Jorge Tovar, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, una de la provincias más afectadas por las protestas, explica hasta dónde llegan las afectaciones por los tranques, bloqueos y huelgas en protesta por el contarto minero, y el punto de quiebre al que nos estamos acercando.
Chiriquí vive una realidad distinta y más grave que el resto del país. ¿Cuál es el estatus hoy, en esa provincia?
Hay mucha ansiedad. La apertura temporal que se dio en el cierre de Horconcitos no suplía, por la cantidad de camiones cisterna que había atrapados, la demanda de combustible de Chiriquí. La demanda en esta provincia es de 300 mil galones diarios. La apertura estaba programada para 24 horas y duró 12, lo que dejó a la gente con más ansiedad. Se generó mucha especulación y las filas, de más de 500 carros, se extendían por cuadras. Esto empezó a ocurrir a las 11:00 p.m. y hubo gente que durmió en sus carros. Es que, adicional al combustible que usan los vehículos, la industria necesita combustible para mover sus equipos. Maquinaria agrícola, transporte público, hospitales, el gas… Esto genera una paralización terrible. El gas ya está mermando su reserva en hospitales, restaurantes, industrias. Y también en las casas, donde el gas dura de 20 a 25 días. Ya van 22 días… En cinco días, ese gas empezará a terminarse y eso será un punto crítico. El poco combustible que entró ya está pronto a agotarse y en cinco días aproximadamente la tensión va a escalar y eso generará un punto de quiebre. Esto es pueblo contra pueblo.
¿Qué otros sectores se están viendo afectados y que en la capital poco nos enteramos?
En estos días, por la falta de combustible, dos de las plantas de leche no pudieron recibir la leche. La planta de Nevada se ofreció a recoger la leche de Estrella Azul y Bonlac para apoyar a los productores. Esa planta funciona con búnker y empezó a trabajar 24 horas para mitigar la pérdida de los productores, pero el búnker ya dejó de funcionar, así que dejaron de recibir esa leche y el producto se está botando. Las embarcaciones pequeñas artesanales tampoco han tenido combustible para poder salir. Las panaderías también están paralizadas por falta de gas. Los hospitales se están quedando sin oxígeno ni insumos médicos. Ayer finalmente llegó, con ayuda de Cruz Roja, un convoy que estaba paralizado en los tranques. Vía aérea también ha llegado algo, pero no lo suficiente. Los proveedores no tienen combustible para llevar lo necesario. Ni siquiera las leches de fórmula para los neonatos.
Hay quienes lograron cruzar a Costa Rica para traer combustible a Chiriquí. ¿Qué resultado ha tenido eso?
Esa alternativa generó un mercado irregular. Los que lograron pasar, convirtiéndose en contrabandistas, lo venden entre $12 y $15 por galón. Por desesperación la gente lo compra, pero ese mercado ilegal también golpea la economía y desestabiliza el sistema.
¿Ya hay empresas reportando la suspensión de contratos?
Aún no, pero al menos 20 empresas ya están disminuyendo las jornadas laborales y otras tantas decidieron cerrar operaciones temporalmente, asumiendo el adelanto de las vacaciones del año 2024, porque las de 2023 ya las habían dado. Estos son los meses de mayor movimiento y eso pone en peligro el 5% a 10% de las plazas de trabajo, porque las empresas micro, pequeñas y medianas, que no se habían recuperado todavía de la pandemia, están viviendo con el flujo diario.
Ante la desesperación, ¿ve el riesgo de que ocurra en Chiriquí un incidente similar al ocurrido en Capira, donde un adulto mayor les disparó a dos manifestantes, quitándoles la vida?
En Tierras Altas es donde se concentra la mayor presión, porque a diferencia de Boquete, el paso continúa cerrado. Hace dos días concedieron una apertura de seis horas al día solo para el paso de insumos, pero no para sacar ningún producto. Los manifestantes tienen retenes en los que requisan los carros y, si ven algo que parezca un artículo agrícola, lo decomisan. Eso es ilegal, es indignante y está generando mucha presión, inestabilidad y tensión. Ahora se está intentando organizar una nueva jornada de apertura con la población y productores. Pero por ahora, esa es la situación.
