Poco duró la ilusión del superávit que registraron los ingresos corrientes en noviembre pasado. El 16 de noviembre de 2023, Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, realizó un pago de regalías e impuestos de $567 millones, tal como se había acordado en el contrato firmado con el Estado panameño y que 12 días después del desembolso fue declarado inconstitucional por los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque los fondos se depositaron en una cuenta del Banco Nacional de Panamá hasta que se decidiera la suerte del mencionado contrato, se incluyeron en el balance final de los ingresos del Estado. Ahora, ya se conoce el saldo preliminar de los ingresos corrientes al 31 de diciembre, donde se observa que el año cerró con un déficit de 252.4 millones de dólares, al no lograrse la meta establecida en el presupuesto general de 2023.
Al final, los ingresos corrientes cerraron en 10,464 millones de dólares, lo que significó un aumento de 1,363.2 millones de dólares comparado con 2022, de los cuales, el 60% correspondieron a ingresos tributarios.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, indicó que el hecho de que los ingresos del Estado no llegaron a las expectativas del Gobierno, “son el reflejo de una economía que se desacelera y que a raíz del cierre de calles provocado por grupos radicales, hizo mella en la actividad de consumo y otros rubros generadores de tributos”.
“No llegar a la meta de ingresos representa aumentar el déficit fiscal y los riesgos de este con relación a los compromisos fiscales adquiridos”, indicó.
Por su parte, el economista Carlos Araúz, dijo que a pesar de no superar la cifra proyectada, el año pasado se logró un récord histórico en la recaudación al superar la barrera de los 10 mil millones de dólares, pero advierte que la cifra no es un motivo de celebración, ya que para “lograr finanzas públicas sólidas y aplacar los temores que el mundo inversionista tiene con respecto a Panamá y su grado de inversión, la actual administración tenía que poner en práctica una política sensata de contención del gasto para enfrentar los complejos momentos que se vienen ante la segura disminución de los aportes al tesoro procedentes del Canal de Panamá y la inminente acción para lidiar con el uso de reservas del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social”.
“Tristemente, el aplauso tiene que ser tímido, porque dos eventos impactaron los ingresos corrientes que no serán recurrentes: la venta de tierras a la Autoridad del Canal de Panamá y el pago realizado por la empresa Minera Panamá, en el mes de noviembre. Estas acciones representaron cerca de mil millones de dólares en ingresos. Si consideramos que el Estado le debe unos $970 millones de dólares al único ahorro que tenemos los panameños (Fondo de Ahorro de Panamá), y que unos $1,700 millones de dólares se adeudan a proveedores locales e internacionales pues no hay muchas razones para celebrar porque lamentablemente el papel lo aguanta todo mientras la realidad es mucho más compleja.”, explicó Araúz.
De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Ingresos (DGI), los ingresos tributarios acumulados a diciembre de 2023, fueron de 6,227 millones de dólares, reflejando un déficit de 125.1 millones de dólares, en comparación al presupuesto. Por su parte, los impuestos directos muestran un superávit de 18.6% respecto a lo presupuestado, mostrando un aumento de 658.9 millones de dólares.
Entre los ingresos directos está el pago del impuesto sobre la renta, de inmueble, aviso de operación de empresas y seguro educativo, mientras que los ingresos indirectos son el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms), consumo de combustible, impuestos de importación y exportación, y el impuesto selectivo al consumo, entre otros.
A inicio de enero, el viceministro de Economía, Carlos González, indicó que el país cumplirá con el 3% del déficit estipulado para el año 2023, como lo establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. “Es lo que estamos garantizándole a las calificadoras de riesgo, que sí vamos a tener situaciones favorables que nos van a permitir entonces cerrar con ese 3%. Para este 2024, el déficit estimado en el presupuesto es de 2% como máximo”, sostuvo el viceministro de Economía.
Sobre el déficit fiscal, el economista Ernesto Bazán, comenta que desde hace 15 años se viene incumpliendo el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que originalmente se había fijado en 1% del producto interno bruto (PIB), pero que las últimas administraciones modificaron. Así, de un límite de 10.5% en 2020, se ha bajado paulatinamente a un 7.5% en 2021, un 4% en 2022, un 3% en 2023, un 2% en 2024 y un 1.5% a partir de 2025 en adelante.
“El problema del déficit fiscal, es que el país se ve obligado a pedir más deuda, y eso significa que tendrá que dedicar más fondos para cubrir el pago a los acreedores, dejando menos dinero para inversiones y gastos sociales como salud, seguridad, entre otros”, comentó Bazán.
Luego que la Asamblea Nacional aprobara el presupuesto modificado para 2024 por un monto total de 30,690 millones de dólares, el Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que los ingresos corrientes se habían presupuestado en $11,850 millones para 2024.
El director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia, ha señalado que el año pasado se redujo la evasión fiscal entre un 7% y 8% con la adquisición de herramientas tecnológicas y la cooperación internacional. Con la implementación de la factura electrónica, indica el funcionario, se han reducido los casos de incumplimiento y posible evasión fiscal, ya que antes se registraba un 65% de cumplimiento de las obligaciones tributarias y ahora aumentó a un 92% con la facturación electrónica.
Para este 2024, se tiene la meta de recaudar 7 mil millones de dólares en ingresos tributarios y “la clave está en garantizar el cumplimiento voluntario de los clientes, a través del uso de la factura electrónica, como único método de facturación”, comentó el director de la DGI.
