La empresa minera First Quantum Minerals anunció que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Laurentino Cortizo a fin de conocer los detalles de la consulta popular que fue solicitada y anunciada recientemente por el mandatario panameño.
La noche del pasado domingo, Cortizo informó −en un mensaje a la Nación− que solicitaría esta consulta popular para que la población decida si se deroga o no la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, en medio de las protestas masivas que se llevan a cabo en todo el país por su aprobación.
El controvertido contrato para la explotación mineral en Donoso, por 40 años, fue adjudicado a esa empresa canadiense este mes.
En un comunicado, la empresa canadiense señaló que también está enterada de los comentarios realizados por el Tribunal Electoral (TE) respecto a las consideraciones legales y logísticas sobre la realización de dicha consulta, anunciada por el propio Cortizo que se celebraría el 17 de diciembre próximo.
Ayer, lunes, a eso de la 1:00 p.m., los magistrados del TE convocaron a una conferencia de prensa para anunciar que en estos momentos “no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular”.
Según el magistrado presidente de este tribunal, Alfredo Juncá, la solicitud planteada por Cortizo implica “un esfuerzo adicional y paralelo” al complejo proceso de organización de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, para lo cual el TE se ha venido preparando desde hace dos años.
Horas después, el proyecto de ley que convoca a una consulta popular llegó a la Asamblea Nacional de la mano del ministro de Gobierno, Roger Tejada. “Luego de la aprobación de este proyecto de ley, el TE estaría comisionado y obligado a generar este proceso”, afirmó Tejada a los medios de comunicación.
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La compañía señaló también que está al tanto de los los recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto contra la Ley 406. Hasta ahora, se han presentado seis demandas de inconstitucionalidad; de momento se han admitido dos (una por la magistrada María Eugenia López y la otra por Olmedo Arrocha).
En otra parte del comunicado se expresa lo siguiente: First Quantum Minerals siempre ha sido un defensor de Panamá y su gente y está comprometido con el estado de derecho con el objetivo de lograr beneficios para el país, sus ciudadanos, la compañía y sus partes interesadas.
“Creemos en este proyecto y su potencial y agradecemos la oportunidad de tener un diálogo constructivo con el pueblo de Panamá sobre su futuro”, precisó la empresa, con sede en Toronto.
First Quantum Minerals también señaló sentirse “orgulloso” de ser un contribuyente significativo a la economía panameña, de crear empleo y oportunidades de empoderamiento para miles de panameños, y de patrocinar una amplia gama de programas sociales, culturales y de biodiversidad en Panamá.
La empresa aseguró asimismo que están comprometidos a operar de una manera ambientalmente sensible, cumpliendo con todas las obligaciones de cumplimiento ambiental y apoyando la biodiversidad de Panamá. “Seguimos comprometidos a reforestar casi el doble del área que explotamos”, subrayó el comunicado.
“Como la mayor inversión privada en la historia de Panamá, la mina Cobre Panamá ahora aporta casi el 5% del producto interno bruto de Panamá, representa el 75% de las exportaciones de bienes del país y ha creado al menos 40 mil empleos, directa e indirectamente”, que −según estiman− sostienen a 100 mil o más panameños y sus familias.
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Tras el anuncio hecho por el presidente Cortizo de una convocatoria para una “consulta popular” sobre el contrato suscrito entre el Estado y Minera Panamá, las protestas a lo largo del país se han mantenido, incluso con el anuncio de una huelga de educadores.
Hay cierres de importantes vías en el país (como la Interamericana), las clases en el sector oficial están suspendidas, los desfiles patrios oficiales del 3, 4, 5 de noviembre fueron pospuestos temporalmente y las enfermeras han anunciado un paro de labores programado a partir de este jueves.
