Mientras crece el rechazo al nuevo contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, y al mismo tiempo se apilan demandas en la Corte Suprema de Justicia y denuncias en el Ministerio Público contra funcionarios por su participación en la negociación de dicho contrato, el martes 12 de septiembre el Gabinete dio señales de que podrían recular.
El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, impulsor desde el Gabinete del nuevo contrato minero, dijo que el Gobierno “está dispuesto a escuchar, aclarar dudas y mejorar”, esto tras semanas de discusión en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que incluso se desarrolló la semana pasada a los distritos de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada para sesionar allá.
Sin adelantar si el Ejecutivo retiraría el proyecto de la Asamblea, Alfaro dijo que han contemplado “todas las opciones” pero que están esperando que la Comisión cumpla con la fase de visita a la mina, que estimó se daría a inicios de la próxima semana.
Luego, “esperaremos la retroalimentación de la comisión y después evaluaremos” declaró en medio del lanzamiento de un programa de inclusión financiera para micros, pequeñas y medianas empresas, en conjunto con la Ampyme.
“Estamos en la capacidad de poder escuchar esas posibles recomendaciones de la Comisión de Comercio (de la Asamblea) para poder evaluarlas en caso de que se requieran hacer ajustes al contrato que vayan a resolver esas inquietudes”, expresó Alfaro.
A renglón seguido, el ministro fue menos flexible sobre la discusión de la viabilidad de la minería a cielo abierto en el país, actividad que también acumula iniciativas de moratoria y prohibición total en la Asamblea. Sobre esto dijo: “aquí no estamos hablando de sí o no a la minería” mientras calificó el contrato como “dramáticamente mejor” al de 1997, mismo que fue declarado inconstitucional en 2017.
Para el analista y miembro del Movimiento Democrático Popular, José Eugenio Stoute, “al ser derrotada intelectualmente la propuesta del contrato-ley, y rechazada por la masiva movilización ciudadana, el Gobierno da marcha atrás para intentar rebajar el enfado ciudadano, eliminar cuestiones secundarias y volver a la carga”.
Por otro lado, Stoute considera que los intereses ocultos tras el derecho que tiene la empresa de declarar materia reservada a los propietarios del 10% de las acciones, “le dificultan al Gobierno ver con claridad la catástrofe a la que están empujando al país”.
A Raisa Banfield, del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, le llama la atención que cuando el Gobierno ha insistido tanto en las opiniones “no vinculantes que ha vertido la ciudadanía” ahora sienta la presión de hacer modificaciones para ajustarlo.
“Volvemos a perdernos del tema de fondo, el contrato está donde está porque fue declarado inconstitucional, no por una rebelión ciudadana. El contrato está donde está porque se dilataron todo el tiempo en hacer lo que la ley mandata, que es contratar una licitación pública, algo que se está ignorando olímpicamente. Además, le permite a la empresa a través de afiliadas extender la explotación minera a nuevos minerales, de acuerdo a la cláusula 3, así que sí está en discusión la minería metálica a cielo abierto como una actividad económica en el país porque este contrato lo permite”, acotó la ex vicealcaldesa.
