La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings planteó dudas sobre la capacidad del Gobierno de cumplir los objetivos de déficit que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para este y los próximos ejercicios.
En 2020, tras el impacto económico causado por las restricciones impuestas en la pandemia, el Gobierno elevó sustancialmente el límite de déficit permitido por ley para dar espacio al aumento del gasto y la fuerte caída de ingresos. En esa misma reforma legal, se plasmó una trayectoria de reducción del déficit, lo que también se conoce como consolidación fiscal.
Así, de un límite de 10.5% en 2020, se iría bajando paulatinamente a un 7.5% en 2021, un 4% en 2022, un 3% en 2023, un 2% en 2024 y un 1.5% de 2025 en adelante. El aumento del déficit en los últimos años refleja el alza en los niveles de deuda pública, y con la reducción del déficit se busca que el ritmo de endeudamiento se vaya reduciendo.
Fitch ha señalado que, sin una estrategia de consolidación clara, será un desafío cumplir con unos objetivos de déficit cada vez más restrictivos.
El Gobierno debe reducir el déficit fiscal para cumplir con los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, pero el principal componente del gasto público, que es el que se destina a cubrir las operaciones del aparato estatal y los intereses de la deuda, no cede.
Carlos Morales, director del equipo de Soberanos de Fitch Ratings, comentó que aunque se prevén ciertos ingresos extraordinarios, como por ejemplo los aportes de la minería, “hay presiones de gasto que pudieran continuar afectando el déficit fiscal y no se ve claramente cuál es la trayectoria de reducir o contener gastos para poder cumplir con la meta fiscal este año”.
Por su parte, el economista Ernesto Bazán coincidió en que el cumplimiento de la norma fiscal este año representa un desafío, entre otras razones porque “no se ve ningún esfuerzo por parte de la administración en reducir los gastos o en mejorar la eficiencia del Gobierno”.
Algunas de las presiones adicionales son consecuencia de los acuerdos alcanzados tras las protestas de julio del año pasado, como por ejemplo el subsidio para congelar el precio del combustible, aún vigente.
Bazán mencionó también la planilla del Estado, un gasto que, dijo, “tiene vida propia”, en referencia a las leyes especiales que conceden aumentos automáticos a determinados servidores públicos.
Fitch Ratings recordó la suspensión desde la pandemia de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento en el que el Gobierno plasmaba sus proyecciones económicas y fiscales en un periodo de cinco años, según lo establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Morales señaló que se entiende que la pandemia fue un evento de un gran impacto, que afectó cualquier predicción de ese año y de los siguientes, pero también afirmó que ese documento se utiliza para conocer las proyecciones económicas y fiscales del Gobierno y cómo se estaba planeando el cumplimiento de la regla fiscal, una ruta que ahora se desconoce.
A las dudas sobre el cumplimiento del límite de déficit en 2023 y los próximos años se suma la forma cómo se logró cerrar 2022 dentro del 4% establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Pese a un aumento sustancial en los ingresos, dos medidas extraordinarias contribuyeron a lograr la meta de déficit. En primer lugar, el cambio de año base para calcular el producto interno bruto (PIB), que provocó un aumento sustancial en el PIB, lo que hace lucir mejor las métricas fiscales que se comparan con el tamaño de la economía.
Además, el gobierno difirió el pago de $364 millones de intereses de la deuda correspondientes al año 2022 para ser pagados entre 2024 y 2026, reduciendo el gasto de 2022 pero poniendo más presión a unos presupuestos que tendrán menos espacio para el déficit.
Estas medidas, según dijo Fitch, pesan en la credibilidad de la política fiscal del país, como también lo hicieron los constantes cambios a los límites de déficit fiscal.
Bazán dijo que cumplir los objetivos de déficit a través de movimientos estadísticos y contables no cuadra con el espíritu de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que busca que los gastos no sean exagerados respecto de los ingresos.
Para seguir poniendo presión en el lado del gasto, en un futuro cada vez más inmediato se asoma la crisis del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de donde salen los fondos para pagar las pensiones a los jubilados.
El fin de las reservas del programa está cada vez más cerca y si no se encuentra una solución, el Gobierno tendría que hacer transferencias para cubrir el pago de las pensiones. Pese a la convocatoria por parte de esta administración de un diálogo para abordar el tema, las soluciones no llegaron.
Morales dijo que visto el ritmo del diálogo y que cada vez está más cerca el torneo electoral de 2024, persiste la duda de la capacidad de esta administración por impulsar una reforma de pensiones que mejore la sostenibilidad del sistema. “Esta es una de las preocupaciones fiscales que tenemos en los próximos años”, dijo Morales.
Para ese 2024, además, el límite de déficit volverá a ser más estrecho, de un 2% del PIB, si no se hacen más cambios a la ley fiscal.
Bazán señaló que si la administración tuviese una visión de país a largo plazo y no solo de su mandato, trabajaría desde ahora para apuntar a ese 2% de 2024, a través de reformas que permitan llegar en buenas condiciones al objetivo de déficit. Por el contrario, dijo que lo que se hace es “año a año” ver cómo se llega al nivel de déficit.
Desde la pandemia, Panamá ha visto cómo su calificación de riesgo ha sido rebajada por parte de las tres grandes agencias internacionales de rating, manteniendo en todos los casos el grado de inversión.
De las tres agencias, la que tiene a Panamá en un nivel más bajo es Fitch Ratings, cuya última acción de calificación se produjo en octubre de 2022, con la afirmación de la calificación en BBB- y perspectiva estable, es decir, en el primer nivel de calificación dentro de lo que se considera grado de inversión.
Consultado sobre el calendario de revisión de la calificación de la agencia, Morales dijo que si no hay algún evento extraordinario que les lleve a tomar alguna decisión antes, se puede esperar una actualización de la calificación soberana de Panamá entre el tercer y cuarto trimestre de este año.
Con la calificación de riesgo, las agencias emiten una opinión sobre la solvencia de los países y su capacidad de hacer frente al pago de sus deudas. Cuanta más alta es la calificación de un país, mejores condiciones suele obtener a la hora de financiarse y más atractivo resulta para la inversión, situación que cobra más importancia en un entorno de incertidumbre en los mercados y alzas en las tasas de interés que hacen más costoso cada dólar que se toma prestado.
