La cuenta pendiente que tiene el Gobierno con el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) sigue creciendo: al cierre de 2022, la suma ascendió a $970.2 millones, según registra el propio FAP en sus estados financieros correspondientes al pasado ejercicio.
Se trata de una cifra importante, teniendo en cuenta el tamaño del instrumento de ahorro nacional, que al 31 de diciembre de 2022 contaba con un patrimonio de $1,293.3 millones. Es decir, si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumpliera con el aporte pendiente, el patrimonio del FAP se elevaría a $2,263.5 millones, es decir, un 75% por encima del dato del cierre del año.
En un mensaje publicado en el Informe Anual 2022, la presidenta de la junta directiva del FAP, Anamae Maduro de Ardito Barletta, señaló que “seguimos insistiendo ante el MEF que el FAP pueda recibir los aportes pendientes producto de los excedentes que ha generado la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), como reza la Ley 38 de 5 de junio de 2012″.
En el mismo documento, la ejecutiva destaca que “es de suma importancia recibir estos fondos, invertirlos y seguir robusteciendo la principal reserva de ahorros que tiene el país”.
Uno de los objetivos de la creación del FAP fue ahorrar los excedentes generados por el Canal de Panamá luego de la ampliación.
En 2018, se introdujo una modificación a la fórmula utilizada para calcular el monto que se destinaría al ahorro.
Así, para los años 2018 y 2019, de toda contribución de la ACP al Tesoro Nacional que supere el 2.5% del producto interno bruto (PIB), la mitad se debería destinar al ahorro nacional. Por su parte, a partir de 2020, se debería destinar al FAP el 50% de toda contribución de la ACP que supere el 2.25% del PIB.
La lógica detrás de la fórmula es que a medida que los aportes del Canal al Tesoro son mayores, medidos como proporción del tamaño de la economía, se debe ir ampliando el ahorro nacional, algo que no está sucediendo.
El FAP detalla en sus estados financieros la cuenta pendiente generada cada año, partiendo de $10.2 millones en 2018 y $21.7 millones en 2019.
En 2020 se produjo una combinación de factores que dispararon el monto a destinar al ahorro: El tamaño de la economía se desplomó durante la pandemia y los aportes del Canal al Tesoro aumentaron, mientras se empezó a aplicar un ajuste en la fórmula que favorecía la generación de ahorros. El resultado es que sólo la cuenta correspondiente al ejercicio 2020 se disparó a $269.8 millones.
En 2021 y 2022, las sumas siguieron siendo abultadas ($282 millones y $386.5 millones, respectivamente) debido al constante crecimiento de los aportes del Canal al Estado.
La suma de los montos generados desde 2018 a 2022, que ya incorporan los nuevos cálculos del PIB por parte de la Contraloría con la actualización del año base, arroja el gran total de $970.2 millones que el Gobierno debe aportar al FAP.
“La administración ha mantenido comunicaciones con el MEF y la Contraloría para coordinar entre las partes el proceso que permita que estos fondos puedan ser aportados al Fondo. Al 31 de diciembre de 2022 estos montos no han sido recibidos por el FAP”, se puede leer en los estados financieros del FAP.
Según la ley del FAP, “el excedente se transferirá en la vigencia fiscal siguiente después de la publicación del PIB por la Contraloría General de la República”, un mandato que no ha sido cumplido por el MEF.
En su informe de la Cuenta General del Tesoro de 2022, el propio MEF reconoce que “al cierre del año 2022 se estima un total de $970.2 millones en aportaciones del Estado pendientes por transferir al FAP”.
La Prensa envió un cuestionario al MEF para conocer por qué no se han efectuado las transferencias al FAP y si el Gobierno tenía previsto hacerlo en el futuro próximo, pero no se recibió respuesta.
El economista Carlos Araúz señaló que el FAP se creó con la intención de que los fondos aportados por el Canal no se gastaran de manera indisciplinada e indiscriminada.
Por eso, el economista remitió a la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea una propuesta para modificar la ley que rige el FAP y, entre otras reformas, plantea que el Canal de Panamá debería retener el cálculo estipulado como excedente según se define en la Ley 38 de 2012 y “lo transferirá directamente al FAP que contará con personería jurídica para dicho recibo de fondos”.
La propuesta busca blindar el cumplimiento de la ley para garantizar que el ahorro nacional reciba parte de los aportes del Canal, según fue concebido.
Para Araúz, robustecer el FAP generaría una serie de beneficios, como elevar las probabilidades de mantener el grado de inversión a pesar del aumento de la deuda pública, abaratar los costos de financiamiento en una coyuntura de alza de tasas de interés, aumentar el apetito de inversionistas hacia la deuda panameña y captar más inversión extranjera directa.
El FAP nació en 2012 como heredero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Desde entonces, ha generado utilidades por $296.2 millones, de los que $236.5 millones fueron transferidos al Tesoro Nacional: $131.5 millones en concepto de distribución de excedentes y $105 millones por retiros realizados por el MEF para atender la emergencia nacional del covid-19.
Para Araúz, en la parte más crítica de la pandemia pudo tener sentido no hacer los aportes al FAP considerando las necesidades extraordinarias que se generaron para el país.
Pero en la coyuntura actual de recuperación, con un crecimiento superior al 10% en 2022, dijo que se deberían generar los ingresos a través de una mejor recaudación fiscal y a través de la contención del gasto. Pasada la coyuntura de la pandemia, a juicio del economista debería promoverse el ahorro para fortalecer las reservas del país, creando así un colchón que pueda ser utilizado cuando sea necesario.
