En ascuas. Así está el país ante la expectativa del anuncio que hizo el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el pasado 20 de noviembre cuando comunicó que el presupuesto que preparó la entidad para el 2024 y que asciende a $32,754 millones sufriría una “significativa reducción”.
Esto después de que el proyecto de Ley número 1041 que dictaba el presupuesto general del Estado para 2024 llegara a la Asamblea en agosto y que, incluso, algunas entidades lo sustentaran en la Comisión de Presupuesto que dirige el diputado perredista Benicio Robinson, también presidente del colectivo político oficialista.
La discusión se suspendió cuando trascendió que la Comisión que preside Robinson envió una resolución al Ejecutivo en la que pedía reajustar los montos a 30 instituciones de las 95 del gobierno central, lo que implicaba un aumento de $780.2 millones para esas 30 instituciones, de los cuales $66.4 millones serían para funcionamiento y $713.8 millones para inversión, según detalla la Resolución número 45 del 4 de octubre de 2023, expedida por la Comisión de Presupuesto y a la que tuvo acceso este diario.
Esto implicaba que, de acceder a la petición de reajuste de los diputados, el MEF debía reenfocar todo el presupuesto.
Ahora, tras el anuncio de la reducción global “significativa” hecho por Alexander, los montos que cada institución recibirá tanto para funcionamiento como operación se conocerán solo cuando el Ejecutivo redacte un nuevo proyecto de presupuesto y lo anuncie.
Pero para que la Asamblea pueda discutir el presupuesto, el Ejecutivo debe convocarla primero a sesiones extraordinarias, algo que tampoco ha anunciado hasta ahora.
La incógnita que persiste -a tan solo 32 días para que venza el año fiscal- es cuánto menos será. Se contactó al MEF y dijeron que no tienen cifra ni porcentaje definido. ¿Cuándo llamará el Ejecutivo a sesiones extraordinarias para su discusión? “Eso tienen que preguntárselo a Presidencia” dijeron desde el MEF.
En el comunicado del MEF, firmado por Alexander, dice que “el hecho [de] que hablemos de un presupuesto menor significa que las instituciones públicas, como un todo, tendrían un presupuesto menor que ejecutar y la tarea es cómo se manejará la estructura de ese nuevo presupuesto y en ese escenario es en el que realmente estamos nosotros”.
Por otro lado, el contexto en que se discutirá -o no- el presupuesto general del Estado para el próximo año es inédito por varias razones.
La primera de ellas es el monto del presupuesto originalmente anunciado para el otro año: $32,754 millones, el más alto de toda la historia del país. Representa un incremento de $5,175 millones de un año a otro, y no es cualquier año, es un año electoral, lo que indica que el gobierno saliente podrá gastar hasta la mitad de lo que apruebe.
El otro contexto es que tras las críticas de clientelismo de parte de varios sectores tanto opositores, de la sociedad civil, organizaciones civiles y populares, el MEF anunció la reducción del monto, pero no dio señales de la cantidad, lo que añade una dosis de incertidumbre en el ya convulsionado panorama que impera en el país.
Además, del presupuesto de 2024 se tendrán que descontar los ingresos mineros que el gobierno había proyectado para el próximo año, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión firmado entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.
En este tema tampoco queda claro qué ocurrirá con los $567 millones que pagó Minera Panamá en días pasados y que fueron apartados en una cuenta por instrucciones de Cortizo en espera del fallo de la Corte, monto que tampoco hubiese ido a fortalecer el presupuesto general de 2023, sino a un fideicomiso especial llamado “Conquista del Atlántico”, que tampoco se ha estructurado.
Otra arista que abona al complicado panorama es el aumento del servicio o pago de la deuda, que representa un peso cada vez mayor en el presupuesto estatal. Para el próximo año se previó un monto de $5,958 millones.
Escenarios
Ante la solicitud hecha por la Asamblea de reajustar el presupuesto en casi $800 millones para beneficiar a 30 entidades, los posibles escenarios que se barajan incluyen la posibilidad de que el nuevo presupuesto sea rechazado por parte de los diputados, o bien que el Gobierno no convoque a sesiones extraordinarias, o una tercera posibilidad de que las convoque pero los diputados no lleguen a discutirlo antes del 31 de diciembre, último día del año fiscal corriente.
Los tiempos son importantes en la estrategia de aprobar el presupuesto con miras en un año preelectoral y en medio de una crisis política que acumula más de un mes en ebullición.
¿Qué dice la ley? La Constitución establece en su artículo 271 que la Asamblea puede eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, con excepción de lo destinado al servicio de la deuda y compromisos y obras ya contratadas previamente.
Por otro lado, la ley prohíbe a la Asamblea aumentar los desembolsos sin la aprobación del Ejecutivo ni aumentar el cálculo de los ingresos sin la aprobación de la Contraloría General, por eso envió la citada resolución al Ejecutivo para que sea éste quien haga los ajustes.
El presupuesto de $32,754 millones se sustentó en una proyección de crecimiento bastante optimista de 7.5% del PIB el próximo año, aunque en el interín se ha ido revisando hasta en alrededor del 5%, lo que debería influir también en el nuevo cálculo del presupuesto.
En el caso de que el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias en los próximos días para discutir la ley de presupuesto, la Asamblea tendrá hasta el 31 de diciembre de acuerdo al artículo 273 de la Constitución para aprobarlo o rechazarlo.
Si lo rechaza, entonces entra en vigencia el presupuesto del año anterior, es decir, el de 2023 con las nuevas asignaciones para el servicio de la deuda que tenga el proyecto de presupuesto rechazado. Esto da gabela a que durante el año se pueda aprobar un nuevo presupuesto mientras corre el mismo del año anterior.
Lo anterior tiene un precedente. Ocurrió durante la administración de la ex presidenta Mireya Moscoso, cuando al perder la mayoría en la Asamblea, ésta rechazó el presupuesto y entró en vigencia el del año 2000 para ser aplicado al año 2001, recordó el viceministro de esa cartera durante su administración, Eduardo Quirós.
En cambio, si el proyecto llega a la Asamblea y este no lo somete a votación a más tardar el 1 de enero de 2024, entrará en vigencia automáticamente este último proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo, quien lo adoptaría por resolución de Gabinete de acuerdo al artículo 272 de la Carta Magna.
Una especie de silencio administrativo abriría la puerta al Ejecutivo para aprobar un presupuesto si mueve las fichas para que el mismo no sea votado en la Asamblea a más tardar el 1 de enero de 2024.
Por el contrario, la no votación de un presupuesto, sería algo inédito según Quirós, para quien el monto del presupuesto es de por sí escandaloso. Si se llega a imponer por“silencio administrativo “la situación se agrava. También advirtió que al ser un año electoral, el gobierno saliente solo puede utilizar el 50% del presupuesto que se apruebe, lo que incrementaría la tentación de inflarlo para que luego la nueva administración lo ajuste al entrar en los seis últimos meses del año. “Evidentemente no van a poder cumplir con el déficit fiscal... no tomaron ninguna medida”.
“El gobierno tiene el sartén por el mango”, concluyó.
