Oficialmente, se han conformado tres paneles arbitrales relacionados con el sector minero contra Panamá en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
Con la designación del italiano Luca Radicati el pasado 9 de diciembre como árbitro presidente, se concretó el nombramiento de los tres responsables de resolver la disputa entre la empresa canadiense Corporación Franco-Nevada y el Estado panameño por el cierre del proyecto Cobre Panamá, operado por Minera Panamá, filial de la también canadiense First Quantum.
Franco-Nevada está solicitando una compensación de 5 mil millones de dólares por el cierre de la mina, luego de que los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia determinaron que el contrato firmado por el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo con Minera Panamá ocurrió en medio de protestas masivas que paralizaron la economía por más de 30 días.
En sus estados financieros correspondientes a 2023, Franco-Nevada reconoció una pérdida de mil millones de dólares por el cierre de la mina en Panamá, ya que la compañía financió parte de la construcción del proyecto ubicado en una concesión de poco más de 13 mil hectáreas en las montañas de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Como parte del acuerdo firmado en su momento con First Quantum, Franco-Nevada tendría la opción de comprar el oro extraído de la mina a precios más bajos en comparación con la cotización en el mercado internacional.
Los otros árbitros que acompañarán a Radicati en el panel son el alemán Klaus Sachs, quien fue designado por la empresa demandante, mientras que el Estado panameño seleccionó al colombiano-estadounidense José Antonio Rivas. Tras la conformación del panel, se decidirá el calendario de fechas para que ambas partes presenten sus argumentos.
El otro panel que ya cuenta con sus tres árbitros está relacionado con la demanda que interpuso Orla Mining, también de capital canadiense, que pide un pago mínimo de 400 millones de dólares, luego de que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) no renovara las concesiones que tenía para extraer oro en Azuero, específicamente en Cerro Quema, en la provincia de Los Santos.
Aunque la concesión de Orla Mining no está relacionada con la mina operada por First Quantum, la no renovación de sus permisos sí es consecuencia directa de la crisis generada por la firma del contrato con Minera Panamá. Y es que, el gobierno anterior aprobó la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que prohíbe la minería metálica en todo el territorio nacional.
Las concesiones en Cerro Quema incluyen un proyecto de oro a cielo abierto en etapa de prefactibilidad, un recurso de sulfuro de cobre y oro, y varios objetivos de exploración que se extienden por más de 10 mil hectáreas. Orla Mining asegura haber invertido 120 millones de dólares para poner en funcionamiento las tres concesiones.
Este panel será presidido por Yves Derains, de Francia, mientras que Horacio Grigera Naón, de Argentina, fue nombrado por la empresa, y Panamá seleccionó al también argentino Ignacio Torterola.
El pasado 10 de diciembre se formalizó la conformación del tercer panel arbitral contra Panamá, solicitado por los accionistas de Petaquilla Minerals, empresa que explotó el yacimiento Molejón, cercano a la concesión operada por Minera Panamá. Esta concesión fue anulada en 2021 cuando el Gobierno declaró la zona como una reserva natural, luego de determinar que la empresa no había subsanado irregularidades ambientales ni pagado regalías al Estado.
En 2017, la Corte declaró como inconstitucional el contrato de 1997 que creó el distrito minero de Petaquilla, normativa que después se utilizó para crear las concesiones de Petaquilla y Minera Panamá. Aunque el Centro de Incidencia Ambiental interpuso en 2009 un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato de 1997, la Corte tardó 8 años en resolver la demanda, tiempo durante el cual Petaquilla comenzó a extraer oro en Molejón.
Los accionistas de la empresa están solicitando una compensación superior a los 2 mil millones de dólares, entre regalías dejadas de percibir y daños por la cancelación de la concesión. Las exportaciones de oro panameñas producto de la operación en Molejón alcanzaron los 200 millones de dólares entre 2011 y 2013.
