El secretario de Energía, Juan Urriola, reveló que el Gobierno prepara una demanda de nulidad contra lo actuado, a raíz de la cesión del contrato entre Sinolam Smarter Energy y la empresa Alternegy (del grupo Enfragen), un acuerdo que ha generado un significativo aumento en los costos de electricidad y un alza en la tarifa futura para más de 500 mil clientes de la distribuidora Elektra Noreste S.A. (ENSA).
Urriola dijo a La Prensa que antes de presentar la demanda, se esperará un periodo que no debe sobrepasar el próximo 15 de octubre para que Alternegy y ENSA lleguen a un acuerdo, en el que a través de una adenda o una nueva resolución, se definan nuevas condiciones del contrato entre la generadora y la distribuidora.
Originalmente, la compañía de capital chino Martano (Sinolam Smarter Energy LNG Power) tenía un contrato para el suministro de energía y potencia firme con ENSA.
Pero como Martano no construyó su planta de generación, terminó cediendo el contrato que tenía con ENSA a la empresa Alternegy, de capital estadounidense.
Bajo la tutela de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), a dicho contrato se le hicieron enmiendas que implicaban dos cosas: un alto costo de la potencia y una reducción en la cantidad de energía que se debía entregar, lo que obligaba a ENSA a suplir la diferencia vía licitaciones adicionales o en el mercado ocasional (spot), donde el costo de la energía era más alto.
De acuerdo con Urriola, esto no se había experimentado previamente. Cuando se cede un contrato de energía, suele hacerse bajo los mismos parámetros, expresó.
Pero mediante la resolución N°18996-Elec de 5 de febrero de 2024, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), al mando de Armando Fuentes, instruyó a ENSA para que suscribiera la enmienda al Contrato DME 005-15, con condiciones modificadas.
En octubre de 2023, Fuentes habría solicitado la opinión de la Secretaría Nacional de Energía respecto a la posibilidad de un cambio en las condiciones contractuales.
Jorge Rivera Staff, entonces secretario de Energía, consideró positivo un posible cambio desde el punto de vista de políticas energéticas sostenibles, considerando que el contrato de Martano implicaba generación a través de una planta termoeléctrica de gas natural, mientras que Alternegy operaría plantas hidroeléctricas.
Sin embargo, con respecto a precios, volúmenes de energía, capacidad y demás consideraciones, la Secretaría de Energía dijo en aquel momento que cualquier cambio o ajuste debía cumplir con los criterios legales y regulatorios, siempre y cuando no se incidiera negativamente en la seguridad de suministro, confiabilidad ni la asequibilidad en términos de costos o precios de la energía.
De acuerdo con Urriola, las condiciones del contrato entre Alternegy y ENSA han ocasionado, desde el mes de abril, costos adicionales por $33.9 millones.
”Le hemos reclamado esa transacción (la cesión del contrato) porque tanto ellos como sus abogados debían saber que no era correcta. Nos encontramos con una operación mal hecha tanto ética como legalmente”, agregó Urriola.
En su declaración, dejó claro que esta cesión contractual afecta no solo el precio de la electricidad, sino también la armonía en el mercado energético. Fuentes, desde la ASEP, redujo significativamente el volumen de energía entregada bajo el contrato entre ENSA y Alternegy.
El suministro anual pasó de un estimado de 750,557 megavatios hora (MWh) a solo 60,000 MWh.
Como resultado, ENSA deberá pagar $46 millones anuales a Alternegy por 126 megavatios (MW) de potencia y la energía suministrada.
Sin embargo, la empresa distribuidora se verá obligada a comprar en el mercado la energía faltante, lo que podría incrementar aún más los costos para los consumidores.
