Panamá, que desde 2019 tiene una tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea (UE) como nación no colaboradora en la lucha contra la pesca ilegal, recibirá asistencia técnica y económica por parte de las autoridades de Estados Unidos (EU) para luchar contra este flagelo.
Se trata de un programa que se extenderá por cinco años o hasta 2026 para el cual EU seleccionó a Panamá, Ecuador, Senegal, Vietnam y Ghana luego de un estudio sobre los países con los cuales las autoridades estadounidenses podían trabajar en la luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr).
“Muchos países quisieron formar parte de este programa, entre ellos, Balice, porque representa un apoyo económico para luchar contra esta práctica ilegal”, dijo la administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos.
Añadió que según el programa, EU comenzará con estos cinco país y posteriormente irá añadiendo a otros. Una de las condiciones para ofrecer la asistencia, puntualizó Torrijos, es que las autoridades del país seleccionado tengan la disposición de cooperar con el suministro de información para combatir la pesca ilegal.
La estrategia nacional estadounidense contra la pesca ilegal que se aplicará fue preparada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
“Panamá se encuentra dentro del grupo de países denominados “Priority Flag States”, por haber demostrado voluntad e interés en tomar medidas efectivas contra las actividades de Indnr asociadas con sus buques”, señala el documento. Se detalla qué se hará con cada uno de los cinco países seleccionados y cuáles son las acciones que se desarrollarán.
En el caso de Panamá, se trabajará con las autoridades y las oenegés para evaluar los sistemas de control, monitoreo de embarcaciones pesqueras que involucre las capturas y transporte de los productos del mar dentro de las aguas panameñas, así como utilizar esta evaluación para identificar formas de ayudar a construir la capacidad operativa del país y del gobierno panameño.
“Vamos a trabajar con Panamá y las partes interesadas de la academia y las oenegés para identificar en el tema de la pesca, tanto en la acuicultura como en los barcos de apoyo a la pesca, el centro de seguimiento pesquero dentro y fuera de Panamá”, establece el documento.
También menciona como objetivos continuar utilizando los tratados comerciales existentes y futuros, entre ellos, el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Panamá, que incluye convenios de cooperación ambiental y planes de trabajo para combatir la pesca ilegal.
Según la ARAP, el grupo de trabajo identificará herramientas diplomáticas, militares, policiales, económicas y de desarrollo de capacidades para brindar asistencia técnica y contrarrestar la pesca ilegal.
Torrijos informó que Panamá implementa un plan de acción de trazabilidad de la pesca y se han adquirido nuevas herramientas, se ejecuta un plan de capacitaciones y se reforzó el Centro de Seguimiento Pesquero con personal que garantiza un control de la flota las 24 horas del día. Este sistema de vigilancia se desarrolla en aguas nacionales e internacionales para los buques que tienen bandera panameña.
Además, dijo que se han adoptado plataformas para compartir la información de las actividades de pesca en tiempo real con las entidades involucradas en el seguimiento, control y vigilancia de la actividad pesquera.
Consultada por este diario sobre los avances que se han logrado en lo que va de esta administración para combatir la pesca ilegal, Torrijos respondió que “estamos mucho mejor que antes porque tenemos un centro de seguimiento pesquero y alarmas, que definitivamente, por error humano se nos puede pasar algo, pero se han implementado todas las medidas para que ese error humano se disminuya a un 98%”. Agregó que existe transparencia en la fiscalización de la actividad pesquera porque hay cuatro sistemas y equipos que paralelamente vigilan toda la flota.
La tarjeta amarilla impuesta por la UE a Panamá desde 2019 es una advertencia para corregir las prácticas ilegales en la pesca. Si el país no hace las correcciones corre el riesgo de recibir una tarjeta roja, con lo cual se suspenderían las exportaciones de mariscos panameños al mercado europeo. Se calcula que unas 35 mil familias panameñas dependen de la pesca de productos del mar. Las autoridades europeas harían una próxima auditoría a Panamá en 2023 para ver el cumplimiento de las recomendaciones.
