Suponiendo que la Caja de Seguro Social (CSS) fuera una persona natural, sería un paciente con múltiples enfermedades crónicas y degenerativas, mal alimentado, sin actividad física y con una conducta viciosa.
Ayer viernes 14 de octubre, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) convocó a un foro para analizar el presente y el futuro de la CSS. Y a medida que fueron avanzando las ponencias de actuarios, empresarios, líderes gremiales y consultores independientes, quedaba en evidencia que los problemas estructurales, administrativos y financieros son el equivalente a una enfermedad terminal que ha invadido todo el cuerpo de la institución.
En palabras del empresario Roberto Brenes, el problema que matará a la CSS en el corto plazo es el desangramiento del subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones.
Se refiere al agotamiento en 2024 de la reserva total del subsistema Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), mientras continúa creciendo el número de pensionados y se reduce la cantidad de cotizantes.
Es así como el déficit operativo anual crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual cercano a los $7,500 millones en 2050.
En gran medida, esa fue la razón para convocar el foro, a través del cual los empresarios manifestaron la preocupación que tienen en relación a la situación de la CSS y la necesidad de que los “problemas de la entidad sean discutidos sin sesgos políticos e ideológicos”, dijo Rubén Castillo, presidente del Conep.
“Es preocupante que un problema tan profundo se pretenda abordar sin considerar las variables que lo determinan. Es obvio que actuar de esta manera nos llevará a conclusiones erróneas”, sentenció Castillo.
Sus palabras están atadas a lo sucedido en la mesa de diálogo por la CSS, que quedó estancada con propuestas sin un análisis financiero sobre su impacto. También guardan relación con la posición del Ejecutivo, que a través de varios mensajes ha dejado claro que no considerará cambios paramétricos, como reformas en la edad de retiro o el aumento de cuotas de los trabajadores, para evitar la hemorragia financiera.
Francisco Bustamante, subdirector de la CSS hasta el pasado mes de febrero, recordó que la estructura actual del sistema es insostenible, porque los aportes de una persona durante 20 años de cotización solamente cubren sus primeros 8 años como jubilado.
A manera de ejemplo y en tono irónico, dijo que él ya tenía 11 años jubilado, lo que significa que quienes lo escuchaban en el foro estaban haciendo aportes a la CSS para pagarle su pensión. “Somos un país de subsidios”, sentenció, mientras alertaba que esto no puede seguir sucediendo.
Una de las coincidencias en las mesas en las que se discutió el deterioro del sistema de pensiones es que la solución requerirá de un sacrificio colectivo, incluyendo al Estado, los trabajadores y la empresa privada.
El dinero no alcanza. A juicio del actuario Dino Mon, el Gobierno no podrá evadir aportes por $1,000 millones al año, mientras que otros $1,400 millones se conseguirían a través de cambios en los parámetros del sistema.
De acuerdo con sus corridas, se necesitarían aportes de 18% en la cuota obrero patronal y 35 años de cotización previa a la jubilación. Con esto se lograría estabilizar el programa, sin obviar que será necesario migrar a un sistema de ahorro individual.
Los cambios paramétricos también deberían alcanzar a los cotizantes del llamado sistema mixto, para que puedan llegar a la edad de retiro con una mejor compensación de la que recibirían en estos momentos.
Bustamante también cree en el sistema de la capitalización individual, basado en un ahorro personal en el que todos los aportes que hace el trabajador vayan a su cuenta.
Sin embargo, advirtió que siente temor de que, en el afán de resolver el problema a corto plazo, se le pida al Gobierno una decisión justo ahora, la cual se vería “contaminada” por el periodo político que vive en el país.
En este sentido, recomendó una reformulación del diálogo y, en paralelo, instar al Gobierno para que haga aportes extraordinarios y así evitar el colapso del IVM en el futuro inmediato. Su idea es que quien se siente en la Presidencia en 2024, no arranque de cero.
Su preocupación, dicha con otras palabras, también la manifestaron Brenes y Mon, cuando precisaron sobre el agrandamiento del déficit y el problema si se llegara a unificar el sistema mixto con el definido, para generar una aparente liquidez temporal, pero esfumando las reservas de los futuros jubilados.
El consultor Jorge Nicolau también se manifestó respecto a este tema. Indicó que, aunque todos odien las reformas paramétricas, serán inevitables, porque incluso destinando todo el impuesto sobre la renta para tapar el déficit del IVM, la medida sería insuficiente.
Juan La Calle, representante del Conep en el diálogo por la CSS, habló del modelo que el sector privado visualiza como la mejor salida a la crisis en el sistema público de pensiones.
La propuesta se inclina por eliminar por completo el sistema de beneficio definido y migrar a un sistema de ahorro individual estructurado en varios pilares. “Europa avanza en esta dirección de capitalización individual y en América Latina, los que tomaron esa decisión hoy día, acumulan 110 millones de cotizantes en sistemas de ahorro”.
El primer nivel sería no contributivo, destinado a las personas que no cotizaron en toda su vida. Algo muy parecido al subsidio de $120 al mes a los mayores de 65 años que hoy ofrece el Estado.
Un segundo pilar sería obligatorio y de contribución definida. La idea es que se inscriban hombres y mujeres que, por haber cotizado en el sistema exclusivo de beneficio definido, recibirían un bono de reconocimiento como parte de su jubilación en su cuenta de ahorro individual cuando lleguen a la edad de retiro.
Se plantea, además, un tercer pilar voluntario en el que trabajadores y empresas hagan aportes en igualdad de condiciones, para alimentar la cuenta individual de cada cotizante y, de esta forma, el trabajador pueda aumentar sus ahorros para cuando se pensione.
Estas propuestas deberán discutirse en el diálogo de la CSS, suspendido desde diciembre de 2021, a la espera del informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hecho público por el Gobierno en septiembre pasado. Nicolau cree inminente cambiar la dinámica de dicho diálogo, para que se analice el alcance de los diferentes escenarios en base a un criterio técnico.
