El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha heredado una crisis sin precedentes en el sistema público de pensiones. La Prensa ha tenido acceso a información reveladora, mientras el mandatario hace acercamientos con los partidos políticos, sindicatos y sector privado para hablar justamente de la severidad del problema.
El último informe financiero de la Caja de Seguro Social (CSS) advierte que el subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) cerró el año 2023 con un déficit de $673.5 millones.
Esto significa que, tras recaudar todos los ingresos del programa, hubo un faltante de $673.5 millones para cubrir los gastos, principalmente originados por el pago anual que se hace a favor de, aproximadamente, 200 mil pensionados.
Esta información se desprende de los estados financieros de la CSS, entregados por Enrique Lau, director saliente de la entidad, a la Contraloría General de la República.
La crisis del subsistema de pensiones ha entrado en un espiral sin retorno.
Los déficits han ido creciendo con el paso de los años y las reservas se han esfumado.
Como los pagos a los jubilados aumentan cada año y los ingresos provenientes de la cuota obrero-patronal que se designan a este programa no son suficientes para hacerle frente a estos compromisos, se toma dinero de las reservas o ahorros para pagar las pensiones.
Está el fideicomiso, que forma parte de las reservas del IVM, constituido por los aportes que el Estado ha realizado a lo largo del tiempo, con el propósito de disponer de dinero para cubrir la falta de ingresos corrientes en el programa que paga las pensiones a los jubilados. Pero este dinero técnicamente ya se ha acabó.
Los déficits de los años 2021, 2022 y 2023 no se han compensado con el fideicomiso. Para eso se necesita cumplir con una serie de trámites y validar el faltante con estados financieros auditados.
En el año 2021, el déficit fue de $464 millones; un año después se elevó a $654.5 millones, y contabilizando los $673.5 millones de 2023, se deben transferir $1,792 millones, cuando el total del patrimonio del fideicomiso, asciende a $1,085 millones, de acuerdo con los reportes del Banco Nacional de Panamá. El dinero se ha agotado.
Por ello, la Junta Técnica Actuarial indicó que tanto sus escenarios de proyección como los del Departamento Actuarial de la CSS llegan a la conclusión de que las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido y el fideicomiso se agotaron entre el último trimestre de 2023 e inicios de 2024.
Ingresos y gastos en el IVM
Al cierre del año 2023, los ingresos en concepto de cuota obrero patronal del IVM, exclusivamente de beneficio definido, ascendieron a $1,341 millones, más $86.1 millones de otros ingresos. Parece mucho dinero, pero los gastos sumaron $2,275 millones.
El déficit, o la diferencia entre los ingresos y gastos, era de $848 millones.
Pero como parte del compromiso anual que tiene el Estado es hacer aportes, en esta ocasión se recibieron $150 millones, lo que dejó el déficit en $697.5 millones.
A esta cantidad, de acuerdo con las finanzas de la CSS, se suman otros ingresos extraordinarios de años anteriores, lo que hace que el déficit quede en $673 millones.
La deuda en tecnología
El desfase tecnológico agrava la situación en la CSS. Resulta que no se ha podido lograr la integración del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), el Sistema Administrativo Financiero (Safiro) y el Mainframe, lo que resulta crítico en la administración y gestión de los cuatro programas que gestiona la entidad.
“Debido a que estos sistemas no están interconectados, no se ha podido cumplir con la integración presupuestaria contable señalada en el Sistema de Contabilidad Gubernamental”, reconoce la CSS en sus estados financieros.
Estas limitaciones desencadenan varios problemas. Como Safiro por sí solo no maneja la contabilidad independiente de cada uno de los programas, tampoco se ha podido gestionar una cuenta bancaria independiente para el IVM. Todo entra a una cuenta común.
Básicamente, la CSS no tiene un sistema de recaudación efectivo, que reporte los ingresos correspondientes a cada programa para que sean depositados y registrados diariamente donde corresponden.
Esta situación es la que obliga a hacer las reformas a la entidad. El Gobierno deberá encarar cambios administrativos, en el sistema de pensiones, y también en los servicios de salud.
Dino Mon, ratificado la tarde del miércoles 4 de septiembre como el nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS) para el período 2024-2029, será quien abandere los cambios -desde el punto de vista técnico- que intenta empujar el presidente Mulino.
El nuevo director reemplaza a Enrique Lau Cortés a partir del próximo 1 de octubre.
El viernes 6 de septiembre, el presidente Mulino se reunió con los líderes de las bancadas de la Asamblea Nacional para informarles sobre su propuesta de presentar un proyecto de ley destinado a resolver la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS).
Con este encuentro, el mandatario cierra una serie de consultas con diferentes sectores, cuyas contribuciones serían incorporadas al proyecto que se espera presentar ante el Órgano Legislativo a finales de octubre, con el objetivo de que sea discutido en sesiones extraordinarias durante noviembre y diciembre.