¿Qué representantes del gobierno están mediando y qué proponen?
El ministro de Gobierno, Roger Tejada, y el secretario general de ese ministerio han tratado de mediar y solicitar la apertura de las calles. Hemos tenido contacto permanente con ellos tratando de actualizarlos sobre las afectaciones que estamos teniendo todos, para que se den cuenta de la urgencia que existe de una acción por parte de ellos para acabar de manera pacífica con estos cierres. Sabemos que la Defensoría y la Cruz Roja intentaron mediar, pero no tuvieron éxito. Estamos pidiendo que sigan buscando intermediarios aceptados por los manifestantes.
Paralización de la cadena suministro, escasez de gas y combustible en Chiriquí https://t.co/EmZtMvSiWi
— Cámara de Chiriquí (@Camarachiriqui) November 9, 2023
¿Quién sería un buen mediador?
La Iglesia sería el mediador ideal. La Iglesia pudiera despertar el llamado a la sensibilidad humana y a ese espíritu de hermanos.
Su mensaje al presidente Laurentino Cortizo.
Le reiteramos el mensaje, presidente: haga cumplir la Constitución y asuma la responsabilidad que le corresponde como presidente de este país. Garantícele a la población la libertad de tránsito, que es necesaria para la paz social y para que podamos seguir contribuyendo a la economía nacional.
A la Corte.
Le pedimos la mayor celeridad posible. Dentro de los términos legales, por supuesto, pero con la consciencia de lo que significa en estos momentos esa celeridad para la paz del país.
Y a los manifestantes.
Le pedimos que sean empáticos, hacemos un llamado a su consciencia y a su humanidad, para que entiendan que el daño no se lo están ocasionando a las autoridades, sino a otros panameños como ellos. Inclusive a sus hermanos ngabe, que están pasando trabajo. Por favor, abran las calles y únanse a la verdadera lucha democrática del pueblo por lograr que el objetivo planteado consistentemente se logre, pero de manera cívica y ordenada.
Si el contrato minero fue solo la gota que derramó el vaso de tanto descontento, ¿cree usted que cuando se resuelva el tema de la Ley 406 todo volverá a la normalidad o no?
Confiamos en que cuando el contrato se declare inconstitucional, como lo quiere la población, cesen las protestas. Pero tenemos dudas de que eso realmente se logre, porque ya hemos tenido experiencias en las que eso no sucede. Es necesario que se tomen las medidas para que los cierres, con afectaciones graves a terceros, tengan consecuencias, para que deje de ser una opción de protesta por cualquier razón.
Los manifestantes insisten en que no saldrán de las calles hasta que la Corte falle o el gobierno derogue. Mientras tanto, ¿qué salida propone a esta crisis?
Definitivamente, si se agota el recurso de conversación, diálogo y consenso pacífico, el gobierno -con las herramientas que tiene y bajo el amparo de la ley- debe garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, su seguridad y su libre tránsito.
A estas alturas, ¿ve manera de despejar las vías sin violencia?
Sí creo que estamos a tiempo de salir pacíficamente de esto. Falta la voluntad y la sensatez, y a eso apelamos, por el bienestar social de todo el país.
En este momento, ¿le preocupa más la parte económica o la parte social?
La parte social, porque todo lo que hagamos depende de una sociedad con salud física y mental, y el daño que se le está haciendo a la sociedad es tremendo. Ningún negocio ni emprendimiento puede funcionar con una sociedad golpeada e incapacitada para poder interactuar. Nuestro esfuerzo está 100% enfocado en restablecer la paz social, los servicios médicos, la alimentación y el bienestar de los ciudadanos. Luego veremos los temas económicos y empresariales.
¿Han podido confirmar qué políticos o grupos están azuzando y financiando estas protestas?
No, pero es fácil deducir que eso está pasando, porque es muy difícil mantener estos cierres, sin tener algún tipo de apoyo logístico y financiero. Las autoridades tendrían que investigar eso. Pero lo cierto es que no es posible que en una provincia de más de 425 mil habitantes, un grupo de menos de 500 personas mantenga a la población aislada.
