Un grupo de trabajadores de las tiendas Justo y Bueno acudió al Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para exigir que la empresa a cargo de estos establecimientos cumpla con el pago de los salarios pendientes, aportes a la Caja del Seguro Social (CSS) y prestaciones sociales que se le habían descontado.
El mayor problema es que la cadena de tiendas quebró. No cruzó el umbral de la reorganización que se había pactado en agosto pasado y con ello han arrastrado a trabajadores a los que adeudan prestaciones y a proveedores de todo tipo, a quienes no le han podido pagar lo acordado.
Keyla Argelis Lefranc, representante de los trabajadores, relató que son más de 300 personas que han quedado en el limbo laboral, luego que Inversiones Encanto, S.A. (la sociedad que había asumido la administración del negocio) declarara inviable el proceso de reorganización para rescatar y salvar la cadena de tiendas, que desde hace varios meses registraba problemas para operar, con escasez de mercancía por falta de pago a los proveedores.
Lefranc que desde el mes de septiembre los enviaron a sus casas, con la promesa de que iban a reflotar la empresa e inyectarle capital para volver a la normalidad.
Sin embargo, hace dos semanas, a finales de noviembre, se enteraron de que el plan de reorganización había fracasado por falta de fondos..
Guillermo García Rivas, abogado de 80 de los trabajadores de Justo y Bueno, informó que se presentó en el Mitradel una demanda colectiva por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo, que establece el despido por causa económica.
“La empresa incumplió con la solicitud de despido que corresponde por razones económicas. Además, se están reclamando los derechos adquiridos, salarios e indemnización a los trabajadores”, explicó el abogado.
Adelantó que los pasivos de los 80 trabajadores que representa sumarían más de $1.5 millones, monto que aumentará a medida que se agreguen a la demanda las reclamaciones de otros trabajadores.
García Rivas indicó que también solicitará medidas cautelares de secuestro de los bienes de Inversiones Encanto, S.A., para que se puedan pagar los compromisos con los trabajadores, que además incluye el pago desde hace más de un año y medio de la cuota obrero patronal en la Caja del Seguro Social, lo que puede acarrear otras acciones legales.
Fuentes que le han seguido la pista a la debacle de las tiendas minoristas indican que habría muy poco que secuestrar, dado que la mayoría de las tiendas están cerradas y sin inventario, los equipos de refrigeración se manejaban a través de la figura de leasing y los locales que ocupaban eran arrendados.
Inversiones Encanto, S.A., a través de un comunicado, manifestó hace dos semanas que el proceso de reorganización de Justo y Bueno era inviable.
La sociedad recordó que, a finales de 2021, Justo y Bueno afrontaba una situación precaria, con más de 47 millones de dólares en deudas a proveedores, 3 millones de dólares en deuda a los arrendadores de locales comerciales y una morosidad en el pago de las cuotas a la Caja de Seguro Social, cuyo monto no precisó.
Después de tener las tiendas cerradas o con muy poco inventario en 2021, finalmente la empresa inició el ahora fallido proceso de reflote. Se presentó en sociedad al empresario venezolano Jorge Plaza, quien había tomado el control tras los ciclos de impagos de la administración REVE Group, Inc y Michel Olmi, un empresario nacido en Chile y criado en Venezuela.
Fue así y tras la promesa de una fuerte inyección de capital, que la cadena Justo y Bueno en Panamá llegó a un acuerdo de reorganización conciliada con sus acreedores, con quienes acumula deudas por cerca de $60 millones.
El plan de rescate fue aprobado por más del 60% de los acreedores, con el compromiso de que se pagara el 30% de la deuda que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, que habría un descuento del 70% del monto adeudado hasta el cierre del año pasado.
La idea era recuperar en un plazo no mayor de tres años la deuda que quedaba, mientras Plaza iba comprando nueva mercancía que debía pagar de forma corriente, al igual que los espacios inmobiliarios que ocupaban las tiendas.
Se dice que en ese proceso de aparente reflote, Plaza habría inyectado 9 millones de dólares, sin éxito. Se habría acercado a bancos con la finalidad de solicitar 10 millones de dólares, pero el plan no convencía y finalmente no funcionó.
Este diario intentó contactar a los representantes de Inversiones Encanto, S.A. para saber su posición sobre las acciones legales interpuestas por los trabajadores, pero no se ha logrado que emitan algún pronunciamiento.
