El sector empresarial del país manifestó su respaldo al anteproyecto de ley 167, que tiene como objetivo modificar el Código Penal para endurecer las sanciones contra el contrabando y el comercio ilícito.
En un comunicado, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (Amcham) y la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) anunciaron que avalan la iniciativa.
Dicho proyecto de ley fue presentado por el diputado panameñista Luis Ernesto Carles, documento que establece pena de prisión de cinco a ocho años para quien introduzca o extraiga del territorio aduanero mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, eludiendo la intervención de la autoridad aduanera, aunque no cause perjuicio fiscal, o quien evada el pago de los derechos, impuestos, tasas o cualquier otro gravamen que corresponda. En la actualidad, el Código establece penas de 4 a 6 años de prisión.
La propuesta de ley también dispone que esta sanción será aplicada siempre y cuando la cuantía del contrabando sea igual o superior a $20 mil –en la actualidad el monto es de $500 mil –, tomando en cuenta el monto más alto entre el valor aduanero de las mercancías o de todos los impuestos y las demás contribuciones emergentes que pudieran causarse en una importación legal a consumo definitivo, destaca el comunicado.
Como una forma de impulsar el proyecto y tratar de que avance dentro del legislativo, los gremios enviaron notas al presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, en las que manifiestan su respaldo, de manera particular, a la propuesta de reducir el monto necesario para que la conducta de contrabando sea considerada delito, y sostienen que esta iniciativa no solo resultaría en una adecuación a la realidad económica actual, “sino que también facilitará la identificación y persecución de aquellos que intentan eludir las leyes aduaneras”.
Los empresarios y los representantes de los molineros de arroz destacan que “la reducción del umbral económico para considerar el contrabando como delito no solo garantiza un marco legal más efectivo, sino que, además, envía un mensaje claro a quienes buscan aprovecharse de la posición estratégica del país”. Además, señalan, al establecer límites más realistas, se fortalece la capacidad de las autoridades para actuar de manera proactiva y mantener la integridad de nuestras fronteras comerciales.
Otras sanciones
La propuesta legislativa también establece duras sanciones de prisión, que van de 5 a 8 años, para quienes posean o introduzcan productos de tabaco a Panamá sin abonar los impuestos correspondientes, o incumplan las regulaciones sanitarias y normas de salud vigentes en Panamá.
Además, determina que los productos de tabaco ingresados sin cumplir con las normas aduaneras y sanitarias serán decomisados o destruidos por la Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía Nacional o el Ministerio de Salud, según corresponda.
De acuerdo a informes oficiales, se ha reportado que el contrabando de productos de tabaco alcanza el 92.1% del mercado total en Panamá.
El documento también establece que los funcionarios que, en el ejercicio de sus funciones, faciliten la comisión de delitos aduaneros y de contrabando serán sancionados con prisión de 6 a 9 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período equivalente.
