Los bancos de inversión y las calificadoras de riesgo han reaccionado con cierto optimismo a los resultados de las elecciones en Panamá que dieron como ganador a la presidencia de la República a José Raúl Mulino de Realizando Metas (RM).
Barclays indica que la nueva administración que asumirá el 1 de julio tendrá que enfrentar la necesidad de varias reformas fiscales y legales con una Asamblea Nacional fragmentada con los diputados independientes como principal fuerza política.
“El enfoque desde el primer día estará en la agenda económica de Mulino, con un enfoque en las reformas fiscales y de pensiones, y su capacidad para alcanzar consensos en una Asamblea Nacional fragmentada”, indica el banco estadounidense.
Posición similar tiene la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) que menciona además que la gran participación de miembros independientes en la Asamblea puede retrasar o limitar las reformas importantes.
“Aunque es probable que el nuevo presidente asuma el cargo con más capital político que la administración saliente de Laurentino Cortizo, podría ser un desafío para la nueva administración introducir medidas oportunas y contundentes para gestionar los desafíos fiscales trabajando con la asamblea fragmentada”, precisa la agencia que tiene a Panamá con una calificación de BBB con la perspectiva negativa, pero sigue a dos escalones por arriba de perder el grado de inversión.
Días antes de las elecciones, Roberto Sifon-Arevalo, director gerente y jefe de análisis e investigación de S&P estuvo en Panamá y dijo que estarían atentos a los cambios que introduzca el nuevo gobierno.
S&P indicó en su informe post electoral sobre Panamá que podría rebajar la calificación del país durante los próximos 12 meses si observan una inversión debilitada que pueda perjudicar las perspectivas de crecimiento a largo plazo o políticas fiscales que no logren contener el debilitamiento reciente de las finanzas públicas.
“Un menor crecimiento del PIB también podría resultar en finanzas públicas más débiles, perjudicando la solvencia crediticia. La economía panameña podría crecer alrededor del 2.7% en 2024, frente al 7.3% en 2023″, mencionó S&P.
Prioridades para el nuevo gobierno
Según el análisis de Barclays, los planes de la nueva administración deben garantizar la sostenibilidad fiscal, dadas las preocupaciones sobre el crecimiento estructuralmente lento en medio de los riesgos de arbitraje internacional por el cierre de la mina.
“Después de que Fitch rebajó la calificación de Panamá a alto rendimiento, la próxima administración trabajará contra el reloj para presentar un plan creíble que podría incluir una reforma fiscal dada la baja recaudación fiscal y una reforma de pensiones en medio de la incertidumbre sobre la sostenibilidad y financiamiento del programa de subsistema de beneficios definidos [de la Caja del Seguro Social] y proyectos para mejorar la gestión del agua para el Canal y la población”, resume Barclays.
Agrega que todas estas reformas tendrá que aplicarlas Mulino con un escenario político en el que gobernará con una Asamblea fragmentada. Pero además con un país con un sentimiento antiminero.
S&P añade que en la medida que el crecimiento se desacelera, los problemas fiscales se vuelven más apremiantes para Panamá.
“En nuestra opinión, el crecimiento económico a corto plazo más lento de Panamá podría obstaculizar el desempeño fiscal de este año, sumándose a los desafíos fiscales para el gobierno entrante, además de un crecimiento más lento de los ingresos, una baja recaudación de impuestos y la pérdida de ingresos fiscales esperados del proyecto minero”.
La agencia de calificación indica que la administración entrante tendrá que enfrentar el crecimiento de las transferencias del gobierno al Fondo de la Caja Seguro Social, ya que sus reservas financieras se agotarán en 2025, según las estimaciones gubernamentales, en ausencia de una reforma fiscal.
