En una actualización de las proyecciones económicas del país, el próximo año Panamá se enfrenta a una revisión sustancial en los cálculos del desempeño del producto interno bruto (PIB), impulsada por la automática extracción de al menos el 4 puntos porcentuales, asumiendo como escenario base el cese de operaciones de las operaciones de Minera Panamá.
Así lo proyectó el economista Felipe Chapman, que junto a Renzo Merino, vicepresidente, analista senior de Moodys y líder del equipo encargado de la calificación del país, participó de un conversatorio organizado por la calificadora. Con estos cálculos, Chapman dijo que la economía crecería apenas 1% en el 2024.
Dos factores principales están en juego desde este 2023: en primer lugar, los disturbios y la prolongada huelga que se extendió por más de 30 días en octubre; y en segundo lugar: la suspensión de la actividad económica que dejó pérdidas de al menos $1,700 millones.
Los disturbios y la huelga, que dejaron una marca duradera en la economía, se combinan con el tiempo limitado para la recuperación en comparación con las protestas del año pasado, que se desarrollaron durante el mes de julio de 2022.
Chapman precisó que antes del conflicto minero, desde la firma Indesa se había proyectado que al cierre del año 2023 el producto interno bruto (PIB) crecería 6%, pero dado los acontecimientos en el país, se tendría un ajuste del 5%, mientras que ya el año 2024 el crecimiento será tímido, sin caer en la temida contracción.
Merino, en tanto, explicó las razones por la cual en octubre pasado la calificadora Moody´s rebajó el grado de calificación de Panamá, de Baa2 a Baa3, al tiempo que ajustó la perspectiva de negativa a estable. Se trata de falencias de vieja data que se han mezclado con acontecimientos recientes que generan fuertes presiones fiscales.
Destacó la pérdida de fortaleza fiscal en Panamá, al ser menos robusto financieramente que sus homólogos con calificaciones similares.
Esto se atribuye a diversos factores, incluyendo las debilidades institucionales y de gobernanza, como es el caso del aumento en los subsidios, los gastos de planilla y la crítica situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.
En la actualidad, los gastos como los intereses, las transferencias y los salarios, representan más del 60% del gasto del gobierno central, un aumento significativo desde hace una década cuando era menos del 50%., dijo.
Esperamos que lo que “nosotros denominamos la fortaleza fiscal del gobierno se deteriore en particular porque la carga de los intereses en adelante, consumirá más los ingresos del Gobierno. Para poner esto en contexto, antes de la pandemia el Gobierno gastaba más o menos 10% de sus ingresos en pagar los intereses de su deuda; para el próximo año esperamos que consuman más de 15%”.
Esto conlleva que Panamá perderá espacio fiscal y su capacidad de hacerle frente a situaciones de bajos ingresos y altos gastos.
En términos generales, para Moody´s la decisión judicial que anula el contrato minero, complica la consolidación fiscal y las perspectivas de crecimiento.
De acuerdo con la norma panameña, en el año 2023 el déficit fiscal debe ser el 3% del PIB nominal, según lo estipula la Ley No.185 de 25 de noviembre de 2020. En el año 2024 el déficit debería no ser mayor al 2%.
“ En el contexto de las elecciones en 2024 será muy importante conocer en primera instancia, cuál sería la dirección de las cuentas fiscales en el 2023 y 2024 y también hacia dónde transitará el crecimiento económico y las diferentes métricas del Gobierno en adelante”, enfatizó Merino.
Antes de que la Corte declara inconstitucional el contrato con Minera Panamá, Moody´s observaba en el cierre del año un crecimiento económico de 6% en el 2023, pero ahora están viendo este crecimiento como en 4% o 5%, aunque sus representantes aclaran que no tiene toda la información que necesitan para hacer un pronóstico específico.
