Mucha agua corrió por debajo del puente desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997 que autorizó la extracción de cobre en las montañas de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Fue este fallo el que visibilizó la necesidad de negociar un nuevo contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals
Después de una primera negociación que se extendió por más de cuatro meses y que culminó con un ultimátum dado por el Gobierno, Minera Panamá anunció hace más de un año, el 17 de enero de 2022, que aceptaba los nuevos términos económicos y fiscales que regirían durante la vigencia del nuevo contrato.
En aquel momento se suponía que el 2% de regalía sobre la venta bruta que venía pagando la minera desde 2019 basada en los términos del contrato de 1997, sería reemplazado por un pago sobre las ganancias brutas, pero el porcentaje dependería del margen operativo reportado por la empresa y que podría oscilar entre el 12% y 16%. (Ver tabla).
También que se pondría fin a las exoneraciones fiscales de las que gozaba la empresa que compró la concesión en 2013, además de cambios en los términos ambientales y laborales.
Es decir, que la empresa se había comprometido hace más de 13 meses a transferir al Estado un pago mínimo anual de 375 millones de dólares. Tomando como válida la aceptación de la empresa, el presidente Laurentino Cortizo anunció al país, el 28 de marzo de 2022, que el 50% de las regalías se destinarían a salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social, mientras que un 20% se utilizaría para que ningún jubilado reciba una pensión inferior a los 350 dólares mensuales.
Pero a medida que el año 2022 siguió avanzando, funcionarios del Mici informaban que todavía no había culminado la redacción del nuevo contrato, y no fue hasta el pasado 14 de noviembre que el Gobierno dio un segundo ultimátum y un plazo de un mes a Minera Panamá para firmar el nuevo contrato.
Cumplido el término de los 30 días, First Quantum, anunció que no firmaría el contrato, ya que necesitaba que se establecieran medidas de protección en caso de un desplome en el precio del cobre en los mercados internacionales.
El país entró en una vigilia permanente sobre la relación minera- Estado.
Con el pasar de las semanas, ambas partes aumentaron el tono de voz y presiones para destrabar las conversaciones, al punto de que el 26 de enero de 2023, la Autoridad Marítima de Panamá, congeló las operaciones del puerto de Punta Rincón, a través del cual, la minera exporta el concentrado del cobre, del cual, el 60% va a parar a plantas en China.
Con el cierre del puerto y sin espacio para continuar almacenando el material procesado, el pasado 23 de febrero, First Quantum anunció el cese de las operaciones de procesamiento y comenzó con el proceso de enviar a 1,100 trabajadores de vacaciones por 15 días, al tiempo de que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral negó una solicitud para suspender temporalmente el contrato a más de 4 mil trabajadores.
Transcurridos 415 días desde el 17 de enero de 2022, el Gobierno y First Quantum anunciaron ayer que habían alcanzado un acuerdo sobre el texto final del contrato.
Por medio del Mici, el Gobierno informó que con el acuerdo “se espera” alcanzar un pago mínimo anual de 375 millones de dólares.
El ministro de Comercio, Federico Alfaro Boyd, señaló que el pacto es justo y equitativo, ya que beneficia al país y brinda seguridad a la empresa.
El texto será sometido a consulta pública durante 30 días, luego será enviado al Consejo de Gabinete para su aprobación, que deberá autorizar al Mici para que firme el contrato. Cumplido estos pasos, el documento será trasladado a la Contraloría General para que sea refrendado y por último, la Asamblea Nacional deberá aprobar o rechazar el documento.
Tristan Pascall, CEO de First Quantum y quien se reunió ayer con Cortizo, indicó que el contrato se alcanzó tras un “largo y arduo proceso”, por lo cual, espera establecer una larga y constructiva relación con Panamá.
Pago y protección
En un comunicado, la minera canadiense detalló parte los términos acordados con el Gobierno panameño, que incluyen el pago de 395 millones de dólares correspondiente a la operación del proyecto Cobre Panamá durante 2022.
También se comprometió al pago de 375 millones de dólares durante 2023, incluyendo regalías entre el 12% y16%, impuestos corporativos y retenciones fiscales. Entre las protecciones que logró incluir en el acuerdo, la minera no estará obligada a cumplir con el pago mínimo anual si el precio de la libra del cobre cae por debajo de los 3.25 dólares y en cambio pagaría una tasa especial.
En este punto, el Gobierno cedió a las exigencias de la empresa, ya que inicialmente, se había acordado un precio de 2.75 dólares. Actualmente, el precio de la libra de cobre supera los 4 dólares.
Rechazo
Isaías Ramos, técnico del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), organización que interpuso la demanda de inconstitucional contra la ley 9 de 1997 y que a la postre fue aceptada por la CSJ, comenta que todo el proceso se realizó a espaldas de la población, que solo recibió medias verdades de los puntos que fueron negociados.
“El nuevo contrato, cuyo contenido aún no tiene fecha cierta para ser revelado, permitirá someter a dos distritos del país a daños ambientales irreparables por 40 años más, al tiempo que los graves incumplimientos ambientales del proyecto siguen sin ser adecuadamente investigados y sancionados”, comentó.
Al igual que Ramos, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) señaló que el acuerdo alcanzado por el Gobierno, incumple el dictamen de la CSJ, que a través del fallo de inconstitucionalidad, ordenó que realizara una licitación para seleccionar al mejor proponente para continuar con la extracción de cobre.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de Minera Panamá, sindicato mayoritario dentro del proyecto Cobre Panamá, comunicó que esperan que la empresa reconozca el derecho de los trabajadores de participar en las utilidades que genere la mina. Además, solicitaron que se actualice la estructura de salarios dentro del proyecto, ya que la actividad minera, reporta altos niveles de productividad en el país.
