En un intento de calibrar las implicaciones legales de fusionar el sistema de pensiones exclusivamente de beneficio definido con el programa mixto, los representantes del sector empleador en la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) propusieron elevar una consulta a la Procuraduría de la Administración.
Una de las tantas preocupaciones que han expresado a lo interno del colegiado es la posibilidad de que la fusión de los dos sistemas sea interpretada y demandada como una expropiación de los fondos de los cotizantes, entendiendo que el sistema mixto está compuesto por un componente de ahorro personal que pertenece a cada trabajador.
La sugerencia de hacer la consulta surgió por parte de Fernando Méndez, uno de los tres miembros del sector empleador en la directiva. Lo secundó Camilo Valdés y estuvo a favor de su propuesta Aida Michelle de Maduro.
Pero de 11 votos solo tuvieron 3 a favor, de acuerdo con información a la que tuvo acceso este medio.
Son los sindicatos, representados con trabajadores en la junta directiva de la CSS, quienes han propuesto la fusión de los dos programas para que los fondos y aportes del subsistema mixto se vayan al quebrado subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El programa mixto está compuesto por un componente que se denomina beneficio definido y por un ahorro personal, que de acuerdo con las reformas de la CSS asumidas en 2005, garantizaba el pago de la jubilación a las futuras generaciones, teniendo como precedente que el sistema exclusivamente de beneficio definido de IVM había colapsado.
En este momento hay cerca de 500 mil cotizantes que hacen parte del subsistema mixto, a quienes no se les ha consultado sobre el uso de sus fondos, tal como se está planificando en una de las propuestas de recomendación que se discute en la directiva para reformar el sistema de pensiones.
La idea, sin embargo, no es nueva. Es una vieja aspiración de los sindicatos.
A inicios de este año, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto para reformar la ley orgánica de la CSS.
El anteproyecto establece eliminar el artículo 157, el cual estructura las reservas del subsistema mixto.
La idea es resolver momentáneamente el problema financiero del sistema exclusivo de beneficio definido, cuyas reservas se han ido consumiendo ante la falta de ingresos y la llegada de más jubilados.
Sin embargo, la utilización de estas reservas para pagarle a los actuales jubilados plantea dos problemas “muy preocupantes”, dijo Pablo Gutiérrez, financista especializado en gestión de riesgos y seguros.
“Efectivamente se trata de una expropiación de los fondos de los ahorristas, lo que es una violación de la seguridad jurídica y a la propiedad privada”, consideró.
Pan para hoy, hambre para mañana
Por otro lado, hay que tomar en cuenta que “no solamente los fondos entrarían al agujero negro del subsistema exclusivamente de beneficio definido. “Si esa idea prospera, el país estaría permitiendo que se movilicen a todas las personas a un sistema que está totalmente quebrado y colapsado”.
“Estaríamos haciendo que estas personas tengan un destino fatídico, al pasarlos a un sistema que no está funcionando y que no está diseñado para funcionar con sus parámetros actuales”, sentenció Gutiérrez.
“‘¿Qué mensaje se envía con estas movidas’”, preguntó el especialista. “El mensaje es claro: El Gobierno puede modificar una ley para tomar recursos privados, en este caso dinero que está en cuentas de ahorro para cubrir un hueco financiero”, puntualizó.
Frente a este panorama lanzó una segunda inquietud: ¿Qué le impediría al Gobierno, si llegara a tener problemas de solvencia, tomar el dinero de los ahorristas depositado en los bancos estatales?”
En palabras de Gutiérrez, estas son las interrogantes que todos deberían hacerse mientras se discute el futuro de las pensiones a lo interno de la directiva de la CSS.
La propuesta frustrada de elevar la consulta al procurador de la Administración, Rigoberto González, se hizo el 8 de noviembre.
Mientras que ayer 9 de noviembre la discusión de la directiva se centró en aprobar un paquete de sugerencias que implicaba ingresos adicionales para el IVM, productos de diversas actividades económicas.
Entre estas recomendaciones se encontraban modificaciones legales para que ingresara al IVM una porción de los ingresos que percibe el Estado de la actividad minera, además de entre el 10% y el 15% de los aportes del Canal; e incluir un impuesto portuario entre el 10% y el 15%. También se discutió destinar un porcentaje de las incautaciones de dinero no declarado que entra al país.
Todas estas recomendaciones obtuvieron el voto en contra o abstención por parte de Aida Michelle de Maduro, Camilo Valdés e Yvonne de De León (suplente de Fernando Méndez), por parte del sector empleador.
Tampoco avalaron las propuestas Gregorio Guerrel, representante de los trabajadores; Alfredo Macharaviaya, de los profesionales de la salud; Justo Medina, por parte del Ministerio de Salud y Victoria De la Rosa en representación del Ministerio de Economía.
Se mostraron a favor Guillermo Puga, Miguel Ángel Edwards y José Alba, representantes de los trabajadores y los servidores públicos.
El ausente en las votaciones fue el representante de los jubilados, Manuel Pérez.
Lo único que sí gozó del aval de la mayoría fue la recomendación para encontrar los mecanismo legales para hacer efectivo el cobro del 10% de los ingresos netos de las concesiones que el Estado otorga en materia de fibra óptica.
Se espera que mañana viernes se retomen las conversaciones de otras recomendaciones, incluyendo la creación de un solo sistema de pensiones. El plato fuerte está por servirse.
