El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2025, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, fue retirado de la Asamblea Nacional este jueves 10 de octubre.
Se esperaba que el proyecto iniciara su discusión en primer debate, pero tras observaciones legales de la Comisión de Presupuesto, el ministro Felipe Chapman solicitó retirar el documento.
La comisión votó a favor de su solicitud, y Chapman indicó que deseaban hacer un examen minucioso para proponer posibles cambios a la propuesta presupuestaria, dentro de la capacidad fiscal del Estado panameño.
“Solicito respetuosamente que nos permitan reexaminar el Presupuesto General del Estado para el año 2025. Esa evaluación en detalle conlleva que se nos permita retirarlo y oportunamente presentarlo, una vez concluido dicho examen, tomando en consideración el análisis que han presentado los diputados”.
El diputado Manuel Cohen Salerno, secretario de la Comisión de Presupuesto, citó varias leyes que, supuestamente, se estarían ignorando con el proyecto.
Por ejemplo, mencionó la ley de Responsabilidad Social Fiscal (RSF) que se estaría incumpliendo porque con los gastos calculados para el año 2025 el déficit rebasaría el 1.5% del producto interno bruto (PIB) permitido por la actual norma.
De acuerdo con el análisis jurídico presentado por Cohen, la ley de RSF se debía reformar antes de presentar el proyecto del presupuesto, el cual llegó a la Asamblea el 7 de octubre, de la mano de Chapman.
Fue un día después, el 8 de octubre, que el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N.°39-24 que comprende una reforma a la ley fiscal, que aún no se discute en el órgano legislativo.
De acuerdo con el análisis de los diputados, también se pasó por alto el tiempo de entrega del mismo presupuesto, tal como lo estipula la Constitución Política de la República de Panamá.
En este caso, Cohen citó el artículo 179, en el que se indica que en los años en los que se coincide con el inicio de un nuevo gobierno, el presidente de la República y sus ministros deben enviar al órgano legislativo el presupuesto dentro de los primeros 40 días de sesión, es decir, en el mes de agosto.
También sustentó la falta de participación de la Comisión en las consultas previas a la presentación del presupuesto, tal como lo estipula el artículo 269 de la Constitución Política.
En la Comisión de Presupuesto se argumentó que el Informe de la Cuenta General del Tesoro que corresponde a la vigencia fiscal 2023 no ha sido entregado a la Asamblea Nacional, tal como lo mandata el numeral 8 del artículo 161 de la carta magna.
Igualmente, Cohen criticó el incumplimiento de la Ley 362, que asigna el 7% del producto interno bruto al sector educativo.
Dijo que a pesar de que el PIB para agosto de 2024 alcanzó los $87,347 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el sector educativo no estaría recibiendo los recursos necesarios.
De acuerdo con el análisis de los diputados, el 7% del PIB a la educación implicaría una asignación de $6,114.3 millones en el presupuesto de 2025. Sin embargo, el proyecto de Ley No. 122 asigna $4,346 millones.
Chapman y su equipo de trabajo escucharon por más de una hora todos los argumentos expresados por Cohen. No refutó los argumentos. Leía documentos, mientras susurraba al oído de uno de los funcionarios del MEF.
Cuando le tocó defender su primer presupuesto, decidió pedir que se retirara para hacer un análisis exhaustivo del análisis de los diputados. No quiso entrar en una discusión que daría lugar a una sesión permanente sin salida a la vista.
Todo parece indicar que volverá con toda su artillería la próxima semana.
El ministro no la tiene fácil. Elaboró un presupuesto de $26,084 millones para el año 2025, lo que plantea una reducción del 15% respecto a la partida de 2024.
El proyecto de ley del presupuesto general del Estado implica un duro recorte para la Asamblea Nacional, una entidad marcada por planillas abultadas, excesivos gastos y bajísima inversión.
De acuerdo con el proyecto presentado por el ministro de Economía, Felipe Chapman, esta entidad manejaría una partida de $88 millones para todo el año 2025, cuando la aspiración de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, era de $150 millones.
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