Durante el período que abarca desde el 1 de julio de 2019 hasta el 29 de febrero de 2024, la administración de Laurentino Cortizo ha aumentado el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) en $23,196 millones, lo que representa un incremento del 87%.
De la totalidad de la deuda pública que hoy tiene Panamá, sólo en este Gobierno se ha contratado el 46%. Es decir, que Cortizo casi ha duplicado las obligaciones que tiene el país.
Este incremento marca el mayor crecimiento durante un periodo presidencial, superando la gestión de los tres mandatarios anteriores.
La deuda pública panameña estaría muy próxima a llegar a los $50,000 millones. Sin embargo, su avance dependerá de los vencimientos o los pagos que están pendientes, pero también de la contratación de más deuda que podría hacerse a escasos tres meses de que se termine la actual administración.
Así ha crecido la deuda panameña entre 2004 y febrero de 2024.https://t.co/14AgBgYAGP a través de @prensacom pic.twitter.com/0Dkh8IAMAz
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 20, 2024
La dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó los datos del mes de febrero de 2024, cuando el saldo llegó a $49,808 millones.
Dicho saldo representó un aumento de $5,645 millones con respecto a febrero del año pasado.
Mientras que si se compara con el mes de enero de 2024, el alza fue de $2,913.5 millones, lo que es igual a un 6.2%.
Para entender la magnitud de las cifras, el alza interanual representaría hacer un nuevo juego de esclusas del Canal de Panamá.
Al tiempo que la comparación de un mes contra otro, en el mismo año, el incremento de la deuda representaría una nueva línea del Metro o cerca de cinco centros de atención médica como el Hospital del Niño.
La deuda escaló a inicio de este año porque el pasado mes de febrero se emitieron tres bonos globales por un monto de $3,100 millones, destacándose el desembolso del bono 2031 por $1,100 millones, el bono 2038 por $1,250 millones y el bono con vencimiento en 2057 por $750 millones.
El MEF ha indicado que la operación forma parte del plan de financiamiento para el presupuesto general del Estado de la vigencia fiscal 2024.
“Los fondos recaudados en estas emisiones de títulos valores, una vez cubiertos los costos de estructuración asociados a las mismas, serán utilizados para apoyar el presupuesto general del Estado de la vigencia fiscal 2024 y/o futuras vigencias fiscales”, indicó el decreto de Gabinete N° 11 De 8 de febrero de 2024.
Desde hace tres años el Gobierno de Cortizo ha justificado el aumento de la deuda en los gastos generados en la pandemia y el arrastre que esta situación ha dejado.
El ministro de Economía, Héctor Alexander, ha dicho que debido a los conflictos internacionales, aumento de precios de la energía y de alimentos, además de serios problemas en la cadena de producción y otros desafíos globales, se vieron en la necesidad de “acomodar déficits fiscales más elevados” para atender la emergencia sanitaria y las mayores necesidades sociales.
Lo que no menciona es el crecimiento excesivo en la burocracia gubernamental. El presupuesto destinado al año fiscal 2024 reserva una cifra considerable de $6,915 millones para servicios personales. Esta asignación cubre una amplia gama de gastos, que incluyen salarios, asignaciones de representación, pagos del decimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS).
Las presiones de la deuda
El pasado lunes se dio a conocer el producto interno bruto (PIB) correspondiente al año 2023, el cual se situó en $83,382 millones. Y ahora se ha revelado que la deuda pública al cierre de febrero alcanzó los $49,808 millones, lo que establece una relación deuda/PIB del 60%, indicó el financista Álvaro Naranjo.
En este contexto, el país enfrenta un próximo vencimiento de deuda el 24 de mayo de 2024 por un monto de $1,500 millones, recordó.
Por ello, indica, que surge la interrogante sobre si de los $3,100 millones emitidos el mes pasado, $1,500 millones están reservados para afrontar este vencimiento.
“Si estos fondos están reservados, se espera que el nivel de la deuda disminuya y parte del aumento sea transitorio. Sin embargo, si no están reservados, existe la posibilidad de que la deuda continúe en aumento, ya que se requerirá emitir más bonos para hacer frente a los pagos pendientes”, precisó.
Naranjo advirtió que si la deuda sigue creciendo a un ritmo más rápido que el PIB, este será uno de los principales indicadores que las calificadoras e inversionistas internacionales utilizarán para evaluar la capacidad de pago del país.
El desempeño de la deuda, sin duda, generará una tensión adicional para la próxima administración estatal, que heredará un panorama considerablemente diferente al de sus predecesores.
“Evidentemente que el próximo gobierno afrontará una situación económica compleja. Deberá implementar medidas inmediatas de austeridad y tiene que generar confianza para atraer inversiones. Quien gobierne a partir del 1 de julio, debe quebrarle la columna vertebral a toda forma de clientelismo y a las prácticas prebendarias”, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo.
¿Qué tan mala es nuestra deuda?
“La deuda no es mala en la medida que sea utilizada con prudencia; que sea una herramienta de impacto social que aumente oportunidades y que mejore el desarrollo humano. Está ya claro que el crecimiento económico que creó el espejismo de bienestar se acabó”, explicó el economista Carlos Araúz.
En este sentido, recalcó que una deuda pública cercana a los $50,000 millones de dólares condena a la pobreza, “que a la postre es el principal problema que enfrentamos” como país.
Desde su perspectiva, serán inminentes varios eventos en la próxima administración:
1. Una dispensa, porque la ley de responsabilidad fiscal no será cumplida.
2. Una reforma tributaria que permita generar tranquilidad en las calificadoras de riesgo, protegiendo así el grado de inversión.
3. Una revisión exhaustiva de cómo cerramos la creación del déficit y nos movemos hacia superávit.
“La pregunta ¿cómo llegamos aquí? No es ya tan importante como responder cómo saldremos del atolladero. El dolor lo compartiremos todos: desde empresas hasta individuos. Y la recaudación tiene que ser implacable porque necesitaremos cada centavo. El más alto nivel de endeudamiento ocurre en un ambiente de dinero carísimo y Panamá ya lo está sintiendo, al pagar casi el doble en intereses que hace 5 años”, sentenció.
Esta nota fue modificada a las 7:47 a.m. del miércoles 20 de marzo de 2024. Su versión original decía que “durante el período que abarca desde el 1 de julio de 2019 hasta el 29 de febrero de 2024, la administración de Laurentino Cortizo ha aumentado el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) en $23,196 millones, lo que representa un incremento porcentual del 46.5%”. Lo correcto es que el incremento porcentual fue del 87% y en el Gobierno actual se ha contratado el 46% de la totalidad de la deuda.
