El riesgo que implica la insuficiencia de fondos del subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones es un elemento que adquiere mayor peso en las valoraciones que las calificadoras de riesgo hacen sobre Panamá.
Moody’s cambió la perspectiva de Panamá de estable a negativa, mientras afirmó las calificaciones de deuda sénior no garantizada y de emisor a largo plazo en Baa2 el pasado 25 de octubre.
Mantener el grado de inversión es un elemento positivo porque mejora las posibilidades de acceder a mercados de deuda internacionales a costos razonables. Como bien apuntó el economista Carlos Araúz, el riesgo de que Panamá no pague su deuda es pequeño. Pero la perspectiva negativa es un llamado de atención, una advertencia, concentrada hacia la falta de urgencia en atender la crisis del subsistema de pensiones en la Caja de Seguro Social (CSS).
En sus valoraciones, Moody’s detalla tres condiciones que están generando una enorme presión fiscal y que influyeron en el cambio de perspectiva: las necesidades de fondeo del sistema de pensiones, los aumentos salariales de los funcionarios y el alza de las transferencias estatales en la modalidad de subsidio.
La calificadora recordó que hasta la fecha, prácticamente no se ha logrado ningún progreso en el frente de la reforma del sistema de pensiones.
$74,000
millones es la deuda real en el IVM de beneficio definido, contabilizando a los actuales y a los futuros pensionados de este programa.
El gobierno de Ricardo Martinelli y el de Juan Carlos Varela no reconocieron la crisis que se avecinaba, mientras que el de Laurentino Cortizo, aunque intentó hacer lo mismo, no tuvo otra opción que encarar el tema, cuando los informes actuariales pronosticaban la quiebra del subsistema exclusivamente de beneficio definido, debido a los enormes pagos por hacer, el aumento en el número de jubilados y las limitadas reservas financieras.
En 2021, la administración de Cortizo estableció un diálogo nacional para desarrollar una recomendación de reforma.
Sin embargo, “esto fue en vano, ya que las presiones derivadas del IVM se han intensificado. Una situación similar se ha presentado con respecto a los ingresos tributarios. En los últimos cuatro años, los ingresos fiscales han disminuido en relación con el producto interno bruto (PIB), y el déficit se ha compensado parcialmente con el aumento de las transferencias de la Autoridad del Canal de Panamá en años anteriores”, afirmó la agencia calificadora.
En un contexto de crecientes presiones de gasto, la ausencia de un plan integral para apuntalar los ingresos del gobierno probablemente dificulte cada vez más el cumplimiento de las metas establecidas por la regla fiscal en los próximos años, recalcó.
“ Por más autónoma que sea la Caja de Seguro Social, la carga que le genera al Estado será enorme. La desmejora de la perspectiva hace que analistas e inversionistas nos vean con más cautela y nos comparen más estrictamente con países pares ”.
Carlos Araúz, economista
Moody’s dijo que la falta de reformas denota debilidades en la gestión de políticas y representa un factor que, si no se corrige, socavará materialmente el perfil crediticio de Panamá y afectará negativamente las perspectivas crediticias soberanas.
“Esto dice muchísimo sobre la falta de actuar, sabiendo la gravedad del problema, y conociendo las soluciones que existen. Cómo quedan los gobiernos al no actuar como un buen padre de familia y a cambio optar por una inacción total para corregir el problema de la CSS”, se pregunta Pablo Gutiérrez, financista especializado en gestión de riesgos y seguros.
“ Está más que comprobado el déficit del subsistema de beneficio definido y el impacto en la economía. Esto será inmanejable”.
Pablo Gutiérrez, financista
Araúz, por su lado, indicó que “es evidente que esta administración seguirá endeudándose para cumplir con déficits operativos que se traducen en menos dinero para salud, educación y bienestar general para el pueblo”.
Esto se alinea con los comentarios de Moody’s, que recordó cómo los gobiernos han estado aumentando a un ritmo constante, durante la última década, el gasto de la planilla, representando el 31% de los gastos totales en 2021, frente al 20% que se registrada en 2013.
Esto, impulsado por un crecimiento continuo de la fuerza de trabajo en el sector público y los aumentos salariales que se aprueban en las llamadas “leyes especiales”.
El gasto en transferencias, que incluye subsidios, se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2019, con alrededor del 20% del gasto total, pero se ha disparado desde la pandemia y llegó al 24% del gasto en 2021.
Aunque la calificadora reconoce que el gasto social relacionado con la pandemia se retirará gradualmente, las consideraciones del costo de vida vinculadas con una mayor inflación probablemente limitarán una reducción de los subsidios que otorga el Gobierno.
