La extensión del ejercicio fiscal de 2022 hasta mediados de enero de 2023 tuvo un efecto positivo en las cuentas fiscales del Gobierno en 2022, pero abrió un hueco en las de este ejercicio, en el que el espacio para el déficit es menor.
El 4 de enero, a través de un decreto ejecutivo, el Gobierno concedió un plazo adicional hasta el 13 de enero para cancelar las obligaciones tributarias pagaderas hasta el 31 de diciembre.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló entonces que la medida permitiría a los contribuyentes diferir el pago de impuestos y extender el proceso de regularización tributaria que estaba en curso.
Además de darle una mayor oportunidad a los contribuyentes, la medida tuvo un efecto en los balances de 2022 y 2023, ya que a consecuencia de la extensión del año fiscal, los ingresos corrientes recibidos en el periodo de la extensión, del 4 al 13 de enero, se computaron en el ejercicio fiscal de 2022.
Un análisis efectuado por la Dirección General de Ingresos (DGI) señala que en ese periodo se recibieron $304.9 millones en efectivo que se registraron en el periodo 2022.
Entre los recursos que entraron en ese lapso hay ingresos tributarios y no tributarios, como $50 millones en concepto de peajes del Canal de Panamá.
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, explicó que dentro de los $304.9 millones se encuentran $73.3 millones vinculados a las retenciones que efectúa la Caja de Seguro Social de los impuestos de planilla y que estos fondos corresponden a la actividad del año 2022.
No obstante, fueron recibidos en los primeros días de enero de 2023 y, por lo tanto, a consecuencia de la extensión del año fiscal terminaron siendo computados en el año 2022.
La extensión del año fiscal no es la única medida que ayudó al Gobierno a cerrar el balance de 2022 dentro de los límites previstos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings ya señaló anteriormente que la revisión del año base de 2007 a 2018 para el cálculo del producto interno bruto (PIB) contribuyó a que el nivel relativo de déficit fuera inferior porque el nuevo cálculo elevó el tamaño del PIB.
También contribuyó a rebajar el déficit la operación financiera que difirió el pago de intereses de $363.9 millones correspondientes al ejercicio 2022 y que serán finalmente pagados en el periodo 2024-2026, ya con la próxima administración en el poder.
El balance fiscal preliminar de 2022 arrojó un déficit de $3,005.5 millones, monto equivalente a un 3.93% del PIB y por lo tanto muy cerca del 4% permitido por ley.
El economista Ernesto Bazán señaló que la extensión del año fiscal supuso, en la práctica, “alargar el año” y que sin medidas como el aplazamiento de intereses, el cambio de año base y la extensión del año fiscal 2022 no se hubiese cumplido el límite de déficit de 2022.
Además, estas son “municiones” que ya no se tendrán para este 2023, haciendo el panorama más difícil para cumplir el límite de déficit este año, porque “ya no vas a poder cambiar de año base ni diferir intereses, porque se daría una pésima imagen del país. Se percibiría como falta de seriedad por los observadores internacionales”, señaló.
Las agencias de calificación se han referido a la pérdida de credibilidad de la política fiscal ocasionada en el pasado por los cambios a los límites de déficit establecidos en la ley y por las medidas excepcionales más recientes, como el diferimiento de pago de intereses para la próxima administración.
Consultado al respecto, Almengor dijo que la operación de manejo de pasivos fue revisada tanto por las agencias calificadoras como por el Fondo Monetario Internacional y que el criterio que se dio es que era un manejo regular del perfil de endeudamiento de un país.
Almengor dijo que ha sido una “medida innovadora” y que “otros países están han estado analizando cómo poder ejecutarla”.
El viceministro añadió que en la comunicación con las agencias calificadoras se ha mantenido el compromiso del país para cumplir de manera oportuna y sostenida con todas sus obligaciones financieras.
Déficit fiscal se dispara 38.2% en el primer trimestre de 2023
El efecto del diferimiento de intereses en 2022 se notará en el periodo entre 2024 y 2026, cuando haya que pagar esos compromisos, además de los intereses generados por la operación financiera.
