En los seis primeros meses del año, los gastos totales del sector público no financiero superaron ampliamente a los ingresos, generando por tanto un déficit fiscal.
Los gastos totalizaron $7,498.2 millones, un aumento de 1.1% respecto al ejercicio anterior, mientras que los ingresos sumaron $5,578.3 millones, un incremento de 7.8%.
El resultado es por tanto un déficit fiscal de $1,919.9 millones, inferior al registrado en la primera mitad de 2021, cuando los ingresos aún sentían el efecto de las restricciones impuestas en pandemia.
La mayor parte del gasto se destinó a las operaciones del Estado, al gasto corriente, lo que limita la capacidad de hacer inversiones en infraestructuras que atiendan las necesidades básicas de la población, dijo el economista Luis Alberto Morán.
Por su parte, el también economista Olmedo Estrada comentó que el hecho de que los gastos sean superiores a los ingresos se termina traduciendo en un aumento de la deuda pública y el consiguiente gasto asociado de intereses, limitando también el espacio para otras inversiones.
Las cuentas públicas
Los ingresos totales del sector público no financiero sumaron $5,578.3 millones entre enero y junio, un aumento de $404.8 millones o 7.8% cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.
Pese al incremento, las cuentas públicas cerraron el primer semestre en rojo, con un déficit fiscal de $1,919.9 millones, ya que los gastos fueron muy superiores, según figura en el balance fiscal al mes de junio, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
En concreto, en la primera mitad del año los gastos totales sumaron $7,498.2 millones, un aumento de $82.1 millones o 1.1% en comparación con el ejercicio anterior.
Dentro de la composición del gasto, el mayor peso lo tienen las operaciones del Estado y el pago de intereses de la deuda, el denominado gasto corriente, que sumó $5,821.3 millones en seis meses, cifra que representa un aumento de $132.7 millones o 2.3% al compararlo con el ejercicio anterior.
Por su parte, el gasto de capital, que se destina principalmente a inversiones y a programas sociales como Panamá Solidario, fue de $1,676.9 millones, lo que representa una disminución de $50.6 millones o 2.9%.
El economista Luis Alberto Morán señaló ayer domingo a este diario que en la medida que el gasto corriente tenga más peso, incide en un menor margen para el desarrollo de obras que demanda la población para atender las necesidades básicas, que son claves para mejorar la calidad de vida de las personas.
Morán sostuvo que el gasto se debe “cuidar” y destinarse a mejorar infraestructuras y crear capacidades para la economía.
Por su parte, el también economista Olmedo Estrada señaló que no se observa ni espíritu ni un interés inmediato de hacer reducciones en el gasto operativo.
Estrada explicó que el hecho de que los gastos superen los ingresos se va a traducir en un aumento de la deuda, porque esa es la forma de compensar el desbalance en las cuentas públicas, y esto termina pesando también sobre la capacidad de ejecución de inversiones.
Solo en los seis primeros meses del año se destinaron a intereses $782.3 millones, capital que no se puede utilizar para resolver otro tipo de necesidades.
Para el conjunto del año, el límite de déficit fiscal es del 4% del producto interno bruto, según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, de manera que deberá haber una reducción desde el 6.7% con que cerró 2021.
Aunque buena parte de los ingresos se reciben en la última parte del año, especialmente por los aportes del Canal de Panamá, también el Gobierno deberá hacer frente a gastos adicionales por los compromisos adquiridos en la mesa única del diálogo, principalmente a través de nuevos subsidios.
Tanto Morán como Estrada apuntaron que los ingresos aumentaron en el primer semestre, pero que aún el nivel no sería el óptimo, como reflejo de una recuperación desigual por sectores de la economía.
Estrada reclama una estrategia más dinámica para atraer inversiones, generar más ingresos y reducir la dependencia del endeudamiento público.
Por ejemplo, dijo que se tiene que “atacar la corrupción”, a través de condenas y no dejando que los juicios se pospongan, de manera que se envíe el mensaje de que en Panamá se castiga la corrupción; defendió además la necesaria implementación de planes más agresivos de búsqueda de inversiones y que se aproveche el régimen de asociaciones público privadas, que fue aprobado al inicio de esta administración, pero que todavía no cuenta con proyectos en ejecución.
