El Gobierno rediseñará por completo el esquema de financiamiento de viviendas. El núcleo de este cambio está basado en una transformación del interés preferencial.
Todavía no hay nada concreto pues son escenarios. En una reunión, el viernes 13 de diciembre, entre promotores, constructores y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se empezó a tejer la hoja de ruta y el análisis económico del nuevo sistema de financiamiento.
Como punto de inicio se recomendó que el subsidio se ejecute con base en la realidad presupuestaria y financiera del Estado, para atender la deuda generada con la banca tras otorgar un descuento en la tasa de interés de las hipotecas, el cual debe ser asumido finalmente por el Estado.
A su vez, se analizó la viabilidad de que los proyectos hasta $70 mil, que eran subsidiados a través del Fondo Solidario de Vivienda (que venció el 30 de junio) queden bajo el nuevo paraguas de ayuda financiera que se aprobaría con una reforma a la ley de interés preferencial y se agregue un incentivo adicional para este segmento.
A diferencia de la actual ley de interés preferencial, se plantea que el subsidio aplique para viviendas de hasta $100 mil en vez de $120,000 como se otorga hasta el momento, según planteó uno de los escenarios presentados por el Gobierno.
Sin embargo, los promotores y constructores manifestaron en la mesa, que prefieren mantener el tramo actual con subsidios hasta los $120 mil.
De acuerdo con lo conversado, se podrían crear nuevos topes de subsidio, que variarían de acuerdo con el precio de la vivienda.
Durante un tiempo limitado, se aplicaría el 100% del subsidio a la tasa de interés para las viviendas con un precio de venta hasta $50 mil; 85% de subsidio para las que están por encima de los $50 mil y hasta los $70 mil, según uno de los escenarios presentados.
Parte de la propuesta es que se aplique 70% de cobertura de subsidio sobre la tasa hipotecaria del mercado para las viviendas por encima de los $70 mil y hasta los $100 mil.
Además, según el análisis económico del MEF, si se limita la cantidad de viviendas que se cubrirían con el subsidio, y se reduce el tiempo del beneficio para algunos tramos, se generaría un ahorro financiero de entre 30% y 40%.
El ministro del Miviot, Jaime Jované, explicó que la aplicación del subsidio estará claramente establecido y restringido a los recursos disponibles en el presupuesto fiscal de cada período. Esto implica que los apoyos estarán sujetos a un control riguroso que evite exceder las capacidades económicas del sistema.
“Se va a ofrecer al mercado este nuevo producto y se va a tratar de hacer un esfuerzo para que el sistema sea sostenible. Para hacerlo sostenible vamos a iniciar con beneficios definidos, finitos, hasta donde alcance la partida presupuestaria asignada para cada periodo fiscal. La intención es encontrar la forma de que sea sostenible, de ver los posibles ingresos que pueden alimentar el fondo que va a garantizarle al sistema bancario el repago inmediato de la deuda que produce el subsidio de interés preferencial”, dijo Jované en entrevista con La Prensa.
El ministro dijo que se inclinan también por liberar la tasa de interés hipotecaria, como plantea la Asociación Bancaria de Panamá, porque tal y como está el sistema actualmente no es atractiva para los bancos y tampoco da opciones a los usuarios.
“Si no es atractivo para los bancos el negocio de viviendas de interés preferencial es por gusto lo que hagamos. Liberar la tasa de referencia es una propuesta que está bien reconocida, y los llevaría a competir libremente”, agregó el ministro.
Además, precisó que la idea de reducir los años de cobertura del subsidio ayudará a que no se genere una mayor presión fiscal de este compromiso al Estado.
Sobre la deuda, el ministro dijo que efectivamente cada año se suma el compromiso que el Estado tiene con los bancos por las tasas de interés preferenciales vigentes y los nuevos créditos que se dan bajo este esquema. Ese monto asciende cada año a $300 millones.
Confirmó que la deuda que se generó por el Bono Solidario, que estuvo vigente hasta el 30 de junio, se pagará, siempre y cuando los proyectos hayan sido inspeccionados y certificados por el Miviot.
“Al día de ayer [jueves 12 de diciembre] ya el Ministerio ha tramitado $36 millones en bonos solidarios que estaban pendientes de pago y seguiremos así hasta cerrar 100% de las deudas encontradas”, sostuvo.
Indicó que, efectivamente, había una deuda de $140 millones que podría aumentar a $40 millones o $60 millones adicionales al agregar los proyectos que estaban terminados al 30 de junio y que se están inspeccionando y realizando el inventario.
En la reunión se acordó que los constructores y promotores analizarán estos escenarios y presentarán sus observaciones.
El interés preferencial que está vigente hasta este momento fija unas tasas de descuento que van desde el 4% a 10 años para viviendas de entre $40 mil y $80 mil, de 4% por 8 años para viviendas de más de $80 mil y hasta $120 mil. El tramo de más de $120 mil a $180 mil venció y ya no se cubren las nuevas hipotecas de estos rangos de precios con el subsidio.
