El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional por el Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), ha generado una serie de análisis en los que se advierte el peligro financiero para la Caja de Seguro Social (CSS) y la economía del país si se aprueban las reformas al sistema de pensiones propuestas por esa agrupación.
El pasado 13 de abril, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) envió una nota al diputado Daniel Ramos Tuñón, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, para manifestar su desacuerdo con el contenido del proyecto de ley 748, al no contar con análisis técnicos y económicos que sustenten la propuesta presentada ni los impactos que la misma pudiera tener.
La intención de hacer reformas a la CSS, sin haber pasado por un consenso nacional ,no son nuevas. Silenciosamente, el Conato ha escalado algunos peldaños a lo interno de la Asamblea Nacional, lo que ha avivado las preocupaciones del Conep y de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), que también mostró su inconformidad, a través de una carta el pasado 18 de abril.
El proyecto 748, que fue presentado el 18 de octubre de 2021 ante la Asamblea Nacional, fue admitido un año después, el 18 de enero de 2022, y en estos momentos se encuentra pendiente de primer debate.
Los especialistas del Conep han hecho un análisis comparativo de la norma vigente y del proyecto de ley 748, resaltando que se elimina todo rastro relativo al subsistema mixto de pensiones, que consta de dos componentes (uno de beneficio definido y uno de ahorro personal), creado mediante la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005.
El sistema de beneficio definido está basado en que la generación nueva paga las pensiones de la anterior, pero los cambios demográficos han hecho insostenible este esquema. Cada año hay una población de pensionados que vive mucho más tiempo, soportada por una nueva generación que no crece al mismo ritmo.
Con esto, según el proyecto de ley, sobreviviría el subsistema exclusivamente de beneficio definido, ya quebrado y sin reservas suficientes para hacerle frente a las pensiones de los actuales jubilados que forman parte de este programa.
La lógica detrás del proyecto de ley 748 es que los fondos con el componente de ahorro personal, que son la garantía de las futuras generaciones, sean utilizados para pagarle a los actuales jubilados.
Esto implica que cuando los trabajadores todavía activos lleguen a la edad de retiro, no habrá dinero para sus jubilaciones.
Conforme está en la propuesta del Conato, el actual déficit del subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se tapa por un par de años, dando una aparente tranquilidad al sistema, pero con el paso del tiempo ese mismo déficit llega en forma de tsunami para arrasar con toda su fuerza al sistema público de pensiones.
Ya lo había advertido la Junta Técnica Actuarial de la CSS que, a solicitud de la junta directiva de la CSS, hizo un análisis sobre el potencial impacto de una consolidación de los dos subsistemas: el exclusivo de beneficio definido y el mixto.
En las corridas se entendió por consolidación la incorporación en un solo sistema de todos los cotizantes existentes y futuros, con los mismos parámetros de pensión que tiene el actual subsistema exclusivamente de beneficio definido, con la consecuente incorporación de los fondos legales.
Dicho estudio determinó que el IVM llegaría a un desequilibrio mayor al existente, ya que cuadruplica el déficit máximo por año de aproximadamente $3,000 millones a un déficit máximo por año de entre $12,000 millones y $13,000 millones al 2077.
El agujero financiero que se crea con la supervivencia únicamente del subsistema de beneficio definido
“Por lo anterior, esta Junta Técnica Actuarial no recomienda un escenario de consolidación de sistemas por el inminente riesgo económico y financiero que consigo traería”, indicaron los expertos a la junta directiva de la CSS, hace dos años.
Las reservas tendrían balance positivo solo hasta 2036 y se agotan los fondos legales en 2041, dijeron los actuarios cuando evaluaron el impacto de lo que justamente ahora propone el Conato a la Asamblea Nacional.
$2,032 millones
Costos y gastos del subsistema de beneficio definido al cierre de 2021.
$1,314 millones
ingresos corrientes del año 2021, con lo cual no se puede cubrir el pago de los jubilados.
“En particular, nos preocupa el contenido del artículo 45 del proyecto, que modifica el artículo 150 de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005″, dijo Temístocles Rosas, presidente de la Apede, en una nota enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames.
Rosas se refiere al artículo que busca regresar el sistema de pensiones a un solo régimen universal de reparto, sin que los proponentes de los cambios aporten documentos que justifiquen la sostenibilidad financiera de tan drástico cambio.
Advirtió que durante las discusiones de las reformas que plantea el Conato, el sindicato ha obviado hablar del análisis hecho por los actuarios de la CSS, cuando esto es crucial, por lo que han enviado dicho informe a consideración de la Asamblea, para que se incluya en los debates.
La posición de la Apede es que si se fusionan los dos programas de pensiones se estaría confiscando y expropiando los ahorros de más de 700 mil jóvenes inscritos en el programa de pensiones mixto, “con el agravante de que tampoco habrá fondos disponibles para que puedan disfrutar de su pensión cuando les corresponda”.
La nota del Conep, firmada por su presidente Rubén Castillo, también hizo mención de este tema, reiterando que las cuentas de ahorro personal del subsistema mixto son de propiedad de cada asegurado y que con la consolidación de los subsistemas de pensiones se pretende su expropiación, lo cual es abiertamente inconstitucional, de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, con el que se garantiza la propiedad privada.
“Debemos recordar que al unir los dos sistemas se generan déficits equivalentes a varias veces el PIB de Panamá. Con esta propuesta de consolidación, la escala de déficits crea un daño irreparable a la economía y a las generaciones futuras que tendrán que cargar con esta mala decisión. Este proyecto de ley pone en riesgo la economía del país”, aseguró Castillo.
