aprobó, tras contar con el rechazo de Gregorio Guerrel, por parte de los trabajadores. Además de la abstención de Miguel Edwards, representante también de los trabajadores.
Victoria de la Rosa, en representación del Ministerio de Economía y Justo Medina, que es el representante del Ministerio de Salud, fueron otros que se abstuvieron.
A favor de la resolución final votaron Camilo Valdés, Aida Michelle de Maduro y Fernando Méndez, por parte del sector empleador.
También lo hicieron Roberto Valencia, que representa a los servidores públicos e Irma Delgado, por parte de los profesionales de la salud.
La directiva está compuesta por 11 miembros. Para aprobar cualquiera resolución se necesitaban seis votos como mínimo y solo se lograron cinco.
Erik Bonilla, que en la reunión reemplazó a Guillermo Puga por parte del sector trabajador, no ejerció el voto. Mientras que Manuel Pérez, como la voz de los jubilados, no asistió al encuentro.
Ahora, se esperaría que se redacte una nota con los puntos acordados, pero sin carácter resolutivo. Se trata de una serie de medidas cuyo impacto real se desconoce.
