El presidente Laurentino Cortizo se comprometió con los constructores y promotores de vivienda para extender el interés preferencial a los préstamos hipotecarios, tal como indicaba la norma hasta diciembre de 2022.
Llegaron a ese punto después de un férreo lobby que llevó a los empresarios al Palacio de las Garzas el pasado 28 de junio para sellar verbalmente el mencionado acuerdo.
En la reunión estuvieron presentes Carlos Allen, presidente de la Cámara Panamá de la Construcción (Capac), su vicepresidente, Alejandro Ferrer y el director general del gremio, Antonio Docabo. También los acompañó el empresario Gabriel Diez.
Se conoció que por parte del Gobierno, además de Cortizo, participó el ministro de Economía, Héctor Alexander y el director de Presupuesto, Carlos González, porque la aplicación de la ley de interés preferencial y los pagos atrasados que estaban solicitando las constructoras con obras estatales necesitan del aval de los jefes de las finanzas del país.
La última reforma a la ley que aprobó Cortizo en 2021, entre otras cosas, establecía un tramo preferencial de hasta 4% por 10 años para los préstamos para viviendas con valor de $45,000 hasta $120,000.
Pero una vez arrancó el año 2023, el benefició varió y se hacía más costoso un préstamo hipotecario para algunos clientes.
Con el propósito de mantener ese 4%, a finales de marzo pasado, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, presentó un anteproyecto en el cual se pretendía extender ese tramo preferencial hasta el año 2028.
El documento pasó todos los filtros de aprobación, pero la ley se estrelló con el veto del presidente Cortizo. El Ejecutivo alegó que se comprometían fondos estatales sin haber hecho la consulta al MEF.
Pero la Capac y el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda advirtieron el frenazo que tendrían las ventas de casas, puesto que las hipotecas no tendrían la misma reducción en el interés.
A diferencia de lo que planteaba el proyecto promovido por Adames, el que enviará el Ejecutivo a la Asamblea determinaría el 4% en la reducción del interés preferencial hasta el año 2025, reveló Carlos Allen, presidente de la Capac.
No han faltado voces ciudadanas, a través de los foros y redes sociales que indican que se trata de un subsidio que beneficiaba exclusivamente a los promotores y constructores de viviendas nuevas y a los bancos.
Otros, por su lado, indican que sin ánimos de defender a constructoras, el interés preferencial tiene un beneficio para todos, porque desde el punto de vista multiplicador, el efecto de cada dólar invertido en el proceso beneficia con empleos, servicios y el pago de impuestos.
El interés preferencial es un subsidio aplicado a la tasa de mercado, dirigido a propiedades con un valor hasta por $180 mil.
El banco otorga a sus clientes préstamos con una tasa de interés reducida y el sacrificio es asumido por el Estado.
Las entidades bancarias presentan a la Dirección General de Ingresos (DGI) toda la documentación de los préstamos desembolsados para que emita una certificación de reconocimiento sobre el dinero que ha dejado de percibir el banco y que le será compensado.
Los bancos, en tanto, acreditan el dinero al pago del impuesto sobre la renta, una vez presentan sus declaraciones fiscales.
Pero la DGI se demora en emitir las certificaciones, y en este momento hay más de $500 millones a favor del sector bancario.
Allen indicó que también conversaron de la acreditación de estos fondos y la necesidad de que se les pague a las promotoras cerca de $70 millones correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
El programa implica un aporte o subsidio de $10 mil que se otorga a través del Miviot a las personas que desean adquirir su primera vivienda, y cuyo precio de venta no exceda los $70 mil.
Según Allen, la deuda podría ser saldada en unos 45 días.
