Panamá continúa enfrentando el desafío de su inclusión en listas discriminatorias de la Unión Europea (UE) en materia fiscal.
Ante esta situación, expertos en la materia han resaltado la necesidad de una estrategia coordinada entre el gobierno y la empresa privada para lograr la exclusión del país de estas “listas discriminatorias”.
El presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip), Moisés Cohen, subrayó la importancia de cumplir con la promesa del presidente José Raúl Mulino de establecer una comisión presidencial que integre al sector público y privado.
Según Cohen, esta comisión debe definir estrategias para acercarse a los países europeos y realizar el lobby necesario, tanto diplomático como comercial, para agilizar la salida de Panamá de estas listas.
“Hay que hacer un esfuerzo muy importante, muy grande, entre el sector privado y el sector público para poder salir de estos listados”, advirtió.
Por su parte, José Andrés Romero Angrisano, socio de GIINTAX, organización especializada en transparencia fiscal internacional, destacó dos aspectos clave en este proceso.
Primero, Panamá debe entender y atender los “temas estratégicos” que la Unión Europea considera prioritarios para remover al país de la lista de terceros países de alto riesgo. Aunque estos temas no son de acceso público, el especialista presume que el gobierno panameño los conoce y debe actuar en consecuencia.
El segundo punto crucial es lograr la calificación de Largely Compliant (mayormente cumplidor) por parte del Foro Global de la OCDE en el estándar de intercambio de información a solicitud.
Para ello, asegura que la Dirección General de Ingresos (DGI) debe reforzar su capacidad operativa para responder con eficacia y prontitud a las solicitudes de información tributaria. Además, Panamá enfrenta el desafío de revisar el tratamiento fiscal de las rentas pasivas de fuente extranjera, como intereses, dividendos, ganancias de capital y regalías.
Romero advirtió que este último punto es especialmente delicado debido a los cambios en la tributación internacional impulsados por las nuevas políticas de Estados Unidos, que han mostrado menos apoyo a los recientes esfuerzos de la OCDE en esta materia.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por su parte, anunció que el gobierno ha establecido mesas de trabajo interinstitucionales, en las que participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Sujetos no Financieros y el Registro Público, entre otras entidades.
Asimismo, aseguraron que Panamá mantiene comunicación constante y constructiva con la Secretaría del Grupo del Código de Conducta (COCG, por sus siglas en inglés), organismo encargado de evaluar los avances de los países en materia fiscal.
Adicionalmente, explican que han gestionado una asistencia técnica no reembolsable con el Banco Mundial, que actualmente brinda asesoría para fortalecer la cooperación fiscal y mejorar el cumplimiento de los estándares internacionales.
Este martes 18 de febrero, la Unión Europea aprobó mantener en su lista negra de paraísos fiscales a Panamá tras constatar que el país “tiene un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras”.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la Comisión Europea había decidido reclasificar a Panamá al Anexo II de su lista de cooperación en materia fiscal.
La definición del Anexo II indica que los países que están en esa clasificación buscan “reformar su legislación para adherirse a las normas acordadas de buena gobernanza fiscal”.
De acuerdo con el listado oficial de la Unión Europea, Panamá no figura en esa clasificación. En lo que concuerdan el organismo y las autoridades panameñas es que el país solicitó la revisión de los procedimientos de intercambio de información.
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