La Corporación Franco-Nevada de Canadá formalizó la demanda de arbitraje contra el Estado panameño por el cierre del proyecto Cobre Panamá, que era operado por Minera Panamá, filial de la también canadiense First Quantum.
En 2016, Franco-Nevada firmó un acuerdo con First Quantum donde se comprometió a desembolsar mil millones de dólares para financiar la construcción del proyecto minero ubicado en una concesión de 13 mil hectáreas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
First Quantum asegura que la construcción de la mina representó una inversión de 10 mil millones de dólares.
Con este acuerdo, que tenía una duración de 20 años, Franco-Nevada tenía la opción de comprar parte del oro y la plata extraídos por Minera Panamá, a un precio inferior a la cotización de ambos minerales en el mercado internacional.
Tras el cese de la actividad minera en el país, la demanda de Franco-Nevada fue inscrita el pasado 12 de julio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La empresa ha estimado que el cierre de la mina de Donoso le ha provocado daños por $5 mil millones.
“El 23 de febrero de 2024, presentamos un aviso de intención actualizado, reiterando nuestra intención de iniciar el arbitraje bajo el TLC. El aviso también especificó que la compañía estima preliminarmente sus daños en al menos $5 mil millones, sujeto a un análisis y desarrollo adicionales”, detalló Franco-Nevada en un informe financiero.
En la ficha de inscripción en el Ciadi se indica que la empresa canadiense será representada por Debevoise & Plimpton, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y en Panamá por la firma Fábrega Molino.
Franco-Nevada notificó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de sus intenciones de presentar una demanda de arbitraje contra el Estado por primera vez el 23 de noviembre del año pasado.
Luego de la notificación, se abrió un plazo de seis meses para que ambas partes alcanzaran un acuerdo, pero al no darse ningún acercamiento, la firma inscribió formalmente la reclamación ante el Ciadi, alegando que Panamá no cumplió con los términos acordados en el Tratado de Libre Comercio firmado con Canadá.
En sus estados financieros, correspondientes al primer trimestre de 2024, la empresa indicó que ya había gastado 1.5 millones de dólares en todo el proceso vinculado con el arbitraje que pretendía imponer contra Panamá.
La agencia de noticias Reuters reportó hace unos días que voceros de First Quantum señalaron que durante el mes de julio también estarían inscribiendo dos demandas de arbitraje contra Panamá, donde solicitarían más de $20 mil millones en compensación tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró, el 28 de noviembre del año pasado como inconstitucional el contrato firmado por la administración de Laurentino Cortizo y Minera Panamá.
Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), ha señalado que lo más recomendable para el país es lograr un acuerdo con las empresas reclamantes para no afectar la imagen de Panamá en los mercados internacionales. No solo las empresas mineras han expresado sus intenciones de demandar al país, comenta Gutiérrez, sino también socios, como es el caso de Franco-Nevada, así como accionistas y proveedores.
Además de las demandas de arbitraje relacionadas directamente con el cierre de la mina operada por Minera Panamá, hay otros procesos ya interpuestos como consecuencia de la Ley 407 del 3 de noviembre, que establece una moratoria a la minería metálica en Panamá.
A inicios de julio, la minera canadiense Orla Mining confirmó que formalizó su demanda de arbitraje contra el Estado panameño por la no renovación de las tres concesiones que mantenía en Cerro Quema, en la provincia de Los Santos, luego de la promulgación de la Ley 407.
La compañía está solicitando un pago de 400 millones de dólares, más los costos que genere el proceso legal.
El presidente José Raúl Mulino ha sostenido en múltiples ocasiones que no establecerá ninguna negociación sobre el tema minero mientras estén activas las demandas de arbitraje.
En tanto, Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, reiteró las palabras de Mulino y agregó que el tema minero se abordará con firmeza y transparencia.
Esta semana, Damien Nyer, socio y jefe regional de la sección de arbitraje internacional de las Américas de la firma White & Case LLP en Nueva York, indicó en un artículo de opinión en Bnamericas.com que, además de los reclamos de Franco-Nevada y First Quantum, la minera estatal surcoreana Komir estaría solicitando 2 mil millones de dólares por su participación del 10% en la mina de Donoso en un arbitraje bajo el TLC de Panamá y Corea del Sur.
Adicional, el proveedor de maquinaria Liebherr buscaría una compensación de 133 millones de dólares bajo el acuerdo bilateral de inversión entre Francia y Panamá, indica Nyer.
De acuerdo con los procedimientos del CIADI, una vez que la demanda es registrada, debe procederse con la notificación a las partes involucradas.
Cumplido este proceso, se abre un compás para que el reclamante y el demandado lleguen a un acuerdo sobre la selección de los responsables de llevar adelante el proceso. De no lograrse un acuerdo, el CIADI tendrá la potestad de escoger a los árbitros.
