Estado no actualiza tarifa que cobra a PPC

Estado no actualiza tarifa que cobra a PPC
El sistema portuario panameño lo integran cinco terminales de contenedores: tres en el Atlántico y dos en el Pacífico. Archivo


Las empresas que participan en la actividad portuaria, una de las que más ha crecido en pandemia, continúan pagando al Estado la misma tarifa de movimiento por contenedores de hace 8 años, pese a que existe el compromiso contractual de revisar ese compromiso periódicamente.

La tarifa por movimiento de contenedores que las empresas operadoras de los puertos pagan al Estado no se ha revisado desde 2013.

El compromiso de actualización está pactado en las adendas de cada uno de los contratos de concesión portuaria, la cuales fueron aprobadas como ley de la República.

La mora en la actualización de la tarifa quedó en evidencia cuando el Estado renovó hace un año el contrato con Panama Ports Company (PPC).

En ese momento, parte del acuerdo entre el Estado y PPC era revisar el cobro por movimiento de contenedores, pero de eso no se ha sabido de ningún avance.

Actualmente, los operadores de las terminales de Balboa, Cristóbal, Colon Container Terminal, Manzanillo International Terminal y PSA pagan al Estado, por conducto de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), 12 dólares por cada movimiento de contenedor en los puertos.

Es un ingreso importante para el Estado si se tiene en cuenta que en 2021 las terminales portuarias movilizaron 8.6 millones de TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) un crecimiento del 11.5%.

Es decir, solo esta tarifa le significó en ingresos a la AMP más de $100 millones el año pasado.

La Ley 56 de 2008, General de Puertos, señala que esta tarifa se debe establecer en los contratos firmados con los operadores portuarios y su cobro debe ser uniforme para todas las terminales portuarias que operan en el país.

Cuando se comenzó la reestructuración del sistema portuario en la década de 1990, esta tarifa por movimiento de contenedor se fijó en 6 dólares. El primer contrato de concesión portuaria que lo establece se firmó el 21 de diciembre de 1993 entre el Estado y la sociedad Motores Internacionales, S.A. (hoy Manzanillo International Terminal).

Luego la tarifa se ajustó a 9 dólares y posteriormente a 12 dólares, que es el cargo vigente para todas las terminales. Es decir, que en cada una de las últimas dos revisiones se incrementó en 3 dólares por movimiento.

Trámite

Para actualizar esta tarifa de movimiento por contenedores la AMP se debe apoyar en el índice de precios al consumidor publicado por la Contraloría General de la República.

La actualización de la tarifa no se hizo en los gobiernos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) ni de Juan Carlos Varela (2014-2019).

En agosto de 2021, en medio de las conversaciones con Panama Ports Company para la renovación de la concesión portuaria para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años, el administrador de la AMP, Noriel Araúz, le solicitó a la Contraloría General de la República el índice de precios al consumidor, de acuerdo al periodo que corresponde analizar, para evaluar y revisar la tarifa por movimiento de contenedores. Esto consta en el documento al cual tuvo acceso este diario.

Tras ser consultada sobre la gestión para esta revisión, la AMP informó que cuando solicitó la información sobre el índice de precios al consumidor, la Contraloría solamente le remitió el último año y para el análisis necesitan la información de los años desde que se debió hacer el incremento. Igualmente la Contraloría confirmó que la información solicitada por la AMP fue respondida en tiempo oportuno en septiembre de 2021.

Se conoció que la AMP aún está a la espera de la información actualizada de la Contraloría para la evaluación de la tarifa.

El índice de precios al consumidor recoge el comportamiento de las distintas actividades de la economía y lo publica mensualmente en su página web el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría.

Sin embargo, desde la AMP aseguran que para la evaluación de la tarifa por movimiento de contenedores se requiere de la respuesta formal de la Contraloría. Mientras tanto el tiempo transcurre y la demora en esta actualización puede significar varios millones de dólares que el Estado deja de recaudar.


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