El paquete de reformas que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cambiar la norma de Responsabilidad Social Fiscal (RSF) eliminaba la regla de acumulación de los excedentes del Canal de Panamá en el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).
El proyecto de ley 138, que fue aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional, planteaba originalmente eliminar el artículo que establecía que el FAP recibiría los aportes equivalentes al 50% del monto de las contribuciones que realice la vía acuática al Tesoro Nacional, siempre y cuando los excedentes sean superiores al 2.5% del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional le dio un revés a este plan cuando reformularon la redacción del proyecto de ley, indicando que este punto sería eliminado tal como fue planteado.
A cambio, aprobaron suspender los efectos de la norma para los años fiscales 2024, 2025 y 2026. Es decir, durante esos tres años el FAP no recibiría los aportes que le corresponden, si se aprueba el proyecto en tercer debate. La norma sería restituida en 2027.
El presidente de la junta directiva del FAP, Mario Amaya, participó en las discusiones de la ley fiscal, indicando que reconocían la apretada situación financiera del Gobierno, por lo que no tenían objeción a que se diera la suspensión de los aportes del Canal, pero solo por los próximos tres años.
Este lunes 21 de octubre, los diputados escucharon su petición, y fue así como quedó plasmado en el proyecto de ley aprobado en primer debate.
Además, el FAP también se opuso a la inclusión de un artículo que introduce discrecionalidad en la asignación de sus activos, lo cual podría generar incertidumbre sobre los ingresos futuros del fondo.
Asimismo, se cuestionó la modificación a la definición de “rendimientos” que se presenta en otro artículo, la cual podría impedir la capitalización del fondo. Amaya pidió cambios y la corrección de estos puntos.
La diputada Patsy Lee, del Partido Popular, debatió sobre la eliminación de la norma que permitía los aportes del Canal y pidió explicaciones al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández De León, quien dijo que era necesario suspender la norma y reformularla para que se adaptara a la realidad económica actual.
Fernández dijo que, siguiendo la misma ley y con el presupuesto del proyecto de 2025, al FAP le hubiera tocado entre $120 millones y $130 millones, “que hubiéramos tenido que aportar de todas maneras, considerando que tenemos un balance fiscal primario negativo, en donde ese dinero deberíamos utilizarlo para pagar las cuentas corrientes y todo lo que tenemos atrasado en un curso”.
El funcionario lanzó una pregunta a manera de reflexión y dijo: “Si le debo plata a todo el mundo, ¿cómo es que estoy ahorrando?”.
Esta situación de estrechez, recalcó, “no obvia el hecho de que deberíamos seguir ahorrando, porque eso es parte de toda esta reingeniería financiera que estamos haciendo en el Estado para poder llegar a tener sostenibilidad financiera y seguir manteniendo los aportes al FAP”.
A su juicio, la misma fórmula de los cálculos y los supuestos bajo los cuales el FAP recibe los aportes se vuelve muy restrictiva.
En ese escenario, también mencionó como una de las razones para suspender los aportes el hecho de que el gobierno de Laurentino Cortizo no cumplió con la norma, dejando “la cuenta a este gobierno a partir del 2027″.
“Entonces, si ya de por sí la medida tiene sus limitantes, es mejor suspenderla, reformarla y hacerla algo que funcione con lo que estamos hablando ahorita”, sentenció Fernández.
Su argumento, sin embargo, no caló al 100% entre los diputados, quienes dieron una especie de moratoria de tres años en vez de aprobar la suspensión indefinida.
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