La empresa de distribución eléctrica ENSA, con participación accionaria del grupo colombiano EPM, destacó la reciente advertencia de la calificadora Fitch Ratings sobre el impacto de la intervención gubernamental en el sector energético y reconoció que el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió el pliego tarifario ENSA 2022-2026 y posterior anulación de la ASEP del alza en la tarifa para el primer semestre de 2025, tiene un claro “impacto financiero” para la empresa.
ENSA tiene la concesión para distribuir energía eléctrica (el contrato por 15 años vence el 21 de octubre de 2028) a los residentes de Panamá Este, Colón, Darién, la comarca Guna Yala y las Islas del Pacífico. En esta área, ENSA factura a aproximadamente 560,000 clientes (43% de los usuarios del país), a los cuales le suministra energía eléctrica.
La compañía, en la cual el Estado panameño tiene un 49% de participación accionaria, reconoció que se debe tener en cuente el nivel de riesgo que representa para este sector la intervención gubernamental y “las señales que recibe la inversión extranjera potencial en Panamá”.
“En estos momentos, el país no necesita un ambiente de inestabilidad institucional, financiera, regulatoria o de improvisación técnica en el sector energético”, destacó ENSA en una respuesta a una consulta de La Prensa.
Señaló que desde octubre de 2024, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender el alza de la tarifa eléctrica, ENSA se ha enfocado en informar de manera precisa a la Corte Suprema de Justicia, a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía y Finanzas sobre los efectos negativos tanto de esa resolución como de posteriores decisiones no técnicas, que según señala, ponen en riesgo la calidad y continuidad del servicio público de electricidad.
La distribuidora enfatizó que, a pesar de la suspensión de la tarifa, continúa obligada a pagar a las empresas generadoras el precio de la energía pactado inicialmente y a cubrir los costos de sus proveedores, lo que genera una presión financiera considerable. En la estructura del sistema eléctrico panameño, las generadoras venden a ENSA y Naturgy, la energía que posteriormente distribuyen a los clientes.
Asimismo, ENSA destacó que, tras años de apoyar a los gobiernos para enfrentar los desafíos energéticos, las cargas financieras asumidas han alcanzado un límite crítico que solo podrá solucionarse con una decisión rápida y contundente sobre el sector y las tarifas eléctricas, tras recordar que, en última instancia, todos estos costos “solo se pueden recuperar a través de la tarifa eléctrica” que pagan los clientes.
Efecto del gas natural
La entrada en operación de la planta de gas natural licuado de Gatún en octubre de 2024 ha tenido un impacto positivo en el mercado energético, al reducir en un 26% la necesidad de subcontratación de ENSA y disminuye su exposición al mercado ocasional (Spot), o aquel que permite comprar y vender energía a corto plazo según la oferta y demanda del momento, con precios variables.
Según ENSA, esta nueva fuente de generación eléctrica, al operar bajo un sistema de ciclo combinado (gas + vapor), ha incrementado la competencia entre generadores, lo que se traduce en menores precios en el mercado Spot.
Indicó que este efecto ya se reflejó en la reciente licitación LPI-ETESA-02-2024, que, aunque solo logró un 50% de adjudicación, mostró precios más competitivos en comparación con licitaciones anteriores a corto plazo. A largo plazo, la incorporación de Gatún fortalece la seguridad energética y contribuye a una tendencia de precios más bajos en el mercado de generación. Esto permitirá que, a medida que se realicen nuevas licitaciones y se normalicen los ciclos de sustitución de contratos de energía, los costos de generación sean más competitivos y beneficien progresivamente a los usuarios finales.
Actualmente, de cada dólar que paga un cliente en su factura eléctrica, 63 centavos se destinan a los generadores, 6 centavos a Etesa por el transporte de la energía hasta la red de distribución y 31 centavos a las distribuidoras, que además de entregar la energía a los hogares, funcionan como el canal de cobro de todo el sistema eléctrico nacional.
Ampliar servicio a consumidores
Consultado sobre el servicio de energía eléctrica que se presta a los consumidores, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), instó al Gobierno o entidad reguladora a una revisión urgente de los contratos de concesión de las distribuidoras de electricidad, tras argumentar que el modelo actual limita la competencia y perjudica a los consumidores.
Según Acosta, los contratos deben ser revisados para permitir la entrada de más empresas de distribución eléctrica, ya que actualmente solo dos compañías controlan la distribución y los consumidores no tienen la opción de decidir a quién comprarle la energía, como ocurre en otros países.
Acosta también criticó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), al señalar que no ha ejercido un control efectivo sobre las distribuidoras y que los consumidores no tienen representación en el ente regulador. Además, denunció que los constantes apagones en el interior del país reflejan la deficiencia del servicio y que las quejas de los usuarios no reciben respuestas satisfactorias. “Debe haber una apertura para que más empresas puedan brindar el servicio de energía eléctrica y mejorar la calidad”, enfatizó.
Estos contratos de concesión con las empresas distribuidoras ENSA y Naturgy fueron renovados en 2013 por la entonces administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez y quien ahora también le tocará verlos antes de su vencimiento en octubre de 2028.