Mientras que los efectos de la extensión del año fiscal 2022 se notan ya durante este 2023. El impacto ya se refleja en el balance fiscal preliminar del primer trimestre de 2023.
Según el MEF, el déficit fiscal en los primeros tres meses del año fue de $1,575.1 millones, cifra que equivale a un 1.92% del PIB proyectado para el conjunto del año y que representa un aumento de 38.2% o $435 millones cuando se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior.
Los ingresos totales sumaron $2,713.3 millones, una caída de $130.1 millones o 4.6% en relación al año anterior.
Mientras tanto, los gastos siguieron creciendo para totalizar $4,288.4 millones, un aumento de $304.9 millones o 7.7% cuando se compara con el primer trimestre del año anterior.
El propio MEF señala en el informe que la recaudación se vio afectada por la concesión de un plazo adicional hasta el 13 de enero de 2023 para el pago de tributos.
Además, Almengor comentó que las cifras que se reportan son estacionales, ya que hay picos de ingresos a lo largo del año, coincidiendo con los periodos de vencimiento de los impuestos, que pueden estar además influenciados por las peticiones de prórrogas.
En Panamá, habitualmente, el grueso de los ingresos corrientes se recibe en el último trimestre del año, coincidiendo con la entrega de aportes por parte de la Autoridad del Canal de Panamá.
Almengor espera una mejoría de los ingresos tributarios y no tributarios a lo largo del año y que ya el balance del primer semestre empiece a ofrecer un mejor resultado que el de los tres primeros meses del año.
Así, pese al débil inicio del año provocado en parte por la extensión del año fiscal de 2022, la expectativa del Gobierno es cumplir con la meta de déficit fiscal, que este año es de un 3%.
Almengor recordó que el ajuste de este año - que pasa de 4% de 2022 a 3% en 2023- es menor que en el ejercicio anterior, cuando el límite cayó de 7.5% en 2021 a 4% en 2022.
Además de un crecimiento proyectado de la economía de al menos 5% en términos reales, el Gobierno espera mejorar los ingresos con los aportes de la actividad minera en virtud del nuevo contrato de operación de Cobre Panamá, con medidas como la facturación electrónica, que está en fase de masificación, y con el proceso de modernización y digitalización de la DGI.
Mientras tanto, analistas locales y agencias de calificación de riesgo internacional han manifestado dudas sobre la capacidad de cumplimiento de los objetivos de déficit este año y los siguientes, cuando los límites se irán reduciendo paulatinamente. Del 3% de 2023 se pasará a un 2% en 2024 y a un 1.5% de 2025 en adelante.
Bazán dijo que con el crecimiento de la economía, lo normal es que se eleve la recaudación, pero el gran desafío, dijo, está en el manejo de los gastos.
“Estamos a tres años de la pandemia y todavía se siguen dando vales digitales”, señaló, además de referirse al incremento en el gasto en planilla. “Es muy difícil detener esa escalada, porque no se ha hecho en cuatro años y difícilmente en un año preelectoral va a ocurrir”, sostuvo.
Las agencias de calificación de riesgo observan todos los movimientos fiscales y el desempeño de la economía de Panamá. Bazán recordó que Moody´s y S&P (Baa2 y BBB, respectivamente) tienen la calificación de Panamá en el segundo escalón dentro del grado de inversión y con perspectiva negativa, lo que quiere decir que hay presiones para una eventual rebaja.
En el caso de Fitch, la nota de Panamá está un nivel por debajo, en BBB-, que es el primer escalón dentro del grado de inversión.
El analista cree probable que se concrete la rebaja por parte de Moody’s y S&P, y que se mantenga la nota de Fitch, cuya perspectiva es estable. Si se cumple este pronóstico, el país habría superado esta administración con grado de inversión.
Después, dependiendo de los niveles de responsabilidad, manejo económico y la gestión de la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la próxima administración, las agencias tomarían las decisiones pertinentes sobre la calificación soberana.
“Ya se nos acaba el periodo de gracia que nos están dando las calificadoras para poder resolver el tema de las pensiones. Si la próxima administración llega y no lo tiene claro, es muy probable que nos castiguen”, advirtió.
