La reciente actuación del presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Aristides Royo, ha puesto los ojos sobre esta entidad, al quedar en evidencia la posible intromisión política y las consecuencias que esto representa en el manejo eficiente del activo más importante del país.
Royo admitió, sin ningún sustento legal, haberle solicitado a Jorge González su renuncia como miembro de la junta directiva, lo que fue interpretado por González como un requerimiento malintencionado y amenazante para que, en su lugar, entre un directivo designado por el actual gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
De ese modo, el colectivo tendría mayoría absoluta en la junta directiva del Canal más allá del periodo presidencial de Laurentino Cortizo (2019-2024).
Los nombramientos de la junta directiva se hacen por períodos escalonados para garantizar su independencia de los gobiernos de turno.
El directorio está integrado por 11 consejeros. Nueve son designados de forma escalonada por el presidente de la República y ratificados por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. La junta directiva la completan un miembro designado por la Asamblea y el ministro para Asuntos del Canal, quien la preside.
Jorge Luis Quijano, exadministrador de la ACP, insistió a este diario que en el Canal no debe haber espacio para el “clientilismo”.
“Dejar que la política se infiltre más allá de los conceptos y el espíritu establecido en la Constitución y la ley marco del Canal pone en juego el bienestar de la institución por la que tantos pelearon y algunos dieron sus vidas. Las reglas del juego son claras. Los panameños no somos tontos y es claro lo que está en juego”, refiriéndose a un artículo publicado el día de ayer por este medio, en el que se detalla la composición actual de la junta directiva y refleja las resquebrajadas relaciones entre Royo y González.
$2,494.4 millones
En diciembre de 2022, la ACP entregó aportes al Estado, en concepto de excedentes, derechos por tonelada de tránsito y el pago por servicios.
Cortizo ha nombrado a cinco de los actuales directivos (seis, si se cuenta al ministro Aristides Royo). Le tocaban tres, pero su antecesor Juan Carlos Varela (2014-2019) terminó su mandato sin que la Asamblea ratificara a dos de sus designados.
Mientras que el director designado por la Asamblea Nacional, quien puede ser libremente designado o removido, pertenece a su partido, el PRD: es el actual diputado Roberto Ábrego Torres.
Si las sillas que ocupan los directivos del Canal fuesen etiquetadas por la administración que los nombró, en este momento el PRD tendría la lealtad de siete de sus miembros: Nicolás González Revilla, Enrique Sánchez, Luis Navas Pájaro, Laury Melo de Alfaro y Dora Pérez Balladares, además de Aristides Royo y Roberto Ábrego.
Sin embargo, este panorama cambiaría si en las elecciones generales de mayo de 2024 gana otro partido que no sea el PRD.
El nuevo gobierno nombrará un nuevo ministro para Asuntos del Canal (por ende, un nuevo presidente para la ACP) y seguramente la Asamblea Nacional designe un remplazo para Ábrego. Si el PRD pierde el control político que hoy representa, le quedarían cinco puestos en la junta directiva.
Al mismo tiempo, al próximo gobierno le corresponde nombrar a tres directores cuyos mandatos vencen en el 2025: Francisco Sierra, Óscar Ramírez y Ricardo Arango, nombrados por el expresidente Varela.
Esto significa que seguramente habrá cinco puestos afines a un nuevo gobierno, mientras que el PRD queda con las otras cinco sillas ya descritas. El verso suelto sería Jorge González. Y es esa la cabeza que Royo quiere hacer rodar.
Este diario pudo conocer que la exigencia de Royo para que González presente su renuncia ha generado la convocatoria a una reunión extraordinaria en la junta directiva del Canal, cuya responsabilidad es establecer políticas para la operación y supervisión de la vía.
“El mandato constitucional contenido en el Título XIV de la Constitución es claro. Debe evitarse cualquier manipulación política. Ya en el 2019 [durante la gestión de Varela] vimos cómo solo uno de los tres directores que debían designarse logró pasar el filtro de la Asamblea. Eso ha creado ya un desbalance político en la junta directiva”, dijo Quijano, quien recordó que esto también sucedió en los primeros años de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004), cuando a ella le tocaba designar a tres directores y el proceso se dilató.
A su juicio, el nombramiento escalonado de los directores fue una decisión sabia cuando se establecieron los reglamentos del Canal.
Quijano relató que durante su gestión como administrador de la vía (2012-2019), vio que “en poco tiempo los directores iban olvidando quién los designó y pensando más en el Canal y el país y tomando decisiones al margen de criterios político”.
La ley 19 de 11 de junio de 1997, por la que se organiza la ACP, y la Constitución Política reflejan la responsabilidad de la junta directiva y su importancia.
Este órgano establece, previa consulta al administrador, el sistema de arqueo de naves, aprueba el proyecto anual de presupuesto de la ACP y cualquier propuesta extraordinaria, conforme a los proyectos que prepare el administrador. De allí que su composición equilibrada sea tan importante.
Quijano también habló de las designaciones del administrador y subadministrador, como parte de las responsabilidades que recaen sobre la junta directiva.
En este sentido, “tienen que hacerse en base a la capacidad de gestión y compromiso con el Canal y la patria... Dichas designaciones nunca deben estar influenciadas por afinidades políticas, pues es sumamente importante que estas personas mantengan la independencia de criterio en la elaboración de propuestas y toma de decisiones”, sentenció.
