El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un nuevo informe sobre Panamá en el que evalúa al sector financiero y analiza las medidas adoptadas por el país para evitar el lavado de dinero y combatir el financiamiento al terrorismo.
El organismo multilateral reconoce los esfuerzos que ha hecho el país para fortalecer las regulaciones en esta materia y que generaron que finalmente fuera excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera GAFI en octubre de 2023.
Sin embargo, advierte que el país no puede relajar las medidas y debe reforzar las regulaciones y los controles porque sigue siendo un país vulnerable de amenazas externas que pueden usar el sistema financiero local para lavar dinero y otras irregularidades.
“Su economía dolarizada, la naturaleza abierta de su sector financiero y la disponibilidad de una amplia gama de servicios corporativos, así como su estatus como un centro financiero regional políticamente estable, hacen que Panamá sea vulnerable a amenazas extranjeras de lavado de dinero. Las personas y arreglos legales establecidos en Panamá están particularmente en riesgo de ser utilizados para ocultar el origen, la propiedad beneficiaria o el propósito de los flujos financieros ilícitos”, señala el informe del FMI.
Refiere el organismo multilateral que el sector corporativo de Panamá está dominado por fundaciones de interés privado, fideicomisos y sociedades de responsabilidad limitada y muchas de ellas estaban expuestas a un alto o medio nivel de riesgo de lavado de dinero.
Indica, además, que Panamá tiene un gran número de personas jurídicas suspendidas—cerca de medio millón— que requieren un camino hacia la disolución definitiva.
En los últimos cinco años, ha habido una reducción dramática en el número de personas jurídicas activas en el Registro Público. Pasó de 500,479, en mayo de 2017, a cerca de 218,806 en marzo de 2023.
“Aunque hay una presunción legal de que las empresas suspendidas se disolverán después de un año (a menos que aborden la causa subyacente de la suspensión y sean reactivadas), en la práctica esto no está sucediendo. Se debe llegar a un acuerdo a nivel de políticas y desarrollar procedimientos para disolver y liquidar las empresas suspendidas que han pasado el plazo para la reactivación”, menciona el FMI.
Precisa que esto permitiría que las entidades obligadas, incluidos los bancos, se beneficiarían de la claridad sobre cómo tratar con los clientes existentes cuyo estatus legal está suspendido para facilitar la identificación continua de personas jurídicas suspendidas y evitar la disolución de activos.
Algunas de las razones por las cuales se suspendieron alrededor de 56,000 sociedades tenían que ver con la morosidad de hasta más de tres años de la tasa única según reportó en su momento la Dirección General de Ingresos. Y otra de las razones era porque no tenían un agente residente y por inactividad.
Ampliar el registro de beneficiarios finales
En tal sentido el FMI indica que los esfuerzos logrados con el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF) y la creación de una Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) están bien dirigidas y deben continuar las reformas.
“Si bien la implementación del RUBF es un paso significativo hacia adelante, se debería considerar la ampliación del alcance y uso del registro para asegurar que continúe alineándose con el panorama de riesgos en evolución. El acceso al RUBF ha estado restringido a “autoridades competentes” desde noviembre de 2022, y el registro solo es accesible a través del nombre de la persona jurídica o el número de registro”.
El FMI considera que en el futuro se debería habilitar las búsquedas de otros puntos de datos (por ejemplo, el nombre del beneficiario final), lo que mejoraría la utilidad del RUBF para fines de investigación y cooperación internacional.
También recomienda explorar la posibilidad de abrir el RUBF a otras partes interesadas, incluidas las entidades obligadas, para promover la notificación de discrepancias, lo que a su vez mejoraría la calidad de la información.
Datos de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) indican que el Registro de Único de Beneficiarios Finales tenía un cumplimiento de 89% en la meta de actualización. Cuando estaba en el 80% abarcaba a 167,845 personas. La superintendente de sujetos no financieros, Dayra Carrizo Castillero, informó que están registradas hasta la fecha 182,501 personas jurídicas en el RUBF.
