La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) fijó fecha para la eliminación de la figura de los créditos modificados que se aprobaron como medida de alivio para los clientes que tenían algún tipo de afectación económica derivada de la crisis sanitaria por la pandemia.
El acuerdo número 12 de 2022, publicado el 16 de noviembre de este año por el regulador bancario, establece los parámetros y lineamientos para la eliminación y restablecimiento definitivo de la cartera llamada mención especial modificada para que migren hasta el 31 de diciembre de este año, a las condiciones de créditos habituales que manejan las instituciones financieras.
Con esta medida los bancos comenzarán a clasificar los créditos que hayan estado en alivio financiero o modificados, vigente hasta la fecha, en categorías de riesgo crediticio según el tiempo de atraso en los pagos.
Durante la pandemia los clientes que se acogieron a algún tipo de figura de crédito modificado o en alivio financiero se les dio un período de gracia para pagar mientras su situación económica estaba afectada, sin embargo, siguieron corriendo los intereses generados por esas deudas.
Según este nuevo acuerdo, un crédito corporativo, de consumo e hipotecario que tenga hasta 60 días de atraso, está dentro de la clasificación de un crédito normal. Además se medirá también el tipo de garantía que tenga sobre el bien adquirido.
Igualmente la clasificación coloca los créditos corporativos con atrasos en los pagos por entre 181 a 270 días, como préstamos dudosos.
En el caso de los préstamos de consumo (personales, tarjetas de crédito entre otros), se considerarán de dudosa recuperación los que tengan atrasos de entre 121 y 180 días y no cuenten con garantía. Los que tengan garantía y el atraso en los pagos esté entre los 271 a 360 días entrarían en esa clasificación dudosa, al igual que en el caso de hipotecas con ese número de días sin pagar.
Se establece que los plazos para considerar un crédito irrecuperable y por lo tanto expuesto a que se ejecuten las garantías o se realice algún proceso de coacción y judicial, son de más de 270 días, en el caso de los créditos corporativos sin garantía. Y los que tengan más de 360 días de retraso si cuentan con garantía.
Los clientes con hipotecas con más de 360 días de retraso, lo que es igual a un año sin pagos, se considerarán como un crédito irrecuperable.
Hasta el cierre de septiembre el monto de créditos en las categorías de modificado dudoso y modificado irrecuperable, debido a que hasta la fecha no habían podido realizar arreglo de pago, asciende a 935 millones de dólares según la Superintendencia de Bancos. Mientras que el total de los créditos modificados estaba por el orden de los 3 mil 37 millones de dólares.
Las hipotecas son las que mayor representatividad tienen dentro de la cartera de créditos modificados, con mil 504 millones de dólares. Sin embargo, en un año se han reducido en 74.2% o lo que equivale a 4 mil 327 millones de dólares que salieron del alivio financiero a través de algún arreglo de pago con los bancos.
En la Superintendencia de bancos explicaron que en el caso de los créditos clasificados como irrecuperables las instituciones financieras deberán dar cumplimiento a las regulaciones sobre riesgo de crédito emitidas por el regulador, así como seguir los lineamientos de sus políticas internas de crédito.
Sostienen que los bancos que procedan a ejecutar las garantías, seguirán igualmente los lineamientos establecidos o deberán asegurarse de cumplir con las disposiciones contempladas en las regulaciones de riesgo de crédito. “Los clientes que se encuentren en una situación de morosidad por los créditos modificados traten de ir a los bancos y buscar reestructurar estos préstamos en base a la nueva realidad económica que tengan, pero no pueden dejar de enfrentar esta situación”, reiteraron en la SBP.
Se encarecerá el crédito
El economista Carlos Arauz advierte que acabar con la categoría de estos préstamos modificados, al 31 de diciembre, obliga a los bancos a implementar acciones en el lado de las provisiones por el deterioro de la cartera, si es que no lo habían hecho antes, y por otro lado obliga a castigar las carteras de créditos, lo que afectará las ganancias netas de los bancos.
Explica que los bancos que no se hayan preparado y no tengan suficientes reservas van a tener un cierre de 2022, cuando publiquen sus estados financieros en marzo de 2023, muy por debajo de lo que anticipaban en ganancias netas, y aunque se trata de entradas contables el resultado no será el que esperaban.
Araúz precisó que ya no quedarán alternativas u opciones para que los bancos puedan negociar con los clientes. “Lamentablemente ante una situación de estrechez económica porque recordemos que el nivel de desempleo ha subido sobremanera y las empresas no están generando las ganancias de antes, hay un tema de demanda muy controlada y contraída y eso afecta el crédito”.
Indica que como resultado de lo que ha sucedido, las personas o empresas más vulnerables no tendrán acceso a créditos y los bancos por su parte tendrán más cautela por el riesgo crediticio que significa.
Araúz advierte que las tasas de interés han venido subiendo producto del control inflacionario con la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. En este contexto, en Panamá también seguirán impactadas ahora por esta decisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que presionará al alza la prima de riesgo de los bancos.
“Se acaba formalmente el manejo especial por casi dos años y medio en la pandemia. Vamos a ver cómo reaccionan los bancos medianos y pequeños y cómo sus clientes se verán afectados porque la contracción de crédito se va a dar y por otro lado el crédito será más costoso”.
¿Qué pasa con el historial crediticio?
Gonzalo Córdoba, ejecutivo de operaciones y tecnología de la APC Intedilat, explicó que los llamados créditos modificados no tenían un tratamiento especial a la hora de registrar el historial crediticio.
“Lo que hace la APC es registrar los datos que reportan los bancos o entidades donde se adquirió un crédito y en el historial aparece el monto de esa deuda y los días de retraso en el pago. Si está al día se contabiliza con el número 1 y si debe un mes con el número 2. Un cliente que debe más de 365 días se le contabiliza con el número 9″.
Al estar el registro en la APC, los agentes económicos a los que acudan los clientes para pedir un préstamo, pueden ver previa autorización del mismo, el estatus de días de retraso y los créditos que la persona tenga vigentes.
“El hecho de que una persona tenga un número definido de días de atraso puede ser que un agente económico lo interprete para aceptar o rechazar a ese consumidor, pero todo dependerá del apetito de riesgo que posea la institución financiera o establecimiento”, explicó Córdoba.
En el caso de los clientes que han tenido un proceso judicial o de ejecución de garantía de un préstamo irrecuperable porque no pudo seguir pagando, es posible que si hubo un caso grave de incumplimiento, aparezca una observación que el mismo banco o institución financiera refleje en el reporte que envía a la APC.
Sin embargo, luego de cinco años del último pago que se haya realizado, por ley esta deuda desaparece del historial crediticio de la APC, pero no se elimina la obligación de deuda o mora que tiene el cliente con el banco o institución.