La demanda de Petaquilla contra Panamá será revisada por Deva Villanúa Gómez, de España, quien aceptó la semana pasada su designación como árbitro presidente, y estará acompañada por Oscar M. Garibaldi, de Argentina, y Carlos Paitán Contreras, de Perú, quienes fueron escogidos por la empresa demandante y el Estado panameño, respectivamente.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ha señalado que el Gobierno no realizará comentarios sobre las demandas interpuestas contra Panamá, por ser procesos legales en curso. Por su parte, el presidente Mulino ha dejado claro que no será hasta 2025, y después de que se aprueben las reformas a la Caja del Seguro Social, que su administración tomará una decisión sobre las concesiones mineras.
No obstante, ha expresado en múltiples ocasiones que su gobierno no se sentará a conversar con ninguna empresa que mantenga demandas vigentes contra el Estado. “Sería como negociar con un arma en la cabeza”, ha expresado Mulino.
Lo cierto es que el desenlace de las demandas arbitrales contra Panamá ya comienza a preocupar a las agencias calificadoras, que ven en un fallo en contra para el país una carga pesada para las finanzas del Estado, que actualmente atraviesa una crisis de baja recaudación.
Aunque First Quantum ha indicado que su primera opción es alcanzar un acuerdo con el Estado, la empresa ha avanzado con las dos demandas interpuestas contra Panamá por el cierre de la mina de Donoso, donde solicita un pago superior a los 20 mil millones de dólares.
La audiencia final de uno de los arbitrajes presentados en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) se realizará en septiembre de 2025. Esta demanda se presentó en base a la cláusula de arbitraje del contrato de concesión que el gobierno de Cortizo firmó a finales de octubre de 2023. El segundo proceso se presentó bajo los lineamientos del TLC con Canadá, y la empresa asegura que tiene 3 años para avanzar con esta demanda.
Impacto en las finanzas
Para Moody’s, los riesgos crediticios potenciales para el balance del gobierno pueden provenir de la materialización de pasivos contingentes derivados del proceso de litigio en curso relacionado con el proyecto minero Cobre Panamá, luego de la cancelación de su contrato en 2023.
“En ausencia de medidas para abordar este riesgo, incluida la reapertura de las negociaciones con los operadores de la mina, el perfil crediticio del gobierno podría enfrentar un shock financiero severo en caso de una sentencia adversa. En esta etapa, no estamos considerando ningún costo adicional relacionado con Cobre Panamá”, dijo la calificadora.
Por su parte, el banco estadounidense Citi considera que en 2025 el Gobierno de Mulino debe tomar una decisión sobre el futuro de la mina de Donoso, no para resolver la crisis fiscal que afecta las finanzas del Estado, sino para evitar un choque con la empresa en la esfera arbitral.
“El país podría enfrentar un fallo en contra en el que tendría que pagar una de las demandas, y eso sí sería un choque fiscal fuerte. Reabrir la mina o abrirla para cerrarla sería una forma de mitigar o postergar ese impacto fiscal”, indican los analistas de Citi.
Riesgo-recompensa
Hace unos días, el banco alemán Deutsche Bank mantuvo su calificación de compra de las acciones de First Quantum en torno a los 17 dólares. Actualmente, el precio de los valores de la compañía supera los 14 dólares. El cierre de la mina de Donoso representó la pérdida del 40% de sus ingresos operativos, por lo cual la compañía se ha enfocado en concesiones que tiene en Zambia, mientras espera que se resuelva el futuro de la mina de Donoso.
Para el banco alemán, la relación riesgo-recompensa de comprar acciones de First Quantum es más atractiva que la que ofrecen otros competidores mineros, tomando en cuenta las opciones que tiene la compañía de obtener una importante compensación a través de las dos demandas interpuestas contra el Estado panameño y las altas posibilidades de que la mina vuelva a operar en el corto y mediano plazo.
“Una parte clave del proceso será comenzar una auditoría ambiental que se espera inicie en el primer trimestre de 2025, la cual podría aumentar la transparencia con el público y equilibrar la balanza a favor de aquellos que apoyan la reapertura de la mina”, indicó la entidad alemana.
