En un entorno de mayores tasas de interés que están haciendo más costosa la contratación de deuda, el control de las finanzas públicas adquiere un rol crucial.
Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de Moody’s Investors Service, señaló que “es clave seguir reduciendo el déficit para que las necesidades de endeudamiento en adelante también sean menores y no haya una acumulación de deuda con tasas mayores”.
El aumento de tasas de interés tendrá un efecto en las emisiones de deuda para financiar los presupuestos y en aquellas emisiones destinadas a cubrir vencimientos, por lo que es previsible un aumento en el gasto anual de intereses.
En el lado positivo, Merino señala que Panamá se favorece por tener un perfil de la deuda de relativo largo plazo y por el hecho de que los vencimientos más cercanos corresponden a emisiones que se contrataron originalmente a tasas más altas.
El aumento del gasto en intereses de la deuda pública, en subsidios y en planilla estatal han reducido la flexibilidad del gasto del país en los últimos años. Es decir, si aumentan gastos que se consideran fijos y que son difíciles de reducir, se limita la capacidad para hacer gasto de inversión, más beneficioso desde el punto de vista económico y de desarrollo del país.
En 2022, el gasto en intereses reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se redujo respecto al ejercicio anterior debido al diferimiento del pago de $364 millones, que deberán ser pagados entre julio de 2024 y diciembre de 2026.
Al respecto, Merino dijo que la operación ayudó a que el déficit fiscal de 2022 cerrara por debajo del 4%, dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. No obstante, también señaló que más allá de las métricas, también analizan temas vinculados a las instituciones y gobernanza del país, entre los que se encuentran la credibilidad y efectividad de la política fiscal, donde es importante el seguimiento de la regla fiscal.
En el pasado, las agencias de rating habían advertido de los constantes cambios introducidos a los límites de la regla fiscal. Merino recuerda que la reforma a la ley de 2018 contribuyó a mejorar la apreciación sobre el manejo fiscal y que, tras el impacto de la pandemia, una de las preguntas que se hacía la agencia es si existiría una estrategia creíble de consolidación fiscal y de volver a la senda esperada en el marco de la regla.
En ese sentido, señaló que en la próxima revisión del comité soberano de calificación conversarán sobre el rol que pueden jugar este tipo de instrumentos, algo que, dijo, es relativamente nuevo, al menos entre los países a los que él da seguimiento.
Moody’s asigna a Panamá una calificación de Baa2, es decir, el segundo escalón dentro del grado de inversión. En este mismo nivel, pero en su escala, está también para la agencia S&P Global Ratings (BBB), mientras que para Fitch Ratings, la calificación soberana del país está un nivel por debajo, en BBB-, el primer escalón dentro de la categoría de grado de inversión.
En octubre de 2022, Moody’s cambió la perspectiva de la calificación de estable a negativa, lo que quiere decir que hay más presiones para una eventual rebaja de la calificación.
En un informe reciente, la agencia señaló que las presiones fiscales proceden de la mayor rigidez en el gasto debido al crecimiento de los gastos en planilla, las transferencias y los intereses. En el lado de los ingresos, también ve debilidades en una tendencia decreciente en los últimos años en la generación de ingresos en relación al tamaño de la economía, lo que eleva la dependencia de los aportes del Canal.
Mientras, en un horizonte cada vez más cercano, se asoma la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), que atraviesa un problema de sostenibilidad, ya que tiene que hacer frente al pago de pensiones pero no recibe nuevos cotizantes.
Las reservas para hacer frente al déficit generado se agotarían en 2024 y entonces el Gobierno tendría que elevar las transferencias, con lo que el gasto se vería más presionado.
Se trata de situaciones conocidas desde hace años, pero que no han sido abordadas por los distintos gobiernos. En este sentido, Moody’s ha señalado en sus últimos reportes que la falta de avances en la reforma de las pensiones y en las medidas para aumentar los ingresos fiscales denota la escasa eficacia de las políticas.
En los próximos años se espera un ritmo de crecimiento superior a países con similar nivel de calificación, pero inferior a los promedios anteriores a la pandemia y también a los dos años de recuperación tras el impacto de la crisis sanitaria.
Así, según Moody’s, “en este contexto de menor crecimiento, la incapacidad de las autoridades para hacer frente a las presiones fiscales obstaculizaría la mejora de las métricas de deuda de Panamá, una condición que hemos identificado como crítica para apoyar el perfil crediticio de Panamá tras el fuerte deterioro de la fortaleza fiscal que se registró durante la pandemia”.
Una de las métricas fiscales que sigue muy por encima de los niveles prepandemia pese a la recuperación de la economía es la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB).
En 2019, el último año antes de la pandemia, la deuda equivalía al 44.5% del PIB. Al cierre de 2022, pese a que la economía había superado ya su nivel anterior a la pandemia, la relación entre deuda y PIB cerró en 57.9%, superando el nivel de 2019 y el 40% que recomienda la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
La senda de consolidación fiscal o reducción del déficit debe continuar este año, según lo establece la regla fiscal. Si en 2022 el límite de déficit fue de 4%, para este 2023 el umbral se reduce a un 3% y el próximo año a un 2%, para quedar en un 1.5% a partir de 2025. Las agencias de calificación han mostrado dudas de que el Gobierno pueda cumplir estas metas por las presiones en el gasto y la ausencia de reformas en temas clave como los ingresos y la CSS. Un factor favorable es el acuerdo que da continuidad a la operación de la mina de cobre, tanto por la actividad económica que se genera como por los ingresos que recibirá el Gobierno.
Además del comportamiento de gastos e ingresos, otra variable fundamental en el desempeño fiscal es el crecimiento económico del país.
Tras el fuerte impacto por la gestión de la pandemia, en 2022 la economía creció 10.8% y el PIB nominal superó el nivel de 2019. Para 2023 y 2024, la agencia prevé crecimientos de 4.1% y 4.5%, respectivamente.
Merino dijo que el resultado de 2022 demuestra “la capacidad de recuperación de la economía panameña”, aunque también se refirió a la existencia de “una economía dual”, con un sector externo favorecido por las condiciones globales y uno interno con una recuperación más tardía, influenciada por sectores como la construcción, que aún no retoma el nivel de producción previo a la pandemia.
En el futuro cercano, Merino considera que las dinámicas van a depender de la capacidad del Gobierno de promover proyectos de infraestructura, con una serie de proyectos que no son de gran envergadura, pero que “serán importantes en cuanto a fomentar mayor actividad en el sector construcción”. En cualquier caso, para el analista, después de los números de crecimientos de los últimos años, “es natural que empecemos a ver una desaceleración en 2023″.
En el largo plazo, Merino plantea que para consolidar la posición de Panamá como hub comercial y financiero en la región, se tiene que seguir agregando valor a la actividad que se ejerce en el país y esto pasa por reforzar el capital humano a través de la educación, de manera que la fuerza laboral tenga la capacidad de emplearse en actividades más sofisticadas.
