Estados Unidos urgió a empresas productoras de azúcar en la República Dominicana a tomar más responsabilidad para remediar las violaciones a los derechos de los cañeros en ese país caribeño -principalmente los de origen haitiano-, que incluyen explotación infantil y trabajo forzado, dijo Thea Lee, subsecretaria de Trabajo adjunta para Asuntos Laborales Internacionales.
En su séptimo informe sobre el sector azucarero dominicano, el Departamento de Trabajo de EU calificó en septiembre pasado de escandalosas las condiciones de trabajo y las violaciones a los derechos de los cañeros, incluyendo abusos en salarios y horarios, viviendas inadecuadas, estatus legal precario y otras posibles violaciones a los derechos laborales.
No se trata de una compañía en particular sino de encarar los problemas que por muchos años hemos visto. Hemos estado en contacto con los gremios de los trabajadores, con el Gobierno dominicano y con las empresas de la industria del azúcar, dijo Lee.
Desde 2009 la industria azucarera dominicana ha estado en la lista por los problemas de trabajo infantil y trabajo forzado. Es un problema de todo el sector, añadió.
El problema central es la situación de los trabajadores haitianos, ya sea los migrantes o los descendientes de haitianos en la República Dominicana, apuntó Lee refiriéndose al hecho de que esos inmigrantes y sus hijos no son reconocidos como ciudadanos dominicanos y que, por carecer de documentos legales, quedan expuestos a los abusos de los empleadores.
Por otro lado, Estados Unidos invertirá tres millones de dólares en un proyecto destinado a encarar añejos problemas en la industria azucarera dominicana y aumentar la capacidad de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y de vida.
La financiación es para la firma Impactt Ltd., una consultora fundada en 1997 y con sede en Londres (Reino Unido), especializada en derechos humanos, normas laborales y comercio ético, y que cita en su página programas en Estados Unidos, Bangladesh, China, Malasia e India.
Trabajando con la sociedad civil, el proyecto, que se extenderá hasta fines de 2026, apunta al fortalecimiento de las redes con organizaciones que han estado involucradas con la caña de azúcar por décadas, dijo Lee.
El objetivo es ayudar a los trabajadores en los cañaverales y a sus familias, que a menudo trabajan y viven en áreas aisladas, a conocer sus derechos y los recursos a su disposición.
El proyecto es parte de la iniciativa del Departamento de Trabajo de Colaboración Multilateral para la Organización, el Empoderamiento y los Derechos de los Trabajadores, encaminada a fortalecer globalmente la democracia en los sitios de trabajo apoyando los derechos de los trabajadores.
Desde 1998 la República Dominicana ha sido parte de al menos 22 proyectos globales de la ILAB en los cuales ha invertido más de 103 millones de dólares destinados a resolver los problemas del trabajo infantil, y desde 2005 ha completado una decena de estudios e informes sobre las leyes laborales y su aplicación en el país caribeño.
Para esos programas, la ILAB ha cooperado con la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación para la Paz y la Democracia, Catholic Relief Services, y Cooperative for Assistance and Relief Everywhere.
