La ausencia de reformas al subsistema de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social eleva los riesgos para las finanzas públicas del país. Así lo ha señalado Fitch Ratings en la última acción de calificación efectuada sobre Panamá.
En una conversación telefónica, Carlos Morales, director del equipo de soberanos de Fitch Ratings, señaló que si no hay una reforma que dé mayor sostenibilidad al programa de pensiones, esto podría ocasionar que el gobierno central requiera de mayor endeudamiento para poder cubrir esos gastos.
El subsistema exclusivamente de beneficio definido tiene un problema estructural debido a que debe asumir el pago de las pensiones de los jubilados, pero no recibe nuevos cotizantes que aporten al sistema, con lo cual las reservas se están agotando.
Fitch recoge en su informe distintas estimaciones sobre el fin de las reservas del subsistema de beneficio definido, que varían entre finales de 2023 y 2024, fechas que ya se atisban en el horizonte.
Cuanto más tiempo pase sin que se acometan las reformas, más probable es que los riesgos y la mayor presión para las cuentas públicas se terminen materializando.
El diálogo convocado por el Gobierno para abordar la crisis del sistema de pensiones no ha arrojado resultados a la fecha y a medida que el tiempo avanza y se acerca la contienda electoral de 2024, menos espacio habrá para las reformas, teniendo en cuenta además el ambiente poco propicio para un debate de este calibre que dejó el estallido social ocurrido en el país en julio.
“Nuestro escenario base es que no existe la ventana de oportunidad para aprobar una reforma de este tamaño”, señala Morales, teniendo en cuenta que ni siquiera la discusión ha progresado y ni mucho menos se ha enviado alguna propuesta a la Asamblea Nacional.
Por lo tanto, la agencia estima que en esta administración será difícil que se concrete cualquier reforma, quedando la tarea, nuevamente, para el próximo gobierno.
En la reciente revisión de la calificación, Fitch mantuvo la nota de Panamá en BBB-, con perspectiva estable.
Este es el primer nivel dentro de lo que se considera grado de inversión, así que una eventual rebaja llevaría al país a perder la condición de grado de inversión, que identifica a los países más solventes, lo que les permite acceder a los mercados de capitales con mejores condiciones.
La revisión de octubre sigue a una efectuada en enero, cuando la agencia mantuvo la calificación en BBB-, pero mejoró la perspectiva de negativa a estable, alejando los fantasmas de la eventual pérdida del grado de inversión.
Fitch pronostica que la economía crecerá este año un 9%. Morales dijo que han visto un crecimiento relativamente robusto, con una variación positiva del producto interno bruto (PIB) de 11.8% en el primer semestre del año y con indicadores de actividad mensuales que mantienen un crecimiento de doble dígito.
Una de las interrogantes que todavía tiene la agencia es sobre la incidencia de las protestas de julio en el crecimiento económico, toda vez que aún no se conocen los datos del comportamiento del PIB al tercer trimestre.
De manera preliminar, la agencia cree que el impacto fue temporal y no incidió en toda la economía, sino que se circunscribió a una serie de sectores, principalmente los vinculados a la agricultura y a los bienes perecederos, debido al cierre de vías de comunicación, mientras que otros sectores no tuvieron el mismo nivel de afectación.
Así, por el momento, la agencia mantiene la estimación de crecimiento en 9% para el cierre del año.
Morales explicó que la minería y el Canal fueron los grandes contribuyentes al crecimiento en el primer año de la recuperación después de la contracción de 2020, mientras que este año ven en los sectores domésticos una recuperación más robusta y sigue habiendo espacio de mejora en actividades como la construcción, que aún está por debajo de niveles prepandemia.
Para 2023, el pronóstico apunta a un 4.5% de crecimiento, más en línea con los ritmos anteriores a la crisis sanitaria.
Morales advierte no obstante riesgos a la baja en estas previsiones, por las implicaciones para la región de una eventual recesión de la economía estadounidense.
La recuperación de la economía se debería traducir este año en una mejora en las métricas fiscales, tanto del déficit como de la relación entre deuda y PIB, ya que la mayor parte de los indicadores se calculan en función del tamaño de la economía.
El crecimiento de los ingresos favorecerá la consolidación fiscal, materializada en una reducción del déficit del gobierno central de un 7.1% en 2021 a un 5.2% este año.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal marca un 4% de límite de déficit para todo el sector público no financiero. Fitch prevé que el déficit al cierre del año estará alrededor de ese umbral, pero ve también ciertos desafíos para cumplir la meta.
Entre los aspectos que ponen presión al déficit están el aumento de gasto, por ejemplo en el subsidio al combustible aprobado tras las protestas de julio.
Morales se refirió al programa de reducción de gasto corriente anunciado por el Gobierno y señaló, como ha hecho la agencia anteriormente, que está pendiente ver la efectividad del programa para reducir esas presiones de gasto.
Mientras tanto, por el lado de los ingresos, destacó que todavía queda el interrogante sobre el contrato con la minera, que generaría mayores aportes al Estado, pero que aún debe pasar por la Asamblea, mientras que los mayores dividendos del Canal de Panamá serán favorables para ayudar en el cumplimiento de la meta fiscal.
El último dato de déficit fiscal que se conoce corresponde al primer semestre del año, justo antes del estallido social. Morales comentó que el balance refleja que los ingresos totales del gobierno central aumentan de manera importante, destacando un incremento de 26% en los ingresos tributarios de la mano de la recuperación económica, mientras que los gastos totales no aumentaron al mismo ritmo.
Sin embargo, el analista destacó que el déficit nominal del gobierno central es similar al del año pasado.
De esta manera, el mayor esfuerzo de consolidación fiscal se deberá hacer en la segunda mitad del año y a esto contribuye cierta estacionalidad en los ingresos, sobre todo por los dividendos del Canal, que son recibidos por el Gobierno al final del ejercicio.
